El juez Vilaplana ordena a la Guardia Civil que investigue 84 contratos de la Faffe

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue la contratación de 84 personas en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en el marco de las presuntas irregularidades relacionadas con esta sociedad, cuyo ex director Fernando Villén también está investigado por las "orgías" pagadas con fondos públicos.

En un auto dictado el pasado 13 de enero, al que ha tenido acceso este periódico, el juez Vilaplana ha encomendado a la UCO de la Guardia Civil que investigue la contratación de estas 84 personas, para lo cual ha ordenado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que, "a la mayor brevedad posible", facilite a los agentes de la Guardia Civil la documentación e información relacionada con la contratación de estas personas.

En concreto, el juez ordena al SAE que "informe sobre la identificación de las personas que, de las relacionadas en la lista de 84 sujetos, hubieran sido contratadas por la FAFFE para el desempeño de puestos directivos y de puestos de técnicos de nivel E; con indicación de los períodos de tiempo durante los cuales estuvo cada una de ellas contratada por la FAFFE, con especial indicación de las fechas en que se produjeron las contrataciones y las fechas de inicio de prestación de los servicios, en su caso".

El instructor también solicita al SAE que de estas 84 personas se aporte información sobre el "registro de control horario de los puestos de dirección y de Técnicos de Nivel E de la Faffe durante los ejercicios 2007 a 2011", de las "candidaturas presentadas respecto de los puestos de Técnico de nivel E – Directivo de la Faffe, de las convocatorias de 2006 y 2007", todo ello con la finalidad de "poder determinar el motivo por el que fueron seleccionadas las candidaturas de las personas incluidas en la lista de 84 sujetos, respecto de otras candidaturas existentes en el proceso de selección".

Entre esas 84 personas figuran alcaldes socialistas y familiares de alcaldes o dirigentes del PSOE, como la mujer del secretario general de los socialistas andaluces y candidato a la presidencia de la Junta, Juan Espadas. El ex alcalde de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres también fue contratado en la Faffe y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido cuatro años de cárcel para el ex director de la fundación.

En el auto, el juez también acuerda dar traslado a la UCO del informe del Interventor de la Junta de Andalucía con fecha de entrada 21 de julio de 2021, por si "fuese de interés para la conclusión de la investigación y elaboración de su Informe".

Además, el juez ha decidido ampliar y prorrogar el plazo de la instrucción por otros seis meses más, hasta el 29 de julio de 2022.

Correos electrónicos y comunicaciones

El juez Vilaplana ha acordado igualmente incorporar a esta causa los correos electrónicos y comunicaciones obrantes en un disco duro facilitado por el Servicio Andaluz de Empleo y la "completa investigación" encomendada a la UCO -Grupo de delincuencia económica de la jefatura de Policía judicial de la Guardia Civil-.

Dice el juez que hay además diligencia que "no habrían podido practicarse -ni valorar adecuadamente su procedencia- con anterioridad, teniendo en cuenta la complejidad de la investigación objeto de las presentes actuaciones y la grave carga jurisdiccional que pesa sobre este órgano judicial, de modo que que pese a la decidida voluntad por parte de este juzgado de conseguir la mayor agilidad y eficacia de la instrucción de las denominadas macrocausas (ERE, Formación, Avales, Faffe, etc.), su elevado número como su complejidad sustantiva y procesal, necesariamente han de comportar ciertas limitaciones en orden a conseguir aquél objetivo".

Y todo ello, añade. el juez, en un "contexto particularmente complejo a partir de marzo de 2020 por las consecuencias de la pandemia de Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. En íntima conexión con lo anterior, hay que tener en cuenta que en el presente procedimiento se investiga la actuación de personas jurídico públicas y privadas, con un número no irrelevante de implicados y con una mecánica delictual muy compleja que exige el análisis importantes informes periciales y policiales, y de un volumen de documentación no menor, precisamente; a ello debe añadirse la contingencia procesal de diversas inclusiones/exclusiones y sobreseimientos parciales de posibles investigados, la posible impugnación de decisiones jurisdiccionales a resultas de las cuales habría de resultar perfectamente plausible la necesidad de practicar nuevas diligencias para determinar con exactitud la mecánica delictiva investigada y los presuntos responsables que habrían de reunir la condición de investigados en relación a la misma", añade.