De la Mata abre juicio oral contra Torrijos, José Manuel García y Joaquín Peña por el caso Finotovo

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral contra el ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU), el ex edil José Manuel García (IU) y el ex director general de Medio Ambiente Joaquín Peña (PP), en relación con las mordidas pagadas por Fitonovo para "financiar" a las formaciones municipales de IU y el PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla.

En un auto de 104 folios, el magistrado atribuye al PSOE e IU la condición de partícipes a título lucrativo en la pieza relativa a los contratos del Ayuntamiento de Sevilla, por haberse beneficiado “de la conducta delictiva amañada por las personas investigadas” en las cantidades de 159.839,36 y 155.000 euros, respectivamente.

Dice el magistrado que tanto PSOE como IU, con las maniobras de los imputados “consiguieron que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios de los que se beneficiaron (PSOE) o percibieron directamente distintas cantidades (ambas organizaciones)”. De este modo, indica, el PSOE resultó beneficiado en un importe de 159.839,36 euros e IU por 155.000 euros.

Explica el auto que tres de los investigados, José Manuel García Martinez, Antonio Rodrigo Torrijos y Antonio Miguel Ruiz Carmona -el que fuera representante de IU en la comisión de Mercados Ambulantes del Ayuntamiento-, “recibieron un total de 155.000 euros de Fitonovo SL para Izquierda Unida", a cambio de las adjudicaciones que los dos primeros les procuraron, significativamente en relación con los expedientes relativos a la instalación de césped en 11 campos de fútbol (por importe de 6.966.320,8 euros), siendo concejal de Juventud y Deportes José Manuel García (IU) y primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos. Fitonovo pagó esos 155.000 euros en dos pagos, de 70.000 y 85.000 euros, realizados los días 30 de marzo de 2010 y 18 de febrero de 2011. La primera de las mordidas se entregó a Antonio Miguel Ruiz Carmona "en una caja de zapatos", precisa el instructor.

El juez dice que José Manuel García "habría intervenido decisivamente, como dirigente de Izquierda Unida, en connivencia con otros dirigentes como Antonio Rodrigo Torrijos, en recibir para el partido determinadas dádivas en compensación a la adjudicación a Fitonovo de los contratos" de esos 11 campos de fútbol.

Por su parte, el ex asesor del grupo socialista y ex director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño y el ex edil del PSOE Manuel Gómez Lobo, "de igual manera consiguieron de Fitonovo SL, a cambio de las adjudicaciones ilícitas y un permanente trato de favor hacia la empresa”, asumiera “el pago de las obras que se hicieron en la Agrupación Local Macarena del Partido Socialista Obrero Español, así como otros pagos en efectivo”. En este sentido, señala que Fitonovo, "parapetado tras facturas emitidas por Klevin S.L." -empresa dedicada a la desratización-, pagó determinadas obras en la sede de esta agrupación local por importe de 6.839,36 euros, "en compensación por la adjudicación de distintos contratos públicos" por parte de Domingo Enrique Castaño y de Manuel Gómez Lobo, y de la "influencia de estas personas en otros funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla".

Pagos de 30.000 euros al PSOE

Del mismo modo, como "compensación" por el incremento importante de Fitonovo en la facturación, el Ayuntamiento hispalense, a "requerimiento de Gómez Lobo", se abonó por Fitonovo al PSOE el 9 de mayo de 2007 la suma de 30.000 euros. "Pagos con el mismo objeto al Partido Socialista se sucederían entre 2006 y 2009 en diferentes cantidades que oscilarían entre 30.000 euros y 60.000 euros, con la denominación en la Caja B de Fitonovo de Langostinos Maera, aludiendo a una reunión de periodicidad mensual que habría en dicho establecimiento a la que acudían Gómez Lobo y González Palomo, de Fitonovo, llegándose a abonar, según consta en los archivos de la Caja B la suma de 123.000 euros", asevera el instructor.

