Las defensas de los trabajadores que se acogieron a la "jubilación incentivada" piden la absolución

El juicio por el caso Mercasevilla afronta la recta final con los informes finales por parte de las defensas. Durante la sesión del martes intervinieron los abogados de los nueve trabajadores con los que se negoció la jubilación y la defensa de Carmen Vela, beneficiaria de una beca de la Fundación de la lonja y su padre, Antonio Vela, presidente de la Asociación Mayorista de Pescados. Todos los letrados coincidieron en resaltar la contradicción incurrida por la acusación particular, que se adhirió al informe del fiscal a pesar de que el Ministerio Público pide pena para los nueve trabajadores mientras que la acusación particular no. "Mercasevilla, principal perjudicada, reconoce la inocencia plena de los nueve trabajadores", explicó uno de los letrados.

La defensa de Antonio y Carmen Vela, ejercida por Joaquín Moeckel, recordó que el caso se inició por unas diligencia precias iniciadas por una querella de Beltrán Pérez, "y renunció días antes de las actuaciones, porque quizás no creía que se estuviera cometiendo un delito". Sobre la beca de finalización de estudios de Carmen Vela, "nadie pone en duda su existencia, sino el procedimiento por el que fue concedida". Respecto a la compra de los palés de plástico, Moeckel recordó que tanto la Sociedad Veterianaria como Seprona obligan a transportar el pescado en palés de plástico.

Se trata, en definitiva, "de una exigencia de los mayoristas que obliga a Mercasevilla y Mellet lo que hizo fue adelantarse a posibles pleitos de los mayoristas de pescado ante los tribunales de competencia. Negociar la forma de pago era lógico", añadió Moeckel.

Respecto al cambio de concepto de estos palés en la contabilidad, el letrado argumenta que la modificación de los apuntes contables señalada por los peritos de la Agencia Tributaria "fueron anteriores a la llegada de Mellet a la dirección de Mercasevilla, por lo que no obedece a una instrucción de esta persona".

Otro de los asuntos es el pago de diseños para el traslado a de la lonja a Majarabique, "algo de lo que se venía hablando con bastante antelación a la fecha a la que se refiere el proceso" y que se encargó para evitar los "errores cometidos en la construcción de la nave de Mercasevilla destinada al pescado". Moecekel se refirió a la documentación sobra la beca de estudio concedida a Carmen Vela por la Fundación Mercasevilla requerida por el juzgado, donde se indica que se desconocen lo motivos de concesión, "unos criterios que no piden ni para la realización de un foro jurídico donde intervino Garzón ni la ayuda a una Hermandad, ni a asociaciones de mujeres maltratadas".

A vueltas con Garzón

Baltasar Garzón volvió a ser protagonista de la intervención del letrado para contrarrestar el argumento del informe de los peritos de la Agencia Tributaria en el que indicaban que el contenido de la beca (estudios de diseño en Londres) no tenían que ver con el objeto de Mercasevilla. "Y qué tiene que ver Garzón con la mejora de servicios y del mercado alimentario", se preguntó. Una vez más, apareció el mediático juez, de cuya conferencia tampoco hay contrto, esta vez en relación a la acreditación del gasto. "Garzón lo resuelven con la aparición del acto en prensa, nosotros hemos acreditado la beca con el documento de finalización de estudios aportado ante este Tribunal".

El abogado se preguntó si la imputación de Carmen Vela viene por el peso de su apellido. "Antonio Vela ha sido presidente de los mayoristas de pescado durante mucho tiempo y ha luchado mucho por las mejoras de los pescaderos", argumentó. "Papá no se vende por una beca", apostilló.

Nueve trabajadores incluidos en 2015

El abogado Pérez Piña, que representa a uno de los trabajadores acusados, recordó que aunque el proceso de Mercasevilla comenzó en 2009, hasta la providencia de 2015 "no aparecen estas 9 personas". Asimismo incidió en que, en cualquier caso, los complementos o incentivos recibidos por estas personas para acogerse a la jubilación, se tratarían de un tema de posible repercusión fiscal,". Por otro lado, Pérez Piña comentó que no tiene sentido tener constancia de "pagos físicos si sé que hay un ilícito penal". En este sentido recalcó: "entiendo que el fiscal se ha excedido en la calificación de los hechos".

El defensor de seis de los trabajadores acusados, Franco Ávila, continuó en esta misma línea defensiva. El letrado expuso la necesidad de Mercasevilla de amortizar estos puestos de trabajo que "tenían muy buenas condiciones "y ninguno de estos puestos se cubrieron después". El tercero de los letrados, Antonio Jiménez, abundó en estos argumentos, añadiendo además que Mercasevilla siguió reclaamndo la póliza de los ERE hasta el año 2010.