La Guardia Civil investiga si el envío de jamones se producía a cambio de favores de agua en el Viar

Compraron jamones valorados en 500 euros para regalárselos a trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y tuvieron la genial idea de enviarlos a través de una empresa de mensajería, dejando un rastro imborrable de un presunto cohecho. Esto es lo que ha descubierto la Guardia Civil en el marco de la investigación desarrollada en relación con las presuntas irregularidades relacionadas con la Comunidad de regentes del Viar, en la que, a cambio de regalos como estos jamones con denominación de origen, se estaría beneficiando supuestamente a varios miembros de esta comunidad que habrían llevado a cabo un consumo excesivo de agua más allá de la cifra oficialmente declarada.

En esta causa, tal y como adelantó Diario de Sevilla, figuran como investigados varios funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), entre ellos el que fuera presidente del organismo de cuenca Manuel Romero Ortiz -y luego jefe de Área de Patrimonio-.

La Guardia Civil ha acreditado el destino de tres de estos jamones, que fueron enviados a través de la empresa de mensajería MRW desde la Sociedad Cooperativa Valle de los Pedroches (Covap) de Pozoblanco donde se adquirieron. Según consta en la factura, los cuatro jamones de "bellota 100% ibéricos" fueron adquiridos por un total de 1.896,80 euros, casi 500 euros cada uno. Y en las conversaciones grabadas, los directivos de la comunidad de regantes comentan que tiene unos siete kilos y bromean diciendo que es "un violín perfecto".

En el atestado remitido al juzgado, al que tuvo acceso este periódico, se señala que uno de los receptores de uno de los jamones fue Joaquín del Campo Benito, director adjunto de la CHG, mientras que otro fue enviado a José Manuel Marcos Méndez, jefe de Área de la Zona IV de la CHG, quien firma un escrito el 13 de marzo de 2020 en el expediente de la cesión demanial de la finca Las Arenas, ante la solicitud de la secretaria general, Consolación Vera, para que informe sobre la autorización demanial del aprovechamiento de dicha finca.

El funcionario José Manuel Marcos Méndez realizó además un informe con fecha 13 de marzo de 2020 en el que comunicaba que los metros cúbicos de agua consumidos por la comunidad de regantes del Viar ascendían a 39.344.520 m3, de los cuales 361.149 m3 obedecían a los riegos extraordinariosde la campaña de 2018, esto es, por las fincas de la margen derecha. Sin embargo, los investigadores consideran que estos datos "no son reales", teniendo en cuenta las investigaciones practicadas, así como la "ausencia de inspección" por los miembros de la Confederación y la declaración del comisario de Aguas, quien en varias ocasiones señala que "no se discrimina el consumo de agua de la margen izquierda y la derecha".

Ambos funcionarios han negado en sus declaraciones haber recibido esos regalos. Uno de los funcionarios, José Manuel Marcos, aseguró en su declaración que el jamón "no ha llegado a su domicilio y en el caso de que llegara, los regalos los rechaza inmediatamente", mientras que el otro, Joaquín del Campo cuyo nombre figura en el envío del regalo -supuestamente para favorecer una encomienda de gestión de 25 años para la fin de las Arenas-, afirmó que no ha recibido dicho jamón.

Sin embargo, el vicesecretario de la comunidad de regantes, M. B. P., también investigado, indicó que conoce que "históricamente se compran jamones a miembros de la CHG, desde la comunidad de regantes".

En la denuncia de la Fiscalía que motivó esta investigación judicial, el Ministerio Público sostiene que el consumo real de agua en la campaña de 2018 ascendió a 1.602.185 m3 frente a los 361.149 m3 que recoge el jefe de área de la Zona IV de la CHG que fueron consumidos por los regantes de la margen derecha de la zona regable del Viar. El volumen consumido real es, por tanto, cinco veces superior al que recoge el funcionario. En este punto, el atestado de la Guardia Civil insiste en que los m3 de agua consumidos en los riegos extraordinarios por los regantes de la margen derecha y que se recogen en el expediente, según el escrito firmado por el mencionado jefe de Área "no son reales", al tiempo que "no constan actas de inspección realizadas en el año 2018, por lo que no se han comprobado las lecturas de los contadores" y se han detectado otras circunstancias "inverosímiles", como que en una de las fincas coincidieran las lecturas inicial y final, lo que implicaría que no había consumido agua para el riego de los cítricos en la campaña de 2020.

La investigación se inició por parte de la Fiscalía de Sevilla, tras recibir una denuncia de Asaja, en la que se adjuntaban una docena de grabaciones realizadas a los responsables de la comunidad de regentes del Viar. Precisamente en una de esas conversaciones se hace referencia a la adquisición de cuatro jamones comprados en Pozo Blanco el 30 de noviembre de 2019.

La investigación ha puesto de manifiesto asimismo las presuntas irregularidades relacionadas con la autorización demanial de la finca Las Arenas, para el aprovechamiento de 9,1 hectáreas de cultivo agrícola, unos terrenos que habían sido expropiados con motivo de la construcción del Campo de Experiencias, y en marzo de 2015 la comunidad solicitó la cesiñon para establecer un “centro de desarrollo experimental” de nuevas variedades de cítricos y frutales.

Según el atestado de la Guardia Civil, unos meses después de haber sacado la licitación de los terrenos por un precio anual de 8.950,54 euros, se otorga la "autorización demanial" de la finca Las Arenas a la comunidad de Regantes "sin un nuevo proceso de licitación, y con un precio anual que nada tenía que ver con el estipulado en el pliego inicial, el cual quedó desierto". Para la Guardia Civil, "sin ningún género de dudas, intencionadamente, se eludió la aplicación de la ley de contratos del sector público, interviniendo en dicho fraude en la contratación tanto el presidente de la CHG Manuel Romero Ortiz -quien posteriormente fue jefe de Área de Patrimonio de la CHG-, su pareja y secretaria general, Consolación Vera, el personal del servicio de Expropiaciones y Patrimonio de la Confederación, con la cooperación de los gestores de la comunidad de regantes que son los verdaderos beneficiarios de dicho fraude".

En el informe de los investigadores se recoge asimismo la declaración de una ex trabajadora de la comunidad de regantes, que estuvo empleada desde 2004 hasta 2020, año en que fue despedida, y que aportó una relación en cuanto a los "regalos o dádivas realizadas a miembros de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".

Un riesgo para las personas: "dos balsas están llenas hasta la bola"

La investigación de la Guardia Civil puso de manifiesto otros hechos que no habían sido denunciados inicialmente por un posible riesgo para las personas, debido al llenado hasta el máximo de su capacidad de dos balsas ubicadas en terrenos de la comunidad de regantes, denominadas Alamillo y Herreros.

En otra de las grabaciones que obran en la causa se hace una referencia expresa a que "las balsas están llenas hasta la bola". El informe policial explica que ambas balsas están clasificadas en la categoría B, es decir, son presas "cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden ocasionar daños materiales o medioambientales importantes o afectar a un número reducido de viviendas".

Dos técnicos de la comunidad que declararon como testigos aseguraron que el llenado de las balsas no se cumplía y así se venían llenando hasta su "capacidad máxima desde el año 2016", al tiempo que no se ha establecido un plan de emergencias ni se ha requerido por parte de la CHG. Es aquí donde la guarida Civil considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de cohecho -la entrega de dádivas o regalos-, además de un delito contra la seguridad colectiva, "por infringir las normas de seguridad establecidas cuya inobservancia pueda ocasionar resultados catastróficos y pongan en concreto peligro la vida, la integridad física de las personas o el medio ambiente".

La Guardia Civil practicó el 27 de mayo de 2021 un registro en la sede de la comunidad de regantes de El Viar, en la carretera de Alcalá del Río a Burguillos, donde intervino diversa documentación y se realizó el volcado de los correos electrónicos corporativos, además de incautar los móviles del gerente y el presidente. Al día siguiente, el 28 de mayo, se procedió a la detención y posterior puesta en libertad del gerente de la comunidad de regantes, Juan Jesús Zamudio Ranedo, y del presidente, Antonio Muñoz Cabello, mientras que se citó como investigados al resto.