La juez acusa a Solidaridad del Taxi de crear un “grave perjuicio” a la ciudad por el monopolio del aeropuerto
Macrocausa de la mafia del Taxi
Le atribuye delitos de asociación ilícita, coacciones y daños por haber constituido una “organización delictiva” para mantener el control del servicio del taxi en el aeródromo
Una imputación contundente y de especial gravedad. La juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, que investiga la macrocausa de la mafia del taxi, ha atribuido este jueves a la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi delitos de asociación ilícita, coacciones y daños, en una de las piezas en las que se investiga el monopolio de la parada del aeropuerto de Sevilla, así como las coacciones y daños causados a otras empresas del sector del transporte, como los Vehículos de Transporte Concertado (VTC), los autobuses públicos de la empresa municipal Tussam y al propio aeropuerto de Sevilla. Para la juez, la asociación forma parte supuestamente de una “organización delictiva” para mantener el control del servicio en el aeródromo sevillano, lo que a su juicio ha ocasionado un “grave perjuicio” tanto al sector del transporte como a la “ciudad en general”.
Ante la instructora ha comparecido esta mañana el presidente de Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras, en su condición de representante legal de esta asociación, a la que la juez ha citado como persona jurídica en calidad de “investigada”.
La magistrada ha realizado a la asociación una imputación formal que incluye tres delitos graves. La juez ha imputado a Solidaridad del Taxi en los términos de “constituir una organización delictiva que sirva de soporte o cauce a la finalidad perseguida de mantener el monopolio en el servicio de recogida de pasajeros en el aeropuerto de Sevilla, en perjuicio del resto de los profesionales del sector y de los demás sectores de transporte público, tanto de vehículos con conductor como incluso los servicios municipales”.
Dice la juez que la asociación ha “fomentado y mantenido conductas y situaciones constitutivas de delitos de daños y coacciones esencialmente, así como sustentándolo en el establecimiento de una estructura interna jerarquizada con un régimen de imposiciones de sanciones, tanto económicas de privación de participar en ese servicio monopolizado temporalmente, con unas normas, catálogos de conductas, ni publicados ni aprobados en forma alguna”.
También considera la instructora que la asociación, como persona jurídica, ha dirigido conductas para la constitución de tales fines “contra la dirección del propio aeropuerto y contra las instituciones municipales y empresas públicas de transporte, manteniendo en su poder material y documentos de origen ilícito hallado en el registro practicado en su sede, relativo incluso a agentes de la Policía Local y al régimen de multas y sanciones municipales, implicando todas estas conductas un grave perjuicio al sector del transporte y a la ciudad en general”.
Tras la lectura de la imputación formal al representante de Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras se ha acogido a su derecho a no declarar, como ya hiciera cuando fue investigado inicialmente a título individual en esta macrocausa. A la salida de la declaración, Filgueras ha comentado a los periodistas que si no declaró con anterioridad no tenía sentido hacerlo ahora, cuando ha acudido como representante legal de Solidaridad del Taxi. El presidente de la asociación ha anunciado, asimismo, que en menos de un mes se jubilará.
De otro lado, la juez ha realizado recientemente un ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento de Sevilla para que se persone en la causa en calidad de “perjudicado”, una decisión que esta asociación ha recurrido porque entiende que el Ayuntamiento no es perjudicado en este proceso y además entiende que el ofrecimiento de acciones al Consistorio añade un “plus de presión” al macroproceso de la mafia del Taxi.
El Ayuntamiento esperará a contar con un informe favorable de los servicios jurídicos para personarse en la macrocausa
El Ayuntamiento de Sevilla esperará a contar con un informe favorable de los servicios jurídicos para personarse en la macrocausa judicial contra la mafia del taxi que instruye el juzgado de Instrucción número 8.
Fuentes municipales confirmaron ayer a este periódico que el asunto ha sido ya traslado a los servicios jurídicos municipales, por lo que “si se cumplen los requisitos y es posible, el ayuntamiento se personará” en las actuaciones.
Las mismas fuentes señalaron que el gobierno local “seguirá en todo momento” las indicaciones de los servicios jurídicos al respecto, por lo que, precisaron, el Ayuntamiento está a la espera de ese informe favorable para hacer efectiva la personación en el macroproceso judicial que, por primera vez desde hace décadas, intenta esclarecer posibles delitos relacionados con el control de la actividad del taxi en el aeropuerto, hechos a los que se han sumado los recientes actos vandálicos contra conductores y vehículos de las empresas de VTC.
La juez Reyes Flores, en una providencia dictada el pasado 17 de agosto, acordó realizar el “ofrecimiento de acciones como perjudicado” al Ayuntamiento de Sevilla, una vez que, según aprecia la instructora, “constan en las actuaciones una infracción e incumplimiento de instrucciones y normativa municipalen la materia”.
Dice la juez que el Ayuntamiento “podrá personarse en forma a los efectos oportunos”, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con este ofrecimiento, la instructora brinda la posibilidad al Ayuntamiento de que ejerza la acusación en un proceso que afecta claramente a la competencia municipal, en relación con la aplicación de los turnos rotatorios para el servicio del taxi en el aeropuerto.
Desde la asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, cuyos responsables figuran como investigados en las actuaciones, explicaron que han recurrido el ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento, al estimar que el Consistorio no puede ser considerado como perjudicado y por entender que esta decisión añade un “plus de presión” a la macrocausa abierta.
El artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho podrán “mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito y ejercitar las acciones civiles que procedan, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones”.