Torrijos: "La sentencia confirma que hubo un funcionamiento irregular en el caso que instruyó la juez Alaya"

El ex portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos ha valorado este miércoles la sentencia de la Audiencia Nacional que le indemniza con 2.000 euros por las dilaciones indebidas en el caso Mercasevilla y, en este sentido, ha destacado que aunque es cierto que la indemnización dista en mucho de lo que solicitaba -73.500 euros-, "lo importante es que al igual que reconocieron el Consejo de Estado y el CGPJ, se confirma que hubo un funcionamiento irregular de la Justicia en el caso Mercasevilla y que instruyó la juez Alaya".

Esta confirmación en sentencia judicial, comparte, al menos colateralmente, la valoración que yo siempre he sostenido de que el caso Mercasevilla fue un "evidente e inédito ejemplo de lawfare [guerra jurídica], organizado por la derecha sevillana, algunos medios y ciertos sectores económicos que fabularon para retirar de la escena política y sobre todo del Ayuntamiento de Sevilla, a un representante democráticamente elegido (Primer Teniente de Alcalde) que impulsaba políticas que consideraban perniciosas para sus intereses y, a su vez, facilitaban el acceso al gobierno local a "los suyos" (recuérdese el papel del Sr. Zoido en toda la trama y como beneficiario de la misma)", ha dicho en alusión al ex alcalde del PP y ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido.

"Desgraciadamente consiguieron sus objetivos pero esta sentencia deja claro eso, que hubo un funcionamiento irregular de la Justicia", ha aseverado.

Tras esta sentencia, Torrijos, que esta misma semana abandonó el PCE, ha subrayado que "la democracia debe tomar nota de que Sevilla fue el laboratorio donde se ensayó con éxito el lawfare y que por interés general y en defensa, precisamente, de la democracia nunca debe repetirse".

Esta sentencia, ha agregado, "confirmatoria de lo que denunciamos en su día debería ser la última prueba que conduzca a ofrecer excusas o pedir perdón al Sr. Zoido por el daño causado tanto personalmente como políticamente a los sevillanos al trucar las elecciones municipales de 2011 donde alcanzó la Alcaldía, así como a cuestionar la capacidad jurídica a la juez (tan reconocida por los sectores involucrados en aquel lawfare) que instruyó este proceso judicial".