Vilaplana abre una nueva causa contra Chaves y Zarrías por el préstamo de Hamsa

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha abierto este martes una nueva causa en la que considera como investigados al ex presidente de la Junta Manuel Chaves y al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, así como a otras 13 personas, en relación con un préstamo de 5,8 millones de euros concedidos en 1999 a la empresa cárnica ubicada en Jaén Hijos de Andrés Molina (Hamsa), luego Campocarne y Primayor.

El magistrado ha dictado un primer auto, en el que dentro de la pieza por las ayudas sociolaborales a los trabajadores de Hamsa acuerda deducir testimonio íntegro y completo de las actuaciones e incoar con el mismo nuevas diligencias previas, lo que motiva un segundo auto en el que atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción, tal y como adelantó ayer este periódico, y abre una nueva pieza, denominada "Campocarne Andalucía", para investigar un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación, en relación con este préstamo.

El juez ha hecho el ofrecimiento al ex presidente de la Junta Manuel Chaves, a Zarrías y a los otros investigados para que se personen en estas nuevas actuaciones, aunque por el momento no ha fijado un calendario para que declaren -a la espera de que llegue la abundante documentación reclamada-, y ha accedido a la práctica de todas las pruebas que pedía el Ministerio Público, dirigidas a la Consejería de la Presidencia, la agencia Idea y la Intervención General de la Junta. Además, declara la complejidad del procedimiento y señala un plazo de 18 meses para la instrucción del mismo, “sin perjuicio de lo que pueda acordarse posteriormente”.

El instructor pone de manifiesto que los hechos relatados por la Fiscalía Anticorrupción "podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", por lo que "resulta pertinente la apertura de una nueva causa de diligencias previas que tenga por objeto determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad que se desprenden de la concesión" a Campocarne Andalucía de un préstamo puente de 970 millones de pesetas –5,8 millones de euros-, otorgado por el antiguo IFA y aprobado en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta el 9 de noviembre de 1999 (formalizado en escritura pública de 22 de diciembre de 1999).

Siguiendo el informe de la Fiscalía, Vilaplana señala que "directamente relacionado con este anticipo en forma de préstamo puente" está el "acuerdo o compromiso" firmado el 2 de diciembre de 1999 por Gaspar Zarrías y el entonces presidente de Campocarne, Miguel Ángel Ortega Bernal, por el que la Junta adquiría el compromiso de "abono completo" de las cantidades que por la creación de empleo se habían estipulado en un acuerdo anterior hasta alcanzar los 2,8 millones de euros.

Disposición "arbitraria y sin control alguno" de los fondos públicos

De este modo, "podría deducirse que bajo la apariencia formal de un contrato de préstamo se decidió en puridad, como señala el Ministerio Fiscal, disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno -ni control administrativo-, para beneficiar directamente a la empresa Campocarne Andalucía e, indirectamente después a Primayor Alimentación Andalucía, lo que podría, de manera inicial, determinar la posible perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación".

A través de este préstamo puente, prosigue el juez, "podría haberse simulado una ayuda pública directa, otorgada sin sujeción a los principios y procedimientos legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos", una operación que no "tendría vinculación alguna con el denominado procedimiento específico ni con las indebidas transferencias de financiación articuladas en virtud del mismo –a los fines indicados- en favor de IFA/IDEA”.

Para el magistrado, y tal y como sostiene el Ministerio Público en su escrito, los hechos investigados en esta nueva pieza separada "no habrían prescrito", teniendo en cuenta que, "a fecha 1 de febrero de 2005, el préstamo no habría sido amortizado y que aún entonces no habría sido declarado impagado o fallido –ni considerado un gasto/pasivo para IFA/IDEA-". Es más, a fecha 12 de febrero de 2003 no se había devuelto el préstamo y la única amortización que constaba al IFA era la derivada de la ayuda concedida por la Consejería de Empleo en virtud de un convenio suscrito el 10 de marzo de 2000, por lo que el capital pendiente de vencimiento y posible menoscabo de fondos públicos asciende a 3.707.643,67 euros.

