Abogados y juristas demandarán contra las monterías como Bien de Interés Cultural

Las entidades INTERcids (Operadores Jurídicos por los Animales), Abogacía Andaluza por la Defensa Animal (AADA) y la asociación animalista Libera! estudian interponer medidas en vía administrativa y judicial ante la inscripción de la montería y la rehala como Bien de Interés Cultural (BIC) en Andalucía.

Las entidades recuerdan en un comunicado que habían presentado en 2019 alegaciones en el expediente administrativo sobre “cuestiones relevantes que no se habían tenido en cuenta” tales como la protección de los menores de edad, el bienestar de los animales, el impacto ambiental y la “violencia inherente a la actividad de la caza”.

En dichas alegaciones, las entidades sostenían “mediante evidencias de carácter legal, científico, ético y social que en la caza concurren una serie de elementos cuestionables a la luz de los valores actuales”: el sufrimiento y muerte de los animales, el riesgo de muerte para las personas y la violencia inherente a la actividad, por lo que “no se dan las circunstancias que justifiquen declarar dicha actividad como BIC” andaluz.

La tradición como criterio no es suficiente

INTERcids, AADA y Libera! señalan que las alegaciones no están formuladas ante la actividad cinegética de manera general, sino ante la decisión de una administración pública de elevar a una categoría privilegiada unas actividades cinegéticas concretas. A pesar de que no pueda negarse su arraigo, las entidades alertan de que estos criterios no permiten justificar dicha resolución, especialmente si se tienen en cuenta los beneficios que comporta la inscripción como BIC en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz: ventajas fiscales y la protección especial del Gobierno andaluz que deberá divulgar la montería y la rehala como parte de la cultura andaluza, dedicando recursos de las arcas públicas.

La Junta respondió con un informe sin motivación

Ante tales alegaciones, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta les respondió “con un informe del todo insuficiente desde el punto de vista de forma como de fondo”. La contestación, según las asociaciones jurídicas, “carece de una justificación y motivación suficiente, especialmente teniendo en cuenta que la misma emana de un organismo publico y, consecuentemente, provoca una grave situación de indefensión”.

Además, no atiende a ninguna de las cuestiones de fondo planteadas en las alegaciones, evitando así entrar en materia jurídica. Por el contrario, el informe se basa únicamente en parámetros económicos y sociales que “no constan probados en ninguna fuente pública oficial”.

Las entidades alertan de que la montería y la rehala “implican una serie de impactos negativos" tales como las restricciones en el uso del espacio en el medio rural, la participación de menores de edad en una actividad “intrínsecamente violenta en la que se usan armas de fuego”, los frecuentes accidentes, el impacto sobre la biodiversidad y el sufrimiento tanto de los perros usados para cazar como de los animales presa.