Vilaplana se inhibe a favor de la Fiscalía Europea en la investigación al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco

La Fiscalía Europea investigará al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, en relación con la investigación que se inició en el año 2016 sobre cuatro ayudas de la formación concedidas a la empresa Aulacen Cinco. El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que acuerda la inhibición de esta causa a favor de la Fiscalía Europea, a la que remitirá las "actuaciones, poniéndose a su disposición, en su caso, los efectos y fondos intervenidos", dejando nota

En el auto, el magistrado pide a esta Fiscalía, que tiene su sede en Madrid, que comunique al juzgado si "asume o avoca para sí la competencia para la instrucción/investigación de la presente causa, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 19 a 22 de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea".

Además, el juez ha suspendido las declaraciones de los investigados previstas para los días 2 y 23 de abril próximos, a la espera de que se determine de forma definitiva la competencia para el conocimiento de la presente causa.

El instructor había citado a declarar a un total de diez investigados los días 2 y 23 de abril. Entre los imputados figuraban además Antonia M. L., esposa de Rafael Velasco, que aparece como representante legal y administradora única de la empresa Aulacen 5; y sus hermanas Rafaela -evaluadora en los cursos de formación subvencionados- e Inmaculada -docente en los cursos de formación subvencionados-; y Pedro Velasco, hermano del ex dirigente socialista y que figura como docente en los cursos. Todos comparecerán el 2 de abril. Para el día 23 de abril, el magistrado ha citado al ex consejero Antonio Fernández, quien declarará a través de videoconferencia desde prisión, y a los ex directores generales de Formación.

El juez pidió recientemente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que aporte los atestados elaborados en relación a los denominados "entramados empresariales" de varios investigados en la causa de formación, como el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda -ya fallecido- y Rafael Velasco, una petición que ahora ha reiteraro.

También ha ordenado que se realice una consulta telemática sobre el mantenimiento o cese de la actividad económica de la empresa Aulacen Cinco, que recibió cuatro subvenciones de la Dirección General de Formación por importes de 82.593 euros, 41.296,5 euros, 41.296,5 euros y 28.752,30 euros entre los años 2006 y 2009, respectivamente.

En total, Aulacen Cinco habría sido beneficiaria "injustamente de una continuada disposición de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía" que asciende a 193.938,30 euros, que fueron otorgados "al margen de la legalidad vigente, prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en claro perjuicio de la generalidad de empresas -en especial, de las del mismo sector de actividad- y desempleados, privándoles de concurrir a su concesión acreditando las condiciones y requisitos habilitantes de su percepción; con desprecio de elementales normas de procedimiento en la gestión de fondos públicos, y con incumplimiento de la disciplina de concesión, control, pago y justificación de subvenciones dirigidas a la Formación para el Empleo".