Ni voluntad de devolución ni de cobro del préstamo

Por todo ello, el juez concluye como Fiscalía que del análisis de los documentos es "factible deducir que no habría existido nunca voluntad de devolución ni de cobro del préstamo, pese a la efectiva realidad y vigencia del mismo".

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción fue presentado en el juzgado el pasado 20 de noviembre, tan sólo un día después del dictado de la sentencia, algo que según fuentes del caso obedece a una simple coincidencia temporal, derivada del análisis de la documentación relacionada con esta nueva línea de investigación.

Los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra pidieron al juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana que abriera esta nueva pieza separada para investigar este préstamo, que en cualquier caso no guarda relación con la partida 31L de los ERE y que se produjo con anterioridad al uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA que la sentencia dictada recientemente ha considerado ilegales. De esta forma, se trataría de una nueva investigación que no quedaría afectada, según el Ministerio Público, por la exclusión de los ex altos cargos juzgados en la “pieza política” acordada por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla en aplicación del principio ‘non bis in ídem’.

De hecho, en el escrito presentado al juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana –que investiga la macrocausa mientras dura la baja por motivos de salud de María Núñez Bolaños-, la Fiscalía reclamaba que se impute a un total de 15 personas, de las cuales diez son ex altos cargos y las otras cinco directivos de la empresa Primayor.

Entre los ex altos cargos hay cinco ex consejeros, entre ellos el ex consejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez, o los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Vieray el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, estos tres últimos también condenados en la sentencia de los ERE. Completan la lista el ex director de Trabajo Javier Guerrero, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, el ex presidente del IFA Salvador Durbán y el ex director de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Anticorrupción explica que ya en el año 1999 la Junta concedió ayudas sociolaborales tendentes a costear los planes de prejubilación de los trabajadores de Hamsa, y en febrero de ese mismo año la Comisión Europea declaró "incompatibles" las ayudas recibidas por la empresa, lo que llevó al Estado a recuperar todas las ayudas haciendo que la empresa fuera inviable.

Un préstamo puente hasta que llegaran las futuras subvenciones

De "manera paralela en el tiempo se decidió desde la Junta" otorgar ayudas a la empresa, aunque se hizo formalmente "a modo de anticipo de las futuras ayudas y bajo la figura de un préstamo puente", según consta en el acta del consejo rector del IFA del 29 de octubre de 1999, que por entonces presidía Salvador Durbán. El consejo rector adoptó por unanimidad y a expensas de su aprobación definitiva por el consejo de gobierno "anticipar las subvenciones de pública concurrencia a la inversión y a la creación de empleo solicitadas por Campocarne Andalucía, mediante un préstamo puente de 970 millones de pesetas (5,8 millones de euros)".

La Fiscalía añade que ese acuerdo fue ratificado por el Consejo de Gobierno presidido por Chaves el 9 de noviembre de 1999, y "directamente relacionado con este anticipo en forma de préstamo puente" está el acuerdo firmado el 2 de diciembre de 1999 por Gaspar Zarrías y el presidente de Campocarne, Miguel Ángel Ortega Bernal, por el que la Junta adquiría el compromiso de "abono completo" de las cantidades que por la creación de empleo se habían estipulado en un acuerdo anterior hasta alcanzar los 2,8 millones de euros.

El Ministerio Público considera que en 2003 el préstamo "no había sido pagado y que la única amortización que constaba al IFA era la derivada de la ayuda dada por la Consejería de Empleo", cifrándose en 3,7 millones de euros el principal pendiente de vencimiento. Y de la documentación analizada, los fiscales concluyen que "el préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado y que en todo caso al menos en febrero de 2005 no había sido amortizado, desconociéndose la situación actual y por tanto si se hicieron efectivas las previsiones fijadas" en la escritura pública del mismo, por lo que reclama al juzgado que abra esta nueva pieza. El supuesto menoscabo de los fondos públicos que ahora ha acordado investigar el juez Vilaplana sería de esos 3,7 millones de euros.