La acusación en los contratos del SAS repite el esquema de los ERE: piden la intervención de la UDEF y la IGAE

La acusación popular que ejerce el PSOE en la investigación abierta por las presuntas irregularidades en los contratos de emergencia del SAS quiere repetir el esquema que se siguió en la macrocausa de los ERE, donde se requirió el auxilio de una unidad policial de élite, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investigó los hechos; y de expertos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que elaboraron los informes periciales que sirvieron de base para corroborar las acusaciones. Ese modelo que funcionó en el caso de los ERE es el que ahora se plantea en la denuncia presentada en el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, donde los parlamentarios del grupo socialista han solicitado al instructor que encomiende la investigación a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupciónde la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial, de un lado, y que se encargue la realización de los informes periciales a los interventores de la IGAE, de otro.

La denuncia justifica el encargo de la investigación policial a la UDEF ante la "trascendencia y relevancia de los hechos denunciados" que, según precisa, "necesitan investigadores especializados en casos de corrupción". Su misión sería la de elaborar un atestado para la "averiguación" de los hechos y la "identificación de los posibles autores de los mismos", si bien en la querella en la que ampliaron la denuncia ya se situó inicialmente el foco sobre los ex directores gerentes del SAS Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, tal y como adelantó este periódico.

En lo que se refiere a la petición para que se nombre a los interventores de la IGAE, estos expertos tendrían la misión de realizar un informe que analice todos los contratos de emergencia cuestionados, al tiempo que deberían realizar un "análisis técnico de la realidad de la causa de emergencia y de la existencia de causa legal en las distintas prórrogas", así como del procedimiento administrativo seguido para su tramitación.

De la misma forma, la IGAE tendría que analizar los precios de la contratación de emergencia y su adecuación a los reglamentos establecidos mediante la Orden de 28 de octubre de 1998 de la Consejería de Salud y sus actualizaciones, además de realizar una comparación de los precios contratados mediante emergencia con los que se hubieran determinado de haberse seguido cualquier procedimiento de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), "a la luz de los precedentes de contratación habidos".

La querella solicita asimismo que se determinen las "fuentes presupuestarias con las que se financiaron más de 242 millones de euros de contratación de emergencia denunciada y su acomodo al ordenamiento presupuestario" y, sobre todo, la "determinación, en su caso, del daño producido al erario público", que inicialmente la querella cifra en más de 24 millones.

Sin fiscalización previa

La denuncia que investiga el juzgado de Instrucción número 13 se refiere al expediente de contratación 110/2021 por un importe inicial de 70 millones que, no obstante fue objeto de diversas prórrogas entre los años 2021 y 2022 hasta alcanzar los 242 millones, cuando "evidentemente el comodín Covid, que en puridad nunca debió amparar estas contrataciones, ya hacía tiempo que había dejado de existir", en concreto desde la instrucción 1/2021 de la dirección general de Contratación de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea que declaró el fin de la contratación de emergencia con motivo de la pandemia.

Pero antes de realizar ese "uso abusivo y fraudulento" de la contratación de emergencia, prosiguen los denunciantes, "se adoptó la decisión normativa de eliminar el control previo del gasto público que, tal como con anterioridad venía siendo lo obligatoriamente establecido, debía haber realizado la Intervención General de la Junta a través de la Intervención Central del SAS: tal supresión de control previo tuvo el efecto -presuntamente buscado de propósito- que permitió a los responsables operar con impunidad".

Esas prórrogas del contrato se realizaron "sin la menor tramitación de procedimiento alguno, en ocasiones sin habilitación administrativa ni presupuestaria, por el mero capricho y voluntad de la Administración contratante, con claro perjuicio al interés general y a las arcas públicas".

La excepción de Málaga

La querella destaca, como un hecho excepcional que vendría a confirmar las irregularidades, que no en todas las provincias el SAS actuó acudiendo a la contratación de emergencia, puesto que a finales de 2021 se contrataron para Málaga 13 millones de euros mediante el procedimiento ordinario de contratación, "mientras que se mantenían, y mucho más allá en el tiempo, los contratos de emergencia".

Los denunciantes concluyen que "no existía la menor razón para no haber usado en el resto de Andalucía el mismo procedimiento que se usó en la provincia de Málaga, lo que de por sí acredita cualquier explicación acomodaticia que ex post se pudiere pretender dar". En este sentido, argumenta que desde que en julio de 2020 comenzaron los contratos de emergencia "hubo tiempo más que suficiente para hacer lo que se hizo en Málaga ya a final del año 2021, es decir, contratar por el procedimiento abierto bajo la Ley de Contratos. En cambio, lo llamativo y escandaloso es que tal actuar administrativo ajustado a norma sólo se produjo una vez y por excepción, ésta de Málaga y por 13 millones de euros". Y en paralelo, "en lugar de usar el proceso debido, el SAS continuó contratando a dedo por importes cien millonarios".

El procedimiento ordinario de Málaga dio lugar a que las empresas del sector "compitieran entre sí por los contratos de asistencia médica complementaria, y que los contratos se adjudicaran mediante criterios de selección previamente definidos, constatándose que la continuidad sine die de la contratación de emergencia no fue sino pura arbitrariedad con grave desprecio a las reglas que rigen los contratos públicos y con significativo quebranto para las arcas públicas".