La Sala de Gobierno del TSJA se suma al rechazo a las alusiones al "lawfare"

El pacto para la investidura de Sánchez

Recuerdan que los jueces actúan "siempre sometidos al imperio de la ley y en salvaguarda de los derechos y libertades de todos los ciudadanos"

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Una reunión en Sevilla de la Sala de gobierno del TSJA.
Una reunión en Sevilla de la Sala de gobierno del TSJA. / Juan Carlos Muñoz

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se suma al rechazado a la alusiones al "lawfare" o guerra judicial en el pacto entre el PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, tras haber presentado además una ley de Amnistía por los delitos que se cometieron durante la celebración del referendum independentista del 1 de octubre de 2017.

La Sala de Gobierno del Alto Tribunal Andaluz ha mantenido este martes una reunión extraordinaria telemática para expresar su "preocupación ante las recientes iniciativas políticas plasmadas en el contenido del documento suscrito para facilitar la investidura, de enorme trascendencia y repercusión jurídica y social, que traslucen grave desconfianza en el poder judicial".

En concreto, los magistrados han acordado los siguientes tres puntos:

  1. Adherirse en su integridad al Comunicado emitido por las asociaciones judiciales en fecha 9 de noviembre pasado, al acuerdo de igual fecha adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, así como a los comunicados de los Presidentes de Audiencias Provinciales, Jueces Decanos, Salas de Gobierno de otras Comunidades Autónomas, Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
  2. Indicar que los jueces actuamos siempre sometidos al imperio de la ley y en salvaguarda de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, reconocidos en nuestra Constitución.
  3. Recordar que el principio de separación de poderes constituye un pilar fundamental de nuestro Estado democrático de Derecho, a la par que es una de las exigencias básicas en los Estados que forman parte de la Unión Europea, que debe respetarse y preservarse desde todas las instituciones públicas.
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