La alcaldesa Rosario Andújar, denunciada por su “anuencia” con una urbanización ilegal

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla ha denunciado a Rosario Andújar (PSOE) por su presunta “anuencia” en el desarrollo de una urbanización ilegal, donde pese a conocer la parcelación ilegal la única actuación municipal consistió en un “mero reflejo documental”.

La Fiscalía, en un escrito dirigido al juzgado de Osuna, denuncia a Rosario Andújar y a quien fuese responsable del control del suelo no urbanizable (delegado de Urbanismo o de Medio Ambiente) entre 2018 y 2020. Pide además que la Guardia Civil identifique a quienes hayan sido alcalde desde 2011 (la propia Andújar lo es desde 2007 de forma ininterrumpida) y concejal de Urbanismo desde ese año.

La denuncia, a la que tuvo acceso este periódico, se produce a raíz de un atestado de julio de 2019 de la Guardia Civil donde se advertía de la proliferación de construcciones ilegales en una parcela del polígono 129, donde se ha levantado una urbanización denominada “Los Enredaderos” en un suelo calificado como no urbanizable.

En el pasado, recuerda la Fiscalía, se llevaron a cabo actuaciones por parte del Ayuntamiento frente al parcelador José C.N. y se dictaron “medidas de suspensión y restauración de la legalidad”.

Pero “a la vista de la evolución actual de las construcciones”, esas actuaciones “tuvieron un mero reflejo documental. Ningún acto material de restauración fue ejecutado, ni ordenada la eliminación de las subdivisiones al parcelador ni ejecutado subsidiariamente por el Consistorio”.

Una nueva inspección del Seprona de la Guardia Civil en julio de 2018 “ha advertido de la existencia de numerosas casas tipo chalet, algunas de ellas en fase de construcción y muchas finalizadas” e incluso se ha comprobado que algunas de las parcelas “ocupan en parte zona de policía y servidumbre del arroyo de Los Enredaderos”.

Nuevas inspecciones en noviembre de 2019 “han confirmado la existencia de numerosas edificaciones en distinto estado evolutivo, que no han sufrido ninguna interrupción por el Consistorio pese a conocer desde 2011 la existencia y desarrollo de la urbanización ilegal” y “el resultado de todo ello ha sido la consolidación de un núcleo poblacional en pleno suelo rústico con la anuencia del Consistorio”.

Los hechos podrían constituir un delito contra la ordenación del territorio, por lo que la Fiscalía pide al Seprona que entregue al juzgado un informe al juzgado sobre sus actuaciones y realice un atestado completo sobre la actuación municipal en la urbanización.