Serrano asegura que no tiene "nada que ver" con las ayudas de seis millones en Extremadura
Fraude de subvenciones
El ex líder de Vox en Andalucía sostiene que esas subvenciones las pidieron sus ex socios "un año y medio después" de que él se desvinculara de todas las sociedades en las que había participado junto a ellos, en octubre de 2017.
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La UDEF investiga a Serrano y sus ex socios por otras subvenciones de seis millones en Extremadura
El ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano, que está siendo investigado por las ayudas de 2,5 millones que el Ministerio de Industria le concedió a él y a sus ex socios para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla (Huelva), ha asegurado que no tiene "nada que ver" con la petición de otras subvenciones por importe de seis millones solicitadas a la Junta de Extremadura.
En un atestado, la UDEF sostiene que uno de los socios de Serrano, Enrique Pelegrín, llegó incluso a reunirse con el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, con el que firmó en agosto de 2017 un protocolo para el "aprovechamiento sostenible de los espacios forestales", que consistía en la construcción de tres plantas de pellets en esta comunidad autónoma.
El atestado policial añade que Francisco Serrano y sus ex socios Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros "diseñaron una estructura societaria ex profeso para recibir las subvenciones en Extremadura empleando los fondos recibidos del Ministerio de Industria a través del Plan Reindus, para dar la impresión de ser una empresa de gran solvencia". Posteriormente, Serrano "pretendió desligarse de la trama de irregularidades cometida con Biowood Niebla, así como de las que se estaban cometiendo en Extremadura, al reintegrarse a la carrera judicial".
Sin embargo, Francisco Serrano ha asegurado que "no es cierto" que él solicitara estas subvenciones en Extremadura. Así, explica que él "no tuvo que ver para nada en esa solicitud de nuevas ayudas para nuevos proyectos industriales en Extremadura, y todo dentro del cumplimiento de un protocolo de colaboración que firmó Enrique Pelegrín con la Junta de Extremadura. Esas ayudas la pidieron sus ex socios un año y medio después de desvincularse Serrano de todas las sociedades en que había participado junto a ellos, lo que se produjo el 4 de octubre de 2017", asevera Serrano en una nota remitida a este periódico.
Es más, Francisco Serrano, añade que las ayudas se pidieron a través de un abogado de Sevilla, "desconocido" para él a través de una sociedad, Pellets Extremadura, en la que "sólo estuvo desde julio al 4 de octubre de 2017, apenas dos meses, limitándose a participar en su constitución, como administrador de otra sociedad, Serralba, que titulaba en ese momento el 100% de participaciones de esa nueva sociedad, de la que desde su inicio, fue administrador único Enrique Pelegrín. Éste fue quien en diciembre de 2018 y como representante de esa sociedad pidió otros dos millones de ayuda al gobierno de Extremadura".
Y a través de otras sociedades constituidas "con otros testaferros en diciembre de 2018", esas sociedades obtuvieron cuatro millones de euros, dos millones cada una.
La información de las ayudas solicitada a la Junta de Extremadura, ha concluido Serrano, la pidió su propia defensa "con el fin de demostrar que los ex socios después de irse siguieron con su misma estrategia defraudatoria".
Más ayudas pedidas a la agencia IDEA
El ex líder de Vox en Andalucía también ha afirmado que ha presentado una denuncia contra su ex socios por haber solicitado ayudas a la agencia IDEA "falsificando" su firma digital, que utilizaron cuando se encontraba ya reincorporado a la carrera judicial en un juzgado de Badalona, en abril de 2018.
Según esta denuncia, los ex socios habrían conseguido su firma "clonando" su ordenador personal cuando se hizo la mudanza de su despacho, tras haberse separado de ellos en octubre de 2017.
Esta denuncia, que fue presentada en abril de este año, está siendo investigada por el juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, y en la misma Serrano atribuye un delito continuado de falsedad de firma ológrafa y digital en documentos públicos del artículo 392 del Código Penal.
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