El juez, que declara la competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para enjuiciar este caso, atribuye sendos delitos de prevaricación y cohecho continuados a Torrijos, García y a Antonio Miguel Ruiz Carmona; cinco delitos continuados de cohecho y cinco delitos de tráfico de influencias al ex jefe de servicio de Parques y Jardines Francisco Amores Carredano, el ex asesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, el ex edil Manuel Gómez Lobo, el ex responsable de conservación del Parque de María Luisa Francisco Luis Huertas Rodríguez y a Joaquín Peña Blanco; otro delito de cohecho activo al capataz de jardinería del servicio de Parques y Jardines Manuel Pineda Cabanilla; dos delitos de cohecho activo a José Gutiérrez Alonso y Juan José López Collado, responsable de la ejecución de las obras del Parque Guadaíra; y dos delitos de tráfico de influencias cometido por particular a Carlos Alfonso Lozano Pastrana y Juan Antonio Salas Romero de la Osa, ambos comercial y administrado de la entidad Albaba, respectivamente.

El juez ha acordado, no obstante, el sobreseimiento parcial contra varios acusados por delitos de prevaricación continuada, fraude a las administraciones públicas y falsedad en documento mercantil, que se atribuían entre otros a Domingo Enrique Castaño y Manuel Gómez Lobo, "obligado por la ausencia de acusación por parte del fiscal", critica el magistrado.

Entre los hechos que serán enjuiciados, el juez destaca la adjudicación de un contrato por importe de 500.000 euros sobre riesgo del Parque de María Luisa (expediente 28/2005), cuya adjudicación se obtuvo por la intermediación de Domingo Enrique Castaño y del jefe de sección de Conservación y Mantenimiento del servicio de Parques y Jardines Francisco Amores Corredano. Dice el juez que Castaño y su esposa habrían recibido durante el periodo investigado "dinero de origen desconocido" por valor de 303.458,52 euros, un incremento patrimonial que "pudo tener lugar por regalos y cobros de comisiones ilícitas" cuando Castaño fue director de Vía Pública, "o a consecuencia de dicho cargo, el cual tuvo que relacionarse para la adjudicación de contratos con numerosas empresas destinadas al mantenimiento de la vía pública".

También señala la adjudicación durante años -nueve contratos- del mantenimiento y prestación de servicios del parque periurbano La Corchuela, por importe de 1,5 millones, y sobre todo la adjudicación del macrocontrato 400/12, de 48 millones de euros, en el que Fitonovo resultaría "favorecida de manera importante" al adjudicarse tres lotes a través de sociedades instrumentales.

En cuanto al ex director de Medio Ambiente Joaquín Peña, el instructor dice que "influiría" en Francisco Amores para que, en este macrocontrato, "favoreciera a la entidad Albaba", de la cual era comercial "su amigo personal" Carlos Alfonso Lozano. Peña, prosigue el auto, "impediría la labor de control e inspección sobre la ejecución del contrato", a sabiendas de que la cesión de Aldilop a Albaba no había sido consentida por el Ayuntamiento, e intervino en las negociaciones entre Fitonovo que concluyeron con la venta a Conversa de su participación en la UTE por importe de 410.000 euros. "Cinco días más tarde, Joaquín Peña adquiriría un Volkswagen Passat por importe de 21.046 euros, del que únicamente abonó 6.600 euros al concesionario", según el juez, que también le acusa de favorecer a Albaba en los contratos menores.

En el auto, el juez fija fianzas 8.000 euros para Torrijos, José Manuel García y Antonio Miguel Ruiz Carmona; de 319.458,52 euros para Domingo Enrique Castaño; 16.000 euros para Gómez Lobo y Joaquín Peña; 649.531,63 euros para Francisco Luis Huertas; 106.763 euros para Francisco Amores, entre otros.

88 investigados en las siete piezas separadas

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral en total contra 88 personas, muchas de ellas cargos públicos, funcionarios y técnicos, en las siete piezas que integran el denominado “Caso Fitonovo” de corrupción o también conocido como la operación "Madeja", en relación con la infraestructura conformada en torno a la empresa Fitonovo dirigida a la obtención de contratos de manera irregular mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos en una actuación que se prolongó durante más de quince años.

