Rofa: “Rivera me dijo que me fuese a coger mariposas a Huelva”

El séptimo juicio de los ERE, relativo a las ayudas que recibió Industrias Elizana, permitió revivir este martes la pésima relación entre uno de los acusados, el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, y su ex asesora técnica María José Rofa, a la que echó del departamento por falta de confianza cuando comenzó a revisar de oficio los expedientes de ayudas ante las primeras sospechas de irregularidades. La mujer clave en la investigación de la macrocausa, por la colaboración que prestó a la magistrada Mercedes Alaya y la Guardia Civil, rememoró cómo fue reubicada en marzo de 2011, casi un año después de que Rivera sucediese en el cargo a Juan Márquez, tras recibir “amenazas de potencial despido y algunas cosas más gruesas”. “Después me dijo por teléfono que me fuera a coger mariposas en Huelva”, añadió. En esa provincia trabajó la también abogada cuando dejó la Dirección General de Trabajo.

Rofa compareció como testigo ante la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en la tercera sesión de la vista por las ayudas de 1.150.000 euros que la Junta concedió a Elizana, una empresa de Lucena (Córdoba) dedicada a la fabricación de muebles. Acudió junto a su abogada, pero esta no se sentó a su lado. El tribunal había dispuesto para ella una silla junto a su clienta, como hace cada vez que declara alguna persona incursa en un procedimiento judicial vinculado a la macrocausa, pero la fiscal de Anticorrupción hizo ver al presidente de la Sala que Rofa ya está libre de todo riesgo y no aparece ni como investigada ni como acusada en ninguna pieza. En su día llegó a estarlo en siete. “Sólo estoy pendiente de una sentencia por reclamación de cantidad contra la Junta”, confirmó la propia testigo.

La demanda fue presentada a principios de 2019 por el entonces nuevo Gobierno del PP y Cs. Era la primera vez que la Junta actuaba contra un antiguo asesor de Trabajo. Hasta entonces, los objetos de las denuncias eran los directores generales que autorizaron los pagos y los administradores de las empresas beneficiarias de las ayudas. Rofa incluso envió un escrito a Juan Marín, en ese momento vicepresidente de la Junta, para solicitarle el amparo de la Administración frente a la “represalia” y el “atropello” que consideraba que estaba sufriendo. También recordaba que estar investigada en siete piezas separadas de los ERE había supuesto un “coste económico, físico y psíquico” inaudito, teniendo en cuenta que lo único que había hecho era “contar la verdad y no mantener el silencio”. En concreto prestó 32 declaraciones judiciales y fue interrogada diez veces por la Guardia Civil.

Además de Rofa, también intervino ayer como testigo Juan Márquez, excluido de las piezas separadas por haber sido juzgado en la política. “Nunca jamás tuve acceso a un expediente tramitado con anterioridad a mi mandato”, aseguró el ex director general de Trabajo. La ayuda a Elizana, de hecho, fue comprometida por su predecesor, el ya fallecido Javier Guerrero. “No era mi cometido hacer un seguimiento de la ayuda, para eso había técnicos. Eran ellos los que revisaban la documentación, yo tenía que confiar en ellos”, agregó