El Tribunal de Cuentas aprecia menoscabo de otros 12 millones en ayudas de los ERE

El Tribunal de Cuentas ha apreciado menoscabo de fondos públicos por otros 12 millones de euros en ayudas sociolaborales concedidas a media docena de empresas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, en relación con la partida presupuestaria 31L, por la que se otorgaban ayudas de los ERE.

Según ha confirmado a este periódico fuentes del Tribunal de Cuentas, el pasado 15 de julio se celebró en la sede del tribunal un acta de liquidación provisional complementaria, correspondiente a las actuaciones Previas 234/11, relacionada con las ayudas sociolaborales a la prejubilación otorgadas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

El acta concluye que, con carácter provisional, se ha producido un daño a los fondos públicos que asciende a 12.156.962,96 euros, como principal, una cifra a la que hay que sumar los intereses provisionales 3.516.739,25 euros devengados desde la fecha del Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía hasta la fecha de este acta, lo que supone un total de 15.673.702,21 euros.

Esta liquidación provisional afecta a media docena de pólizas de ayudas sociolaborales concedidas a Primayor, SOS Cuétara, A Novo Comlink, Manufacturas del Corcho y parte de las empresas de la Faja Pirítica de Huelva, entre otras, y como se trata de actuaciones previas, ahora será la Junta de Andalucía la que tendrá que formalizar o no la demanda ante la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para reclamar si procede la responsabilidad contable por estas ayudas. Eso sí, los presuntos responsables contables pueden sufrir embargos de bienes a partir de este acta de liquidación provisional.

Tras el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, se abrieron tres tipos de actuaciones en el Tribunal de Cuentas, relacionadas con el pago de sobrecomisiones, las ayudas concedida a empresas y las ayudas sociolaborales para la financiación de las pólizas de las prejubilaciones.

Estas tres vías se tradujeron en decenas de procedimientos que se han ido sustanciando en los últimos años y que en su mayoría han acabado en sentencias condenatorias que han resuelto que tanto los ex altos cargos como las empresas debían devolver el importe de las ayudas concedidas, como por ejemplo, ocurrió a finales de 2018, cuando se declaró firme la primera sentencia que aprecia menoscabo de fondos públicos en el caso de los ERE y que dio la razón a la Junta de Andalucía. La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas confirmó ntegramente la sentencia que en diciembre de 2017 condenó al ex director general de Trabajo Juan Márquez y a la empresa Valeo Iluminación a devolver 468.729,70 euros (intereses legales incluidos) de una ayuda de los ERE, tras haber sido declarados el ex alto cargo y la empresa responsables “contables directos” del daño causado al erario de la comunidad autónoma.

La sentencia del denominado "procedimiento específico" de los ERE, en la que fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta por delitos de prevaricación y malversación, concluyó que el fraude de los ERE ascendió a 679.432.179,09 euros, la misma cantidad que al final del juicio estableció la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de conclusiones definitivas, pero en la sentencia no se fija ninguna responsabilidad civil porque el propio Ministerio renunció a las mismas al "haberse reservado expresamente la representación procesal de la Junta de Andalucía el ejercicio de la acción civil".

Este sentencia de la Audiencia de Sevilla, que fue dictada el 19 de noviembre de 2019, señala en sus hechos probados que el montante global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y 31L que se dispuso año a año, en el periodo investigado (2000-2009), para las ayudas sociolaboras y a empresas ascendió a esos casi 680 millones de euros: En el ejercicio 2000 ascendió a 6.977.751 euros; 86.022.863 euros (en 2001); 66.538.654 euros (2002); 55.646.899 euros (2003); 42.472.719 euros (2004); 73.061.471 euros (2005); 86.591.000 euros (2006); 86.656.003 euros (2007); 94.744.185,09 euros (2008) y 80.720.634 euros en 2009.

El tribunal argumentaba en el fallo con respecto a las ayudas sociolaborales que "al no haberse publicado unas bases reguladoras de estas ayudas, que garantizase su publicidad y conocimiento general por los potenciales beneficiarios de las mismas, al no publicarse su concesión, y no registrarse, como era obligado, en la Base de datos y subvenciones de la Junta de Andalucía, se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas, un importante número de trabajadores afectados por el desempleo o/y situaciones de crisis empresarial".