En siete autos, uno por cada pieza que ahora envía a juicio a la Sala de lo Penal y que se instruyó inicialmente el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla por parte de la juez Mercedes Alaya, el magistrado abre juicio oral contra las personas y por los delitos consignados en sus escritos de acusación por la Fiscalía y la Abogacía del Estado: organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a la administración pública, blanqueo, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.

El instructor, que da un plazo de veinte días para presentar los escritos de defensa, impone fianzas de responsabilidad civil que llegan en algunos casos hasta los 13 millones de euros, con el fin de cubrir las eventuales cantidades a satisfacer en caso de condenas.

El juez reprocha la falta de acusación de la Fiscalía

A lo largo de sus resoluciones el magistrado reprocha a la Fiscalía y, en menor medida a la Abogacía del Estado, la falta de acusación respecto de algunos investigados, lo que obliga al sobreseimiento, así como que no acuse por determinados delitos a varios de ellos pese a los indicios acumulados en la instrucción.

Explica De la Mata en la pieza principal, en relación con los asesores jurídicos, financieros, fiscales y societarios, que diseñaron, planificaron e implementaron toda la estrategia criminal blanqueadora de los restantes acusados y les asesoraron durante todo el proceso de blanqueo de capitales que se llevó a cabo exactamente en la forma en que estos profesionales planificaron y, sin embargo, “el Fiscal y la Abogacía del Estado no formulan acusación por este delito contra estas personas”.

“Esto es difícilmente comprensible”, subraya el juez, quien añade que concurren múltiples indicios de que varios de los investigados “diseñaron, planificaron e implementaron la estrategia de blanqueo de la familia González Baro. Les asesoraron de extremo a extremo, en todos los puntos de esta estrategia criminal, y cuidaron de que se llevara a cabo. Pese a ello, el Fiscal y la Abogacía del Estado no formulan acusación contra estas personas. En el caso de la Abogacía del Estado, les acusa como miembros de la organización criminal, y expresa que cada uno de ellos ”.

En el caso del fiscal, continúa el auto, “ni siquiera menciona a estas personas en su escrito de acusación, pese a su relevantísima participación, no sólo en las operativa de blanqueo, sino en todas las desarrolladas por la organización criminal. Su actuación protagónica en este ámbito blanqueador, pese a todo, queda fuera del ámbito de la acusación y, como se ha indicado ya en varias ocasiones, tampoco en este caso, obligado por esta circunstancia, es posible abrir el juicio oral en relación con estas personas por este delito”.

El juez señala igualmente en otras de las piezas separadas la falta de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Una estructura para conseguir contratos públicos de manera irregular

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 explica a lo largo de los autos que la dirección de Fitonovo SL creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.

La prolongación en el tiempo de las prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados, prosigue el magistrado “llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal”.

Continúa relatando que la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos quince años, afectando a múltiples Administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades. De hecho, apunta, “esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias”.

“Así, crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se ocupaba de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas y del interés público en una adecuada prestación de los servicios, además de un grave daño al orden socioeconómico, al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública, pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama”, subraya De la Mata.

En añadido, prosigue el instructor, la dirección de la trama criminal creó otras empresas (FIVERDE, AGROPOMBO, ANGORO, GRANTALIS, etc.), ya como sociedades patrimoniales donde residenciar sus ganancias, ya como sociedades pretendidamente comerciales, pero que se empleaban para articular concurrencias ficticias en procedimientos públicos de contratación o para adjudicaciones públicas cuando no era deseable que apareciera como tal la sociedad Fitonovo.

Dentro de esta operativa y dado que el pago de comisiones a funcionarios como compensación de las conductas anteriores no podía justificarse de forma lícita, dice el juez, el mecanismo establecido para el pago de los sobornos constituía otro importante engranaje de la organización criminal. Para ello, la empresa Fitonovo SL tenía constituida una caja B que se nutría de facturación falsa con un gran número de empresas suministradoras o proveedoras de aquella, operaciones que se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios.