El TSJA reprueba a Alaya y le recuerda el "compromiso" de los jueces con la Justicia

El TSJA y su presidente, Lorenzo del Río, bajaron finalmente a la arena para responder con firmeza a las duras críticas realizadas por la magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya, que ha cargado últimamente contra todos: los jueces, la Justicia, los fiscales y hasta con los imputados en las macrocausas a los que ampara la presunción de inocencia al no existir en la actualidad ninguna sentencia. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reprobado hoy las recientes declaraciones de Alaya, a la que ha recordado expresamente que entre las obligaciones de todos los jueces está el “asumir un compromiso activo” con el buen funcionamiento del sistema judicial, lo que cuestiona precisamente las críticas de la magistrada.

El Alto Tribunal andaluz tomó conocimiento en su reunión de este martes del acuerdo de la junta de jueces de Sevilla del pasado 24 de mayo, en el que la totalidad de los jueces de Instrucción de Sevilla rechazaban las críticas de Alaya a los jueces de refuerzo que la acompañaron durante la instrucción de las macrocausas y a la juez María Núñez Bolaños; y también trató la queja que ha presentado por el mismo asunto el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, uno de los 22 ex altos cargos de la Junta que se sientan actualmente en el banquillo de los acusados en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE.

Tras analizar ambos escritos, la Sala de Gobierno del TSJA ha redactado un acuerdo en el que pone de manifiesto que es “obligación de todo juez asumir un compromiso activo con el buen funcionamiento del sistema judicial, así como promover en la sociedad una actitud de respeto y confianza en el Poder Judicial, debiendo conducirse de manera prudente, moderada y respetuosa con todos los poderes del Estado”.

El TSJA ha decidido asimismo trasladar el acuerdo de la Sala de Gobierno al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se incluirá tanto las quejas de la junta de jueces en el que expresaban el “profundo malestar” y su rechazo a las manifestaciones de la magistrada de la Audiencia, como las del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez. En el escrito de Manuel Gómez, este ex alto cargo investigado por los ERE, considera “erradas y desafortunadas” las manifestaciones de la juez Alaya, dado que, a su juicio, “podrían crear un estado de opinión y condicionar al tribunal sentenciador de un asunto que ha sido instruido por la propia juez”.

Además de las críticas de la junta de jueces de Sevilla y el acuerdo del TSJA, el Consejo Fiscal también se ha posicionado ante las declaraciones de Alaya, las últimas con motivo de una conferencia en el club siglo XXI de Madrid, que llevaron al órgano consultivo del fiscal general del Estado a denunciar el “menosprecio” y el “absoluto desconocimiento” de la magistrada sevillana con respecto a lo que representa la institución del Ministerio Público. El Consejo Fiscal acordó remitir las declaraciones de Alaya al CGPJ, por si los hechos “fueran constitutivos de expediente disciplinario”.

El asunto de las declaraciones ya ha sido tratado en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde al menos un vocal ha planteado ya en dos ocasiones la cuestión en el turno de ruegos y preguntas –fuera de lo que es el orden del día ordinario de cada sesión–, para que se examinara si cabía alguna actuación por parte del Consejo ante las duras declaraciones de la magistrada sevillana.

La Comisión requirió entonces la opinión del promotor de la acción disciplinaria, que analiza la actuación y conducta de los jueces y magistrados para determinar si las mismas podían ser constitutivas de una infracción disciplinaria, pero el promotor concluyó que las manifestaciones de la juez “no eran encajables” en ninguno de los supuestos contemplados dentro de las faltas disciplinaria.

El promotor apuntó, de otro lado, que las personas que se consideraran “agraviadas” por las intervenciones de la juez podían acudir a los tribunales para denunciar posibles injurias o calumnias, como cualquier ciudadano.

Aunque el promotor no ha visto motivos para que el Consejo investigara las declaraciones de Mercedes Alaya, la cuestión sí que ha generado cierto debate en el seno de la Comisión Permanente, cuyos vocales se han planteado si, descartada la vía disciplinaria, el asunto podría tratarse en la primera Comisión de Ética Judicial que está creando actualmente el Poder Judicial.

Pero una vez descartada la vía disciplinaria, todo apunta a que las quejas por las intervenciones públicas de Mercedes Alaya tienen un recorrido muy corto, por lo menos en relación a las últimas manifestaciones, con independencia de lo que pueda ocurrir si se pronuncia en el futuro en términos similares.