Los LAJ y los graduados sociales piden medidas contra el “colapso” de lo Social

El Colegio de Graduados Sociales de Sevilla se adhirió este miércoles a la petición de refuerzo lanzada por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) de los Juzgados de lo Social ante la “penosa situación de los señalamientos”, con juicios señalados para 2025 y los preferentes para 2023.

En un comunicado, el colegio profesional afirma que “este colapso crónico se está viendo todavía más agravado por la conflictividad laboral que está ocasionando la pandemia”, por lo que exige “medidas urgentes para solucionar el colapso de la Jurisdicción Social” y se suma a la petición de refuerzo de los LAJ de los Juzgados de lo Social sevillanos ante la “penosa situación de los señalamientos”.

Los LAJ han solicitado a la Sala de Gobierno del Tribunal de Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), entre otras medidas, la creación de nuevos órganos judiciales como viene indicando el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial desde hace varios años, o la reconversión de órganos de lo Contencioso-Administrativo, que actualmente tiene un índice de entrada de 300 asuntos anuales.

El Colegio de Graduados Sociales exige “medidas urgentes que permitan solucionar la insostenible situación de colapso que sufre la Jurisdicción Social en Sevilla”, pues los juicios señalados para 2025 “impiden cumplir con los derechos de la ciudadanía a tener una tutela judicial efectiva y rápida y un cumplimiento real de la Justicia Social”.

José Ramón Barrera, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, afirma que el Covid “no ha hecho sino agravar la situación de colapso crónico que venimos sufriendo todos los profesionales que trabajamos en la Jurisdicción Social”.

“Es inadmisible -añade- que temas de especial sensibilidad para el ciudadano como pueden ser despidos o cobros de prestaciones no se señalen hasta dentro de tres o cuatro años. Y más en esta situación de inseguridad y conflictividad laboral que está provocando la crisis del coronavirus”.

“No puede ser que los señalamientos para despidos y procesos de tramitación preferente se estén dando para 2023”, añade Barrera en referencia a la denuncia de los LAJ.

“Los profesionales de la Jurisdicción Social estamos día tras día dándonos de bruces con la falta de acción por parte de las administraciones para poner una solución real que asegure el cumplimento efectivo de todo lo que se está legislando e impide el derecho de la ciudadanía a una justicia de calidad, que tiene que ser el fin que persigamos todos”, señala Barrera en el comunicado.

Añade que esto ocurre no por la labor de jueces, Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, sino porque con los medios técnicos y humanos actuales es materialmente imposible abordar la cantidad de asuntos que entran o están pendientes de resolución”.

El presidente de los Graduados Sociales sevillanos recuerda que “si todas las jurisdicciones tratan temas sensibles, quizás la Social sea la que más sensibilidad conlleva” pese a ser “un pilar fundamental que compone el estado social y de derecho”.

“Estamos hablando de salarios impagados, indemnizaciones por despido o prestaciones de Seguridad Social que deberían resolverse con celeridad, pues hablamos del sustento económico de las familias”, según Barrera.