El Supremo traslada la causa de los ERE al ponente para su estudio

Cuando está a punto de cumplirse el segundo aniversario de la sentencia que condenó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el escándalo de los ERE, el Tribunal Supremo acaba de mover ficha en los recursos presentados por las defensas de los ex altos cargos que fueron condenados por la Audiencia de Sevilla por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la concesión de 680 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el periodo 2000-2009. En una escueta providencia, el Alto Tribunal ha acordado dar traslado de la causa al magistrado ponente, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, para su "estudio".

La providencia de la Sala Segunda del Alto Tribunal llega varios meses después de que la Fiscalía del Supremo se opusiera a los recursos presentados por la defensa de los 19 ex altos cargos de la Junta condenados por la Audiencia de Sevilla en su sentencia del 19 de noviembre de 2019.

En su escrito, la Fiscalía del Supremo mantiene la tesis de que hubo un “plan” preconcebido para materializar la disposición de fondos públicos en la Junta de Andalucía durante una década y que ese plan fue una decisión “colectiva”, “colegiada”, y “compartida” de los gobiernos andaluces presididos por los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de los demás ex altos cargos condenados.

En un extenso escrito de 789, los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar piden al Tribunal Supremo que ratifique íntegramente la sentencia del denominado “procedimiento específico” de los ERE, en la que fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta, entre ellos Griñán a 6 años y 2 días de prisión y a inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días por un delito continuado de prevaricación en concurso ideal con otro de malversación de caudales públicos, mientras que Manuel Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

Tras el escrito de la Fiscalía, la Sala Segunda volvió a dar un trámite a las defensas para que se opusieran al planteamiento del Ministerio Público, y ha sido ahora, varios meses después, cuando se ha dictado la providencia en la que se da traslado de las actuaciones al magistrado ponente para su estudio.

A partir de ahora, el ponente necesitará varios meses para el estudio detallado de la macrocausa, teniendo en cuenta que sólo la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia tiene una extensión de 1.821 folios, a la que hay que sumar todos los recursos de los 19 ex altos cargos así como el escrito de la Fiscalía, además de los miles de folios que contienen las actuaciones.

El ponente tiene además que pronunciarse sobre si se convoca una vista para la exposición de los recursos de casación, como han solicitado varias de las defensas, o se fija directamente una fecha para la deliberación por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En cualquier caso, todo apunta a que la sentencia definitiva de los ERE no se conocerá hasta principios de 2022 en el mejor de los supuestos.