La Policía no aprecia "ninguna irregularidad" en el contacto inicial del empresario con Bendodo

El contacto del empresario que ofertaba los maletines para la detección del Covid se produjo inicialmente con el consejero de la Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, con el que habló en un primer momento debido a que ambos eran vecinos de Marbella, según recoge el atestado elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, que en cualquier caso no aprecia "ninguna irregularidad" en dicho contacto.

En el atestado, al que ha tenido acceso ese periódico, los investigadores sostienen que los hechos consisten en una "proposición para cometer cohecho durante la compra de un producto sanitario ofertado por un particular a la Junta de Andalucía, que no es aceptada por el particular, y que termina poniendo en conocimiento de las autoridades, las cuales denuncian ante la Fiscalía lo acaecido". Pero esta secuencia de los hechos no es lineal, dice la Udef, sino que se han producido algunas "distorsiones provocadas por la investigación interna realizada por la autoridad en los primeros momentos de la noticia delictiva".

La Policía explica que el "contacto inicial" del empresario que ofrecía el producto se realiza con el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, a través de un familiar, pero en este primer contacto no se produjo una oferta sino una "solicitud de contacto" con los organismos y personas competentes para valorar y aceptar en su caso la oferta, y la Policía concluye que en esta fase primigenia "no se ha detectado ninguna irregularidad". El empresario y Bendodo se conocían por ser vecinos de la misma urbanización de la Costa del Sol y "tan sólo se produce una solicitud de contacto con los responsables de valorar el producto ofertado", los maletines para la realización de los test de detección del coronavirus.

La Junta tenía establecido un "procedimiento de urgencia" para la adquisición de productos sanitarios, mediante la presentación a través de una dirección de correo electrónico para su posterior estudio y valoración, pero la oferta realizada por Félix Guerrero no fue localizada en este canal de correo, sino que en este caso la oferta llegó a través de Bendodo, quien "muy probablemente remitió la oferta del producto directamente a la Consejería de Salud y Familias".

Para los agentes, el hecho de que no se haya tramitado la oferta a través del correo habilitado "no puede ser considerado una irregularidad en sí", sino que se interpreta como "una anomalía en que se atajaba por parte del procedimiento de oferta, más no de validación y valoración económica".

La Policía señala que no se ha podido averiguar como aparecen en la operación el empresario jerezano Manuel García Gallardo, que surge como "intermediario" y a través de una interlocutora suya se asegura que "tienen el mandato de la Junta para suministrar el producto", un mandato que los investigadores consideran que es "simulado".

En cualquier caso, la Policía considera que la invitación a un intermediario a que participe en la operación es "manifiesto que incrementa el coste y se produce facilitando una información obtenida con ocasión del cargo que se ejerce, lo que daría lugar a algún tipo de delito contra la Administración Pública".

Asimismo, la Udef considera acreditado el delito de cohecho, por la aparición de los intermediarios "de modo absolutamente improcedente" y la solicitud de un "incremento del precio del producto de modo manifiestamente injusto", y en este punto asegura que las grabaciones aportadas a la causa "no dejan lugar a duda sobre la ilicitud del comportamiento".