La UDEF implica a dos ex consejeros en la adjudicación "fraudulenta" del Centro de Negocios de Andalucía en Madrid
La investigación, que ha estado declarada secreta durante varios meses, revela contrataciones de Santana Motor con una empresa del que fuera su presidente
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El grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental ha implicado a los ex consejeros de Economía y de Innovación de la Junta Antonio Ávila y Martín Soler en la presunta adjudicación "absolutamente fraudulenta" del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid, una entidad dependiente de la agencia Idea.
La investigación, que ha estado declarada secreta durante varios meses, se inició en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el marco de las diligencias abiertas por las ayudas concedidas a la empresa Santana Motor, y la UDEF concluye que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Los investigadores aseveran en el atestado remitido al juez que el consejero de Economía, Innovación y Ciencia Antonio Ávila aseguró en una comisión de control en el Parlamento andaluz el 26 de abril de 2011 que el contrato para la gestión del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid se adjudicó a la entidad Experience Management Group porque fue la "mejor oferta económica sobre un precio de referencia de 175.000 euros" y dijo que al proceso concurrieron tres empresas tras elaborarse un pliego de condiciones básicas, dar invitaciones a empresas, recepción y valoración de las ofertas y adjudicación del contrato. Sin embargo, la Policía concluye que de la ausencia de documentación y de la manifestación realizada en el propio cuerpo del contrato "debe inferirse la total ausencia de procedimiento al respecto", por lo que el contrato fue "adjudicado de manera directa".
Estos constituye, prosigue la UDEF, una "muy grave vulneración de la normativa reguladora de los contratos del sector público, en un contrato de mayor cuantía, y tanto más si se considera que fue adjudicado de manera directa a una empresa cuyo socio y administrador único era el responsable del control de la gestión de Fagia hasta precisamente el día antes de realizarse la firma del contrato".
Por ello considera "especialmente grave la simulación realizada por el consejero de Economía, encubriendo así la actuación realizada por los responsables de la agencia Idea y de la empresa Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía (Fagia), cuando afirma con rotundidad la existencia de un procedimiento de licitación del que no se tiene noticia alguna", asevera el informe policial.
En ese sentido, la UDE considera que Antonio Ávila, en su intervención parlamentaria, "falta a la verdad en su testimonio de manera grave, al simular la existencia de un procedimiento inexistente para la concesión de la gestión del Centro de Negocios", siendo además el "responsable último en la Consejería de la que dependía dicho Centro de Negocios". "No se trata de un error, sino de la simulación de la existencia de algo que no existe, de lo que se deduce necesariamente una voluntad consciente, un dolo directo en dicha falsedad".
Sobre el ex consejero de Innovación Martín Soler, el atestado señala igualmente que la encomienda de gestión de este centro se produjo "bajo su dirección y con ello la adjudicación directa a la sociedad Experience Management Group".
En el atestado se detectan además contrataciones de Santana Motor por importe de 339.701 euros con una sociedad del que fuera presidente de Santana Motor Bienvenido Martínez, siendo apoderado de ambas entre 2010 y 2011, lo que parece una "manifiesta irregularidad, que podría ser constitutiva de un delito de malversación de caudales públicos".
Dice la Policía que Bienvenido Martínez desempeñó el cargo de director de Inversiones Estratégicas de la agencia Idea hasta "el mismo día antes de formalizarse el contrato" entre Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía (Fagia) y la empresa Experience Management Group S.L., de la que es administrador único el propio Bienvenido Martínez. De esta forma, considera la UDEF que Bienvenido Martínez "preparó la contratación con una empresa propia a través de Fagia, que era un ente instrumental gestionado por la dirección general que ocupaba. Es decir, puede afirmarse entonces que preparó una autocontratación, valiéndose del cargo desempeñado, competente precisamente en la gestión del ente instrumental que realizó la contratación final". El contrato fue adjudicado "directamente" a Experience Management Group S.L. por importe de 159.948 euros anuales.
El atestado subraya que "es evidente que en un solo día no puede prepararse un contrato de esta naturaleza, y que las gestiones y negociaciones previas se produjeron con anterioridad, estando informado y contando con información privilegiada en la preparación de la operación".
Para la UDEF también se considera relevante el conocimiento respecto a la identidad de un hermano de Bienvenido Martínez, en concreto Juan Carlos Martínez(marido de la actual directora general de la Guardia Civil, María Gámez), quien ocupó diversos cargos en la Junta y en la administración del Estado, donde llegó incluso a ser director del gabinete del ministro de Sanidad Bernat Soria.
Juan Carlos Martínez, según la Policía, fue contratado por Fagia para un cargo de alta dirección entre diciembre de 2010 y junio de 2011, y previamente había prestado servicios en Soprea en otro cargo de alta dirección. "Soprea era precisamente la sociedad representante de Santana, al tiempo que su hermano Bienvenido era el presidente. De este modo es difícilmente creíble que no tuviera conocimiento de la situación de su hermano en las entidades Santa-agencia Idea-Experience Management Group".
La Policía detecta incluso un "lucro injusto" de los hermanos Martínez y alude incluso al "aumento patrimonial detectado en Juan Carlos Martínez, que adquiere propiedades inmobiliarias entre 2009 y 2012 por importe superior a un millón de euros".
Ingresos por alquileres "irrisorios"
Para los investigadores, en la gestión del Centro de Negocios de Andalucía en Madrid se han detectado una serie de "irregularidades", como el "gasto irregular del presupuesto", que era de 450.000 euros previsto para un funcionamiento de dos años, o la adaptación de los gastos al presupuestos.
En este sentido, el informe policial señala que la contratación por un precio fijo "desvirtúa" el coste real del centro de negocios en Madrid, "pues supone un gasto fijo, independiente del funcionamiento real del centro, con lo que produciría un enriquecimiento injusto por parte del particular, a costa de la Hacienda Pública".
Así, explica que los ingresos por asistencia técnica fueron "inexistentes" y los ingresos por alquileres "irrisorios comparados con el coste de funcionamiento". Dice el informe policial que a gestión de Centro de Negocios fue "manifiestamente ineficiente e insostenible en el ámbito privado, con gatos que superaban más de seis veces los beneficios".
Los investigadores se plantean que el contrato de servicios por al gestión del Centro de Negocios de la Consejería de Economía a favor del que fuera director general de Inversiones Estratégicas de Idea sea una "dádiva injusta", puesto que se ha demostrado que el centro "simplemente arrendó las instalaciones y que ninguna actividad de asesoramiento que generara ingresos tuvo lugar". Y el coste completo de funcionamiento fue sufragado directamente por la agencia Idea a pesar de que "correspondía a la consultora beneficiaria".
La Policía también implica en el atestado al que fuera presidente a la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) Joaquín Moya-Angeler por el pago de Santana Motor de 7.000 euros a la asesoría Inmoan que preside, al administrador de Fagia, Carlos Fernández-Palacios, y al ex director de Idea Jacinto Cañete, bajo cuyo mandato se realizó la encomienda de gestión del Centro de Negocios en Madrid.
La financiación del Grupo Santana Motor "enmascara ayudas de Estado"
En un segundo atestado, la UDEF analiza las ayudas públicas otorgadas por la agencia Idea al grupo Santana Motor, que entre 2009 y 2011 percibió la cantidad de 36.105.544 euros para el desarrollo de un modelo de de vehículo que constituyera la posibilidad de continuación del modelo de negocio, de acuerdo con el convenio Massif, con la finalidad de "crear capacidades de diseño y desarrollo tecnológico de productos y procesos de industrialización de vehículos todo terreno", aplicados a la fabricación de un modelo de vehículo específico, el Iveco Massif.
En el análisis que hace la Policía, sostiene que el conjunto de ayudas recibidas puede constituir "ayudas de Estado, restringidas por la normativa comunitaria", y cuestiona además la "veracidad de las raciones de la financiación, justificadas en el desarrollo de un modelo de vehículo que se ha demostrado ciertamente que no era ni moderno, ni competitivo, y para el que incluso existían en el mercado nacional importantes competidores".
Además, señala con respecto a la compra de inmuebles del grupo, por importe de otros 84.998.8734 euros por parte de la agencia Idea que en realidad "enmascaraban ayudas directas al grupo Santana a cambio de una contraprestación innecesaria, y por la oportunidad con la que se realizaron, pretendía la vulneración de la normativa vigente en materia de ayudas públicas a empresas en crisis".
Este informe policial insiste en que la financiación del grupo Santana por parte de Idea "enmascara ayudas de Estado, y vulnera la legislación vigente reguladora de la concesión de subvenciones y se concede en fraude de ley, con plena consciencia de la ineficacia de las ayudas para salvar la actividad de la sociedad, como demuestran las falsedades en la justificación de los gastos del convenio Massif". Un detalle de esta afirmación, asevera el atestado, es la presentación de la justificación de gastos el 18 de marzo de 2011, tan sólo "tres día antes de proponer la disolución de la sociedad, y aún pendientes de entrega de más de 9 millones de euros".
Además, los fondos del convenio Massif "no han sido aplicados a la finalidad para la que se concedieron" porque los beneficiarios finales han sido "sociedades particulares, sin que Santana haya recuperado los fondos, ni desde luego la agencia Idea, con lo que debe plantearse la existencia del menoscabo de fondos públicos".
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