La UDEF culpa a IDEA de ocultar la grave situación de Isofotón

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha culpado a la agencia IDEA de ocultar la grave situación en la que se encontraba la empresa malagueña Isofotón, que recibió más de 80 millones de fondos públicos en ayudas, avales y préstamos que están siendo actualmente investigados por un juzgado de Instrucción de Sevilla, que ha citado a declarar en los próximos meses como investigados a 12 ex altos cargos socialistas de la Junta.

En el atestado remitido por la UDEF al juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, al que ha tenido acceso este periódico, los investigadores concluyen que la agencia IDEA concedió más de ocho millones de ayudas cuando esta sociedad estaba en una "situación prácticamente de preconcurso de acreedores" -algo que se solicitó unos meses después-, con un nivel de endeudamiento "muy elevado y una mínima disponibilidad de fondos", y esa situación, insisten, "podía ser conocida a partir de los datos de que disponían los responsables de los fondos públicos en el momento de concederlos".

El atestado habla de omisiones "intencionadas" con la finalidad de "ocultar una situación económica deficiente" en Isofotón y de "irregularidades en el crédito de la agencia IDEA, lo que podría constituir, según la UDEF, "un delito de desobediencia y denegación de auxilio, además de encubrimiento" y que los investigadores vinculan con "otras falsedades cometidas por los responsables de IDEA".

Así, destacan las "numerosas irregularidades" en el procedimiento de concesión de avales por 12 millones y en un préstamo por el que se conceden otros 8.395.845 euros el 10 de agosto de 2012. La UDEF llega a afirmar que uno de los informes de la agencia IDEA es "falso" y se emitió "a sabiendas, por omitir información y tergiversar la aportada, con la finalidad de obstaculizar la investigación", por lo que concluye que en los avales se cometió "fraude de ley", así como otros delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y encubrimiento.

El atestado explica que aunque existe un procedimiento para la concesión de estas ayudas, el mismo es "inadecuado", pues se trata de ayudas de estado o de salvamento a empresas en crisis, limitadas por su cuantía y plazo de concesión que las hace incompatibles con otras ayudas de esta naturaleza, llegando a emplearse la "normativa jurídica para vulnerar la propia normativa, buscando a sabiendas la norma más favorable, a pesar de no ser aplicable".

La UDEF habla de una triple ocultación a las autoridades: "En primer momento, en la concesión de las ayudas públicas, entre 2007 y 2012; en un segundo momento, en la aportación de información al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en 2013; y en un tercer momento, al solicitar la colaboración de la propia agencia IDEA en la contestación a un conjunto de cuestiones sobre la naturaleza y procedimiento de concesión de las ayudas en el año 2016".

El informe policial explica con respecto a la presunta responsabilidad de los ex altos cargos que "debe deducirse que es dentro de la propia Consejería, al más alto nivel, donde se diseña y autoriza el plan de financiación de Isofotón", a lo que añade que "dada la relevancia de la empresa, la crisis social que suponía su quiebra y la continua financiación recibida, con vulneraciones tan graves de las normas, podría inferirse que existía conocimiento y autorización de autoridades superiores. Lo contrario indicaría una completa autonomía en la actuación del consejo, sin límites ni controles de ningún tipo".

La UDEF cita a Griñán

La UDEF llega a citar incluso al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán entre las autoridades que intervinieron en la tramitación de los expedientes de las ayudas a Isofoton, así como las relacionadas con los "trámites de formación de la decisión y la toma de decisión en sí, y que por tanto serían las responsables de la concesión de las ayudas públicas o de su ocultación posterior a la autoridad judicial", si bien ni la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ni la juez ha acordado ninguna actuación con respecto al ex presidente.

El atestado incluye a Griñán como presidente de la Comisión delegada de asuntos económicos y presidente de la Junta en el periodo investigado. La juez, en cambio, sí ha citado como investigado al ex consejero de Economía Antonio Ávila, que a su vez era presidente del Consejo de Administración del Fondo de Desarrollo Empresarial (FDE), que concedió la ayuda de 8.395.854 euros, y vicepresidente de la comisión delegada para asuntos económicos.

En concreto, la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha citado a declarar como investigadas entre los meses de octubre y noviembre a un total de 38 personas, entre las que figuran 12 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, en relación con los avales y préstamos que recibió la empresa malagueña Isofotón.

La juez considera que los hechos investigados "podrían ser constitutivos" de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, y ha imputado en concreto a cuatro ex consejeros (Francisco Vallejo, Martín Soler, Manuel Recio y Antonio Ávila), a tres ex viceconsejeros (Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román y Luis Nieto Ballesteros), al ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoz -que fue uno de los tres únicos absueltos en la sentencia del caso de los ERE-, al ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón y al ex director de Promoción de Invercaria Juan María González Mejías, sobrino de Felipe González.

Además, la instructora ha citado como investigados a los ex directores de IDEA Antonio Valverde Ramos y Miguel Ángel Serrano Aguilar, al ex director de Invercaria Francisco Álvaro Julio -entonces director de inversiones estratégicas de IDEA-, así como a los "responsables de la trama empresarial que se beneficia de las ayudas públicas irregulares": los hermanos Ángel Luis y Diego Serrano Serrano y a Óscar López García.