Vilaplana reclama a dos Ministerios los 'papeles perdidos' de los ERE

El juez José Ignacio Vilaplana, que investiga la macrocausa de los ERE, ha pedido a los Ministerios de Hacienda y Trabajo y Seguridad Social, la documentación relativa al conflicto que afectó a la empresa Pickman La Cartuja, después de que la Delegación del Gobierno en Andalucía informara al magistrado de que no se había localizado en sus archivos “ningún expediente ni documento administrativo” sobre esta sociedad, que recibió entre los años 2003 y 2010 ayudas por importe de 8,8 millones de euros.

Tras esta respuesta, el juez Vilaplana ha acordado en una providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, requerir la información a ambos ministerios. En concreto, el magistrado ha pedido a Patrimonio del Estado, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que aporten al juzgado una "copia íntegra del expediente administrativo relativo a la condonación de deudas tributarias a la mercantil Pickman La Cartuja".

De igual forma, se ha requerido a ambos ministerios que aporten una copia íntegra del expediente administrativo de los préstamos participativos concedidos a Pickman La Cartuja. Por último, el juez también ha librado oficio a Patrimonio del Estado para que aporte los "protocolos de colaboración o compromisos firmados tanto por la delegación del Gobierno en Andalucía, Patrimonio del Estado y Rumasa" con el empresario Emilio Portes desde diciembre de 2003 a marzo de 2004, y el "expediente de cesión, autorización de uso de las instalaciones de la fábrica de La Cartuja en Santiponce y la venta de las mismas en su caso".

Vilaplana ha atendido con esta petición de información el requerimiento efectuado por la defensa de un sindicalista investigado en esta pieza de los ERE, después de que otro de los imputados destacara en su declaración el apoyo de ambas Administraciones, estatal y autonómica, al proyecto empresarial de Emilio Portes para la continuidad de Pickman, así como la "interacción y complementariedad del apoyo que ambas administraciones comprometieron con dicho proyecto empresarial".

La defensa ha indicado que en estas ayudas tuvo una intervención "muy especial la Administración del Estado", hasta el punto de que "las condiciones eran incluso más beneficiosas que las previstas por la Junta de Andalucía", así como en lo que se refiere a la "exigencia de la propia Junta de Andalucía de la condonación de las deudas de Pickman con la Seguridad Social y la Administración Tributaria por importe próximo a los ocho millones de euros".

El magistrado ha reclamado esta documentación después de que la secretaria general de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Isabel Mayo, remitiera el pasado 6 de octubre un oficio al juzgado en el que ante la petición de información realizada por el instructor para que se le remitiera la “copia íntegra del expediente administrativo” relativo a esta empresa, se ponía en su conocimiento que en la Delegación no hay ningún rastro de dicha documentación.

Y todo ello, a pesar de que, al menos, el que fuera entonces delegado del Gobierno en Andalucía Juan Ignacio Zoido –actual eurodiputado del PP y ex alcalde de Sevilla– suscribió un acuerdo con los representantes sindicales de CCOO y UGT el 6 de diciembre de 2003 para apoyar la iniciativa del empresario Emilio Portes para salvar la empresa y los puestos de trabajo en Pickman La Cartuja, al tratarse de una sociedad “emblemática para el tejido empresarial andaluz y sevillano” y que en aquellas fechas se encontraba en una “difícil situación económica y social que impide su normal funcionamiento y condicionan y cuestionan su viabilidad futura”.

En ese acuerdo, la delegación del Gobierno se comprometía a “impulsar y arbitrar los mecanismos necesarios para que el nuevo propietario de Pickman utilice las instalaciones actuales y demás activos necesarios para la producción, al objeto de permitir el desarrollo del proyecto industrial que continúe la actividad tradicional de Pickman”, reflejaba el mencionado acuerdo suscrito por Zoido.

Esos compromisos asumidos por la delegación del Gobierno, precisa el documento que se reproduce junto a estas líneas, quedaban sujetos al “cumplimiento de los trámites y procedimientos legalmente exigidos por el ordenamiento jurídico aplicable a los diferente organismos públicos y entidades intervinientes”. Diecisiete años después de ese acuerdo, que suscribieron Zoido, el presidente del comité de empresa y los representantes sindicales de CCOO y UGT-A, no hay ningún rastro del mismo en los archivos de la delegación del Gobierno en Andalucía.

La defensa del sindicalista investigado también pidió al juez que cite a declarar como testigo de Juan Ignacio Zoido, a raíz de que no se hayan localizado archivos de ningún expediente ni documento relativo a Pickman La Cartuja, pero el juez aún no se ha pronunciado sobre esta petición a la espera de recibir la documentación solicitada a los Ministerios de Hacienda y Trabajo y Seguridad Social.