Zoido no declarará finalmente en el juicio por las mordidas de Fitonovo

El ex ministro del Interior y ex alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido no declarará finalmente en el juicio de la pieza principal de la denominada operación Madeja, en la que se enjuician las presuntas mordidas y regalos efectuados por la empresa sevillana Fitonovo a cambio de la adjudicación de contratos públicos. El abogado Miguel Salas, que representa a uno de los dueños, Rafael González Palomo, ha renunciado finalmente a la declaración del ex ministro tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, con la consiguiente rebaja de las penas para los principales acusados.

La defensa también ha renunciado a que testifique el que fuera inspector jefe de la unidad adscrita de la Policía Nacional que inició las investigaciones del caso Mercasevilla -que derivó en el caso de los ERE- hasta que fue sustituido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. No obstante, sí que ha mantenido el testimonio del ex director de la Dirección General de Tráfico (DGT) Gregorio Serrano.

En la segunda sesión del juicio en la Sección Primera de la Audiencia Nacional, los dueños de Fitonovo han ratificado el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que ha incluido un delito de fraude a la Administración Pública.

La semana pasada, los propietarios de Fitonovo, Rafael González Palomo, y su hijo, José Antonio González Baró, alcanzaron un pacto con la Fiscalía para reducir considerablemente las peticiones de condena, desde los nueve años y medio de cárcel a los que se enfrentaban inicialmente hasta los 28 y 30 meses de prisión, unas penas para las que el Ministerio Público ya ha solicitado su suspensión dado que consideradas individualmente por cada delito ninguna supera los dos años de cárcel. Además, doce los 36 acusados han sido absueltos y han abandonado la Sala una vez que se les han retirado todos los cargos en su contra.

En esta causa hay 36 personas procesadas -aunque 12 fueron absueltos el primer día de juicio al retirárseles los cargos- y a los dueños se les imputa haber creado una "organización criminal" desde su empresa para el pago de las mordidas y regalos a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

En virtud del acuerdo, el fiscal pidió finalmente una condena total de 28 meses de cárcel para Rafael González Palomo y de 30 meses para su hijo, José Antonio González Baró, mientras que para el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras Foye, solicitó 30 meses de cárcel, y de 19 meses para el adjunto a la dirección,Ángel Manuel Macedo Gajete, quien según la Fiscalía tenía la "máxima responsabilidad y control detallado de la Caja B en la que se adeudaban las supuestas comisiones ilegales y era una pieza fundamental en el funcionamiento de este artificio contable para la generación de dinero negro de la empresa".

En su intervención en la Sección Primera de la Audiencia Nacional, el fiscal dio cuenta de la conformidad alcanzada y que se ha debido a la apreciación por parte del Ministerio Público de hasta tres circunstancias atenuantes en la conducta de los acusados: las dilaciones indebidas del procedimiento -que se inició en el año 2015-, la confesión de los acusados, y la de reparación del daño. El fiscal ha dicho que en este caso existe interés de la Administración de Justicia en que se pueda dictar una sentencia "sin necesidad de llegar a un juicio largo, complejo y susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo".

En cuanto a las penas, en la nueva calificación de conformidad se acuerda una condena de cuatro meses de prisión por un delito de "grupo criminal" para los acusados José Antonio González Baró, Ángel Manuel Macedo y Juan Andrés Brugueras Foye.

Por el delito de falsedad en documento mercantil solicitó diez meses de cárcel para Rafael González, José Antonio González y Juan Brugueras Foye, y 15 meses de cárcel para Ángel Manuel Macedo, así como una multa de tres meses a una cuota diaria de diez euros.

El pacto incluye además condenas por tres delitos de cohecho: un año y medio de prisión para Rafael González, José Antonio González y Juan Brugueras, por un primer delito; una multa del tanto del valor de la dádiva y suspensión empleo o cargo público por otros dos años, por el segundo; y una multa de cuatro meses para los tres acusados por el tercer delito de cohecho.

Retira el blanqueo de capitales porque "ennegrecieron el dinero"

El fiscal de la Audiencia Nacional también anunció la retirada del delito de blanqueo de capitales -por el que solicitaba inicialmente otros cuatro años de prisión y multa de dos millones de euros- que imputaba a los dueños de Fitonovo porque entiende que lo que se hizo en este caso por parte de los responsables de la empresa sevillana es "justificar de un dinero legal la salida de fondos mediante facturación falsa para el pago de comisiones y, por tanto, lejos de ser un blanqueo es justo lo contrario, se ennegreció el dinero".

Así dijo que se creó un asiento en la contabilidad de Fitonovo para poder pagar "lo que no se puede justificar".