La acusación popular vuelve a pedir al juez el embargo de los bienes de Serrano

La acusación popular que ejerce el secretario general de la Facua Rubén Sánchez en la causa abierta al ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano, que está siendo investigado por presunto fraude de subvenciones de 2,4 millones de euros, ha vuelto a solicitar el embargo de los bienes de Serrano y de sus ex socios, Enrique Pelegrín Díaz y Francisco Javier López Ballesteros, para hacer frente a la posibles responsabilidades derivadas del caso, todo ello después de que en mayo pasado los tres investigados prestasen declaración ante el instructor.

El abogado Francisco Tejado Vaca, que representa a Rubén Sánchez, ha pedido al juez el embargo de los bienes al estimar que de las diligencias practicadas y de acuerdo con los informes policiales, existen "indicios potentes, precisos y completos de que presuntamente los investigados han podido desviar el dinero que obtuvieron procedente del préstamo del Tesoro Público".

La acusación insiste en el embargo a pesar de que la Agencia Tributaria ha iniciado un procedimiento administrativo en el que le reclama a Serrano un total de 848.123,61 euros como responsable solidario del perjuicio causado a Hacienda con una actuación que califica de "premeditada" por parte del ex dirigente político.

El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía remitió un informe al juzgado, en el que puso de manifiesto que, una vez transferidos los fondos del Ministerio de Industria, se realizaron "diversas operaciones que aminoran la cantidad de fondos disponibles, de modo que son dispuestos 438.000 euros, quedando disponibles 2.051.000 euros".

La subvención fue íntegramente transferida a una cuenta de la empresa Bio Wood Niebla, de la que un millón fue transferido sucesivamente a la cuentas de Proyectos e Inversiones Serralba -en la que están autorizados Francisco Serrano y su socio Enrique Pelegrín- y de Pellex Energía, mientras que "el resto de los fondos ha sido dispuesto mayoritariamente en fondos de inversión, y objeto de sucesivas operaciones en las tres cuentas, de ingreso y retirada".

La UDEF informó además de varias operaciones que demuestran "cómo los fondos han sido empleados en otras finalidades distintas al proyecto para el que fueron concedidos o bien por personas distintas a las autorizadas", y en este sentido destaca sendos préstamos realizados al periódico "XYZ" -creado por Serrano-, por importe de 7.000 euros, y otros 13.080 euros a "Serrano Abogados".

La acusación insiste en que debe acordarse el embargo judicial, porque esta jurisdicción es la "competente y preferente" a la Agencia Tributaria, además de que apunta de que el expediente de Hacienda "sólo al parecer se le ha incoado a Serrano y posiblemente no al resto de investigados", precisa el abogado Francisco Tejado, que reitera la "necesidad y procedencia" del embargo.

En el mismo escrito, el letrado plantea al juez toda una batería de pruebas, entre ellas la declaración como imputado del notario que intervino en las operaciones relacionadas con la petición de la ayuda al Ministerio, así como que se tome declaración también como investigadas por un delito de alzamiento de bienes a la mujer y a la hija de Serrano, una petición que ya se hizo con anterioridad y a la que se opuso la Fiscalía de Sevilla. En este sentido, la acusación considera que hay "indicios suficientes" para que presten declaración en esta condición, en la que comparecerían además "con mayores garantías".

Sobre esta cuestión, solicitan al juez que requiera a Serrano y a su mujer para que aporten los documentos de la liquidación de la comunidad conyugal y de cualquier régimen económico matrimonial que mantuvieron hasta el 27 de marzo de 2017, así como los de la transmisión de los bienes, en la condición y porcentajes efectuados, y el vehículo Mercedes a la sociedad de la que es partícipe su hija.

Nuevas ayudas con las mismas facturas proforma

Otra de las diligencias que se piden guarda relación con las facturas proforma que se emplearon para solicitar la ayuda, por cuanto un atestado de la UDEF consideraba que con esas mismas facturas "se han podido solicitar otros préstamos, ayudas o subvenciones de otras administraciones", por lo que piden que la Policía efectúe las "necesarias pesquisas, averiguaciones y diligencias tendentes a determinar de forma clara y precisa dichos extremos".

La acusación popular también quiere que Serrano y su ex socio Pelegrín aporten una serie de documentos, como las escrituras de constitución de las entidades o ventas de participaciones de distintas empresas, como Bio Wood Niebla, Proyectos e Inversiones Serralba -antes Serrano abogados de familia-, Pellex Energía y XYZ comunicaciones, reclamando asimismo los libros contables y todos los recibos, facturas, documentos o movimientos bancarias de estas sociedades y sus declaraciones fiscales desde el año 2016.

Con estas diligencias la acusación "pretende comprobar el trasiego de dinero obtenido del préstamo Reindus, con préstamos indebidos, los movimientos a nivel de contabilidad, los pagos de tributos y salarios, los gastos llevados a cabo, etc.", y también se solicita la declaración como testigo de una trabajadora de las empresas de Serrano.