La sentencia de los ERE cifra el fraude en 680 millones de euros

La Audiencia de Sevilla ha cifrado el fraude de los ERE en 679.432.179,09 euros, la misma cantidad que al final del juicio estableció la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de conclusiones definitivas, pero en la sentencia no se fija ninguna responsabilidad civil porque el propio Ministerio renunció a las mismas al "haberse reservado expresamente la representación procesal de la Junta de Andalucía el ejercicio de la acción civil".

La sentencia de los ERE señala en sus hechos probados que el montante global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y 31L que se dispuso año a año, en el periodo investigado (2000-2009), para las ayudas sociolaboras y a empresas ascendió a esos casi 680 millones de euros: En el ejercicio 2000 ascendió a 6.977.751 euros; 86.022.863 euros (en 2001); 66.538.654 euros (2002); 55.646.899 euros (2003); 42.472.719 euros (2004); 73.061.471 euros (2005); 86.591.000 euros (2006); 86.656.003 euros (2007); 94.744.185,09 euros (2008) y 80.720.634 euros en 2009.

Dice el tribunal con respecto a las ayudas sociolaborales que "al no haberse publicado unas bases reguladoras de estas ayudas, que garantizase su publicidad y conocimiento general por los potenciales beneficiarios de las mismas, al no publicarse su concesión, y no registrarse, como era obligado, en la Base de datos y subvenciones de la Junta de Andalucía, se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas, un importante número de trabajadores afectados por el desempleo o/y situaciones de crisis empresarial".

Los jueces indican además que "al no establecerse el más mínimo mecanismo de comprobación de la pertenencia al colectivo afectado, de las personas beneficiarias de las pólizas, personas que nunca han pertenecido al mismo, han percibido rentas de pólizas abonadas por la Consejería de Empleo", en alusión a la aparición de los denominados "intrusos".

Y la no exigencia de justificación alguna, ni de seguimiento de la situación laboral de los beneficiarios, "permitió que un número de ellos siguiese percibiendo las rentas, aun habiéndose incorporado al mercado laboral", añade.

En cuanto a las ayudas a empresas en crisis, "al no haberse efectuado una convocatoria de estas ayudas que garantizase su publicidad y conocimiento general por los potenciales beneficiarios de las mismas, al no publicarse su concesión, como era exigida, y no registrarse, como era obligado, en el registro de la base de datos y subvenciones de la Junta de Andalucía, se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas, un importante número de empresas en situación de crisis económica". Además, un gran número de estas ayudas carecían de un objeto concreto, respondiendo a fines muy diversos, entre otros, pago de nóminas, pago de deudas, pago de minutas por asesoramientos jurídicos, pago de avales.

La Audiencia también declara probados que los fondos del programa 31L, conocido popularmente como el "fondo de reptiles", se emplearon también en fines distintos y ajenos a los recogidos en las fichas presupuestarias del mismo, entre ellos para la cesión al sistema de emergencias 112 de Andalucía de las dependencias correspondientes a la sexta planta del edificio Pabellón de Italia, la financiación del programa del voluntariado de los juegos del Mediterráneo en Almería en 2003, la financiación de las subidas salariales a los trabajadores de la limpieza pública de Granada, la colaboración en 16 muestra de artesanía y jornadas relacionadas con el empleo por municipios andaluces entre 2002 y 2004 -de los cuales 14 eran gobernados por el PSOE, uno por el PA y uno por IU, dice el tribunal-, y también para el pago de cursos de alta dirección de un centenar de personas.