Vilaplana impone una fianza de 4,3 millones a Mercasevilla por el ERE de 2003
el caso de los ERE
Considera que la lonja es responsable civil subsidiario" por los hechos delictivos que se imputan a Fernando Mellet y Daniel Ponce.
El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha abierto juicio oral por la pieza en la que se investigan las ayudas de 4.125.000 euros concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta a Mercasevilla para el ERE de 2003, en la que están procesados entre otros los ex directivos de la lonja Fernando Mellet y Daniel Ponce y el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, en un auto en el que además ha impuesto a Mercasevilla una fianza de 4,3 millones de euros tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.
En el auto dictado con fecha 8 de octubre, al que ha tenido acceso este periódico, el juez argumenta que "no es posible admitir en su totalidad la pretensión acusatoria y de condena ejercitada por Mercasevilla como acusación particular, esto es como parte perjudicada o víctima de los hechos delictivos por los que se procede".
De este modo, tal y como se especificó en el auto de abril pasado por el que se acordó la continuación de las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado, la sociedad pública mixta Mercasevilla "reúne la condición de responsable civil subsidiaria respecto de los hechos delictivos perpetrados por sus empleados o directivos (Fernando Mellet y Daniel Ponce), de conformidad con lo establecido en artículo 120.4 del Código Penal; y sólo legítimamente podía formular acusación -como acusación particular- respecto a las ilícitas disposiciones de dinero realizadas con fondos de Mercasevilla, a fin de retribuir a mediadores y “conseguidores” -en particular, al Sr. Lanzas-, a través de distintos testaferros y mecánicas falsarias (facturas ficticias)".
El juez recuerda que también se indicó que la lonja podía intervenir también en el presente procedimiento abreviado como acusación particular, como entidad perjudicada por los pagos efectuados por dicha sociedad al Sr. Lanzas Fernández a través del testaferro Juan Francisco Algarín o de las empresas Maginae Solutions y Hermes Consulting. No obstante, señala que la lonja no puede formular acusación frente a los responsables de Vitalia ni contra el intruso que se incluyó en el ERE, por lo que la pretensión de condena contra esos "no puede ser admitida".
El juez añade que Mercasevilla no puede quedar exenta de prestar fianza aún en el supuesto de que los acusados Mellet y Ponce "presten su correspondiente cautela, por cuanto dicha entidad habrá de intervenir en el proceso también como posible responsable civil directo (no sólo subsidiario respecto de Mellet y Ponce) al resultar partícipe a título gratuito", tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción, dado que, precisa el juez, "a consecuencia de las ayudas ilícitas concedidas a Mercasevilla, dicha mercantil se habría visto clara y directamente beneficiada al obtener -injustamente- fondos con los que dar cumplimiento a sus obligaciones empresariales y laborales".
En este auto de apertura de juicio oral, además de la fianza de 4.300.000 euros a Mercasevilla, el magistrado ha reclamado además sendas fianzas de 4.800.000 euros a Mellet, Ponce y Lanzas, así como de 4.300.000 euros a los ex directivos de la consultora Vitalia, que tramitaba las pólizas de los prejubilados de Mercasevilla, entre otras cautelas de distintas cuantías al resto de los 11 procesados en esta pieza de los ERE.
Hasta siete años de cárcel
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de siete años de cárcel para el conseguidor de los ERE Juan Lanzas Fernández y el ex director de Mercasevilla Fernando Mellet, por delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil, en relación con las ayudas concedidas al mercado mayorista por el ERE del año 2003. En la causa, en la que están procesadas 11 personas, la Fiscalía considera que Mercasevilla es responsable civil subsidiaria y "partícipe a título lucrativo" de los hechos.
En el escrito de conclusiones provisionales presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, las fiscales Anticorrupción Nazaret Salguero Gil y María José Sánchez, reclaman asimismo una condena de seis años y seis meses de prisión para el ex subdirector de la lonja Daniel Ponce Verdugo, el ex directivo de Vitalia Antonio José Albarracín, y el trabajador de esta misma mediadora Francisco González.
Para el resto de los acusados, entre los que se encuentran responsables de las entidades Hermes Consulting S.L. y Maginae Solutions, solicita cinco años de cárcel, y para Antonio Garrido Santoyo, uno de los primeros intrusos detectados en la investigación -que fue incluido como beneficiario de una póliza de seguro pese a que nunca habría sido trabajador de Mercasevilla-, pide una condena de dos años de prisión.
El juez también abre juicio oral por el ERE de Río Grande
En un segundo auto fechado también el día 8 de octubre y notificado hoy a las partes, el juez Vilplana ha abierto igualmente juicio oral contra nueve personas acusadas por las ayudas de 1,5 millones al restaurante Río Grande de Sevilla, una vez recibidos los escritos de acusación del Ministerio Público, la Junta de Andalucía y el PP-A.
En este caso, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado otros siete años de cárcel para el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, en relación con la ayuda de 1,5 millones concedida por la Junta a a la empresa Río Grande de Sevilla, una petición que se suma a los otros siete años que el Ministerio Público también ha solicitado para el ex sindicalista por el ERE de Mercasevilla.
La causa por el ERE de Río Grande se dirige contra nueve acusados, entre los que se encuentran la administradora única de Río Grande, Carmen García Sánchez; a la que la Fiscalía Anticorrupción solicita la misma pena de 7 años de prisión por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos; así como contra varios responsables y trabajadores de la mediadora Vitalia, de la entidad Atrado Mensajería y del bufete Estudios Jurídicos Villasís, y la intrusa Carmen Fontela, que nunca había sido trabajadora de Río Grande y fue incluida como beneficiaria de una póliza de seguro, y a la que pide cuatro años y seis meses de cárcel. Para los otros acusados, solicita igualmente penas de entre seis y siete años de prisión.
Así, el juez abre juicio contra los nueve investigados en esta pieza separada del caso por delitos de prevaricación administrativa y malversación; contra seis de ellos por un delito continuado de falsedad documental, y contra uno de los acusados por un presunto delito de tráfico de influencias. En este sentido, también abre juicio oral contra Río Grande Sevilla, el referido bufete de abogados y Atrado Mensajería en calidad de responsables civiles subsidiarios.
El juez, en este caso, también requiere a los nueve acusados para que, en el plazo de un día, presten distintas fianzas -que oscilan entre 1,9 millones de euros y 165.000 euros- para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse, con el apercibimiento de que, de no prestarlas, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma reclamada.
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