El Santander investiga posibles irregularidades en la concesión de créditos por 20 millones en Sevilla

La entidad abre una exhaustiva investigación interna y suspende cautelarmente de empleo a cinco trabajadores y directivos

Los empleados implicados proceden del antiguo Banco Popular

"Se han detectado algunas operaciones de préstamos en las que algunos empleados podrían no haber seguido los procedimientos ordinarios de riesgos", señala el Santander

La oficina principal del Santander en la Avenida de la Constitución de Sevilla.
La oficina principal del Santander en la Avenida de la Constitución de Sevilla. / Juan Carlos Vázquez

El Banco Santander ha suspendido a cinco directivos y empleados de la entidad en Sevilla tras haber detectado presuntas irregularidades relacionadas con la concesión de créditos que pueden alcanzar un importe de 20 millones de euros, unas operaciones en las que no se habrían seguido estrictamente los procesos y procedimientos en la gestión de riesgos a la hora de formalizar estos préstamos.

Según han confirmado a este periódico fuentes del caso, entre los empleados que han sido apartados se encuentran el director de Riesgos de la oficina principal del banco Santander en la Avenida de la Constitución de Sevilla, así como el director de Zona, varios analistas del departamento de Riesgos y la directora de la sucursal del Polígono el Pino, a través de la cual se habría gestionado una buena parte de las operaciones bajo sospecha.

Cuatro de estos trabajadores han sido suspendidos de empleo a principios del mes de marzo, mientras se completa la exhaustiva investigación interna que ha abierto la entidad. La quinta persona supuestamente implicada está en situación de excedencia en el Santander. La investigación se centra por ahora en estas cinco personas, que proceden de la absorción del Banco Popular en 2018.

Las mismas fuentes han indicado a este periódico que las presuntas irregularidades están relacionadas con los requisitos y exigencias que el banco tenía que solicitar en determinadas operaciones, como la concesión de créditos ICO, y en las que no se habrían seguido estrictamente los procedimientos de gestión de riesgos, con lo que supuestamente fueron otorgados sin la rigurosidad documental que se exigía a la hora del análisis de las solicitudes de dichos préstamos. Se trataría de supuestos incumplimientos en las políticas y procedimiento, así como algunos errores en la documentación exigida y/o en las garantías solicitadas a clientes en algunos casos.

El importe afectado en estas operaciones estaría en estos momentos en torno a unos 20 millones de euros -otras fuentes sin embargo hablan de un importe muy superior a esta cuantía-, si bien no se ha producido ningún perjuicio o quebranto para los clientes de la entidad bancaria.

Este periódico ha solicitado información sobre este caso al Banco Santander y un portavoz de la entidad ha informado de que "se han detectado algunas operaciones de préstamos en Andalucía en las que algunos empleados podrían no haber seguido los procedimientos ordinarios de riesgos y se está haciendo un análisis interno exhaustivo de esas operaciones".

Como es habitual en esta clase de procesos, han aclarado fuentes del Santander, "se han tomado medidas cautelares consistentes en suspender de empleo a los trabajadores presuntamente implicados, sin perjuicio de otras medidas que eventualmente hubiese que adoptar a resultas del análisis en curso".

En todo caso, se trata de "operaciones específicas y las incidencias detectadas en nada afectan a los clientes del banco. Santander siempre es muy estricto en el cumplimiento de los procesos, sistemas, políticas y normativa de riesgos", han aseverado las fuentes consultadas por este periódico.

Lo cierto es que este tipo de fraudes son cada vez menos frecuentes, puesto que en la actualidad resulta más difícil escapar de los controles y de los procedimientos que establecen a nivel interno los bancos, que son capaces de detectar comportamientos anómalos con mayor facilidad, si bien esto no quita que puedan darse casos de personas que traten de saltarse esos mecanismos y, en algunos casos, lo consiguen aparentemente.

Una vez que concluya la investigación interna por parte de la entidad, no se descarta que se pudieran emprender acciones legales contra quienes pudieran resultar presuntos responsables de estas operaciones fraudulentas, si se determina que las mismas pueden incurrir en responsabilidades de índole penal, aunque desde el banco no se han pronunciado sobre estos extremos.

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