Vilaplana archiva una pieza de la macrocausa de los avales de IDEA al caducar la instrucción

Vuelta a la casilla de salida, pero ahora ya sin retorno. El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha archivado una pieza por los avales concedidos a la empresa A Novo Comlink en la macrocausa en la que se investigaban los avales concedidos por la Agencia de Innovación y Desarro de Andalucía (Idea), en una decisión que se produce después de que la Audiencia de Sevilla considerara que la instrucción de una de las 19 piezas en las que se dividió esta macrocausa caducó en junio del año 2017, hace más de seis años, en virtud de los plazos de instrucción fijados por el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

El auto dictado en octubre pasado por la Sección Primera de la Audiencia -que ha derivado ahora en el archivo decretado por el juez Vilaplana- se conoció después de que otro juzgado de Sevilla abriese una nueva macrocausa relacionada con los préstamos millonarios concedidos por la agencia Idea.

Los magistrados de la Audiencia de Sevilla estimaron el recurso de varias defensas y concluyó que la instruccion matriz de la que nacieron las distintas piezas relacionadas con la concesión de los denominados "avales reglados" caducó en el 2017.

En junio del año 2020, la misma Sección Primera estimó un recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción, y ordenó reabrir la macrocausa de los avales y préstamos concedidos a la agencia Idea que en mayo de 2019 había archivado la juez María Núñez Bolaños. En esta causa estaban investigados, entre otros, el ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler, el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román, el ex secretario general técnico Juan Francisco Sánchez García y el ex director de la agencia IDEA Jacinto Cañete.

El mismo tribunal estimó el recurso presentado por varias defensas y declaró que la instrucción de la pieza relacionada con los avales concedidos a la Sociedad Cooperativa Andaluza Frutera Exportadora de Sevilla (Cofrutex) concluyó el 6 de junio de 2017, por lo que ahora el juez de refuerzo de Instrucción número 6 José Ignacio Vilaplana tenía que decidir si continuaba el procedimiento o acordaba el archivo de la pieza al haberse quedado sin elementos para enjuiciarlos, como ha sucedido finalmente.

La decisión "anticipa" el archivo de todas las piezas por los denominados avales reglados

Los abogados Juan Carlos Alférez y Manuel Pérez Cuajares, del bufete Constitución 23 Estudio de Litigación, que ganaron la tesis de la caducidad tanto el caso Avales como en Isofoton o en Santanta Motor, han señalado que la resolución de archivo de esta pieza de A Novo Comlink España es desde una perspectiva formal "impecable y claramente anticipa que todas y cada una de las piezas de los avales reglados serán archivadas por los mismos fundamentos y, por tanto, ésta será la primera de muchas".

En este sentido, los letrados consideran que "las piezas de los avales propios se encuentran igualmente caducadas y pronto, a través de los pertinentes remedios procesales, tendremos ocasión de explicar detallada y pormenorizadamente a la Audiencia Provincial las claras razones que conducirían a una declaración total de caducidad, tanto de avales reglados como de los avales propios". Es decir, que en opinión de las defensas la macrocausa de los avales de Idea se desmorona.

El juez José Ignacio Vilaplana había acumulado en una misma causa las dos investigaciones que en los años 2014 y 2017 abrieron las magistradas Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños, y que se denominan como “Avales I” y “Avales II”. En la primera causa se investigaban los denominados avales “reglados”, que fueron otorgados al amparo de una orden de la Consejería de Innovación de 2008 y de los que se beneficiaron un grupo de 18 empresas.

En Avales II se investigaban otro grupo de unas 15 empresas que recibieron los llamados “avales propios” o excepcionales, que fueron concedidos por la agencia Idea en el ejercicio de sus competencias propias de fomento de la actividad económica y en los que las empresas beneficiarias en las ayudas concedidas en la macrocausa de los ERE.