Tres ex concejales se sientan desde el lunes en el banquillo de los acusados por las mordidas de Fitonovo
Juicio por el caso Fitonovo en la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional inicia el juicio por el presunto pago de comisiones de la empresa Fitonovo por la adjudicación de contratos en el Ayuntamiento de Sevilla
El ex portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel, mientras que para el ex edil Manuel Gómez Lobo (PSOE), el ex asesor Domingo Enrique Castaño y el ex director Joaquín Peña (PP) la Fiscalía solicita cinco años y medio de prisión.
Algunos de los acusados están intentando llegar a una conformidad para reducir las condenas, como ocurrió en otros juicios de esta macrocausa
Fitonovo: Todas las claves del caso
Tres ex concejales del Ayuntamiento de Sevilla se sientan a partir del lunes en la Audiencia Nacional para responder de las mordidas del caso Fitonovo, en un juicio que está inicialmente fijado para su celebración hasta diciembre próximo. El ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el ex concejal de la misma formación José Manuel García, el ex edil del PSOE Manuel Gómez Lobo y el ex director general de Medio Ambiente Joaquín Peña (PP) son cuatro de los 13 acusados que hay en esta pieza de la macrocausa de Fitonovo.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama una condena de cuatro años y el pago de una multa de 6.000 euros para Antonio Rodrigo Torrijos y para el ex concejal de la misma formación José Manuel García, en relación con las mordidas de 155.000 euros pagadas supuestamente por Fitonovo para “financiar” este partido. En su escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso este periódico, el Ministerio Público reclama además penas de cinco años y medio de cárcel y multa de 10.200 euros para el ex edil del PSOE Manuel Gómez Lobo, el ex director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño y el ex director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla Joaquín Peña (PP), a los que atribuye además de un delito de cohecho otro de tráfico de influencias, a cada uno de los procesados.
Esta misma pena de cinco años y medio reclama para el ex jefe de servicio de Parques y Jardines Francisco Amores Carredano y el ex responsable de conservación del Parque de María Luisa Francisco Luis Huertas, mientras que otro ex dirigente de IU, Antonio Miguel Ruiz Carmona, que fue representante en la comisión de Mercados Ambulantes del Ayuntamiento, se enfrenta a una petición de tres años de prisión y multa de 4.200 euros por un delito de cohecho.
En total son 13 las personas que se sentarán en el banquillo por el caso Fitonovo en esta pieza separada de las siete en las que se dividió finalmente la macrocausa. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata atribuyó al PSOE a IU, en el auto de apertura de juicio oral, la condición de partícipes a título lucrativo, por haberse beneficiado “de la conducta delictiva amañada por las personas investigadas” en las cantidades de 159.839,36 y 155.000 euros, respectivamente.
Contactos para alcanzar acuerdos por parte de algunos de los acusados
Algunos de los acusados están intentando alcanzar acuerdos con la Fiscalía para lograr una conformidad con los hechos a cambio de una reducción de la condena, por lo que al inicio de la vista oral se podría dar a conocer este pacto, como ya ocurriera en el anterior juicio de Fitonovo con los dueños de la empresa y otros tantos acusados. Entre los acusados que están buscando dicho acuerdo no está Antonio Rodrigo Torrijos, quien sigue manteniendo su inocencia, según han informado a este periódico fuentes del caso.
El anterior juicio de esta macrocausa, en la que se juzgaba a los directivos de Fitonovo en la denominada pieza principal de la operación Madeja, acabó precisamente con unas condenas mínimas tras el pacto alcanzado por muchos de los acusados con la Fiscalía. Así, los dueños de Fitonovo,Rafael González Palomo, y su hijo, José Antonio González Baró, fueron condenados en marzo pasado a penas de 28 y 30 meses de prisión, tras el pacto alcanzado con la Fiscalía y la retirada de los cargos contra 12 de los 36 acusados.
En el escrito de conclusiones provisionales de esta pieza específica por los hechos relacionados con el Ayuntamiento de Sevilla, la Fiscalía destaca que Fitonovo creó una infraestructura, “tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos”.
La prolongación en el tiempo de las “prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados”, prosigue el fiscal de la Audiencia Nacional, “llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal”.
Continúa relatando que la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos 15 años, afectando a múltiples Administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades.
Más apuntes sobre el caso Fitonovo
Una macrocausa con 88 procesados y 7 piezas
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral en total contra 88 personas, muchas de ellas cargos públicos, funcionarios y técnicos, en las siete piezas que integran el denominado “Caso Fitonovo” de corrupción o también conocido como la operación “Madeja”. En siete autos, uno por cada pieza que ahora envía a juicio a la Sala de lo Penal y que se instruyó inicialmente el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla por parte de la juez Mercedes Alaya.
El juez reprocha la falta de acusación de la Fiscalía
A lo largo de sus resoluciones, el magistrado reprocha a la Fiscalía y, en menor medida a la Abogacía del Estado, la falta de acusación respecto de algunos investigados, lo que obliga al archivo, así como que no acuse por determinados delitos a varios de ellos pese a los indicios acumulados. Así, dice el juez que no se acusa a los asesores jurídicos, financieros, fiscales y societarios que diseñaron toda la estrategia criminal blanqueadora.
De hecho, apunta, “esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias”.
La dirección de la trama criminal creó otras empresas (Fiverde, Agropombo, Angoro, Grantalis, etc.), ya como sociedades patrimoniales donde residenciar sus ganancias, ya como sociedades pretendidamente comerciales, pero que se empleaban para “articular concurrencias ficticiasen procedimientos públicos” de contratación o para adjudicaciones públicas cuando no era deseable que apareciera como tal la sociedad Fitonovo.
Dentro de esta operativa y dado que el pago de comisiones a funcionarios como compensación de las conductas anteriores no podía justificarse de forma lícita, recoge el fiscal, “el mecanismo establecido para el pago de los sobornos constituía otro importante engranaje de la trama criminal”. Para ello, la empresa Fitonovo tenía constituida una caja B que se nutría de “facturación falsa” con un gran número de empresas suministradoras o proveedoras de aquella, operaciones que se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios.
Según la acusación pública, José Manuel García Martínez, Antonio Rodrigo Torrijos y Antonio Miguel Ruiz Carmona, recibieron un total de 155.000 euros de Fitonovo para Izquierda Unida, a cambio de las adjudicaciones que los dos primeros les procuraron, significativamente en relación con los expedientes relativos a la instalación de césped en 11 campos de fútbol (por importe de 6.966.320,8 euros), siendo concejal de Juventud y Deportes José Manuel García (IU) y primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos. Fitonovo pagó esos 155.000 euros en dos pagos, de 70.000 y 85.000 euros, realizados los días 30 de marzo de 2010 y 18 de febrero de 2011. La primera de las mordidas se entregó a Antonio Miguel Ruiz Carmona “en una caja de zapatos”, precisa el fiscal.
José Manuel García “intervino decisivamente, como dirigente de Izquierda Unida, en connivencia con otros dirigentes como Antonio Rodrigo Torrijos, en recibir para el partido determinadas dádivas en compensación a la adjudicación a Fitonovo de los contratos” de esos 11 campos de fútbol.
Obras en la sede del PSOE
Por su parte, el ex director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño y el ex edil del PSOE Manuel Gómez Lobo, consiguieron que Fitonovo asumiera “el pago de las obras que se hicieron en la Agrupación Local Macarena del Partido Socialista Obrero Español, así como otros pagos en efectivo”. En este sentido, señala que Fitonovo, para “maquillar la operación” los pagos se realizaron por parte de Klevin S.L. –empresa dedicada a la desratización– que abonó determinadas obras en la sede de esta agrupación local por importe de 6.839,36 euros.
Del mismo modo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional subraya que como “compensación por el incremento importante” de Fitonovo en la facturación, el Ayuntamiento hispalense, a “requerimiento de Gómez Lobo”, se abonó por Fitonovo al PSOE el 9 de mayo de 2007 la suma de 30.000 euros. “Pagos con el mismo objeto al Partido Socialista se sucederían entre 2006 y 2009 en diferentes cantidades que oscilarían entre 30.000 euros y 60.000 euros, con la denominación en la Caja B de Fitonovo de Langostinos Maera, aludiendo a una reunión de periodicidad mensual que habría en dicho establecimiento a la que acudían Gómez Lobo y González Palomo, de Fitonovo”, llegándose a abonar, según consta en los archivos de la Caja B la suma de 123.000 euros.
La Abogacía del Estado sólo acusa a los ex dirigentes de IU, a los que pide cinco años
La Abogacía del Estado, que también ejerce la acusación en el caso Fitonovo, sólo ha presentado cargos contra los tres responsables de IU:Antonio Rodrigo Torrijos, José Manuel García y Antonio Miguel Ruiz Carmona, pero ha exculpado a los otros diez acusados, entre ellos el ex edil del PSOE Manuel Gómez Lobo, el ex director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, y el ex director de Medio Ambiente del PP.
La Abogacía del Estado atribuye a Torrijos, García y Ruiz Carmona sendos delitos continuados de prevaricación y cohecho, por los que solicita una condena de diez años de inhabilitación, por el primero de los delitos, y cinco años de prisión y multa del triple de la dádiva recibida –esto es, 465.000 euros–, así como otros diez años de inhabilitación por el cohecho.
En su escrito, los servicios jurídicos del Estado señalan que el Ayuntamiento adjudicó a Fitonovo 11 expedientes para la instalación de césped artificial en campos de fútbol el 13 de abril de 2009 y por una cuantía de 6,9 millones, siendo concejal de Juventud y Deportes José Manuel García, y primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos.
En contraprestación, Fitonovo pagó 155.000 euros a IU, que fueron requeridos al presidente de Fitonovo, José Antonio González Baró, tras concluir las obras. de los 11 campos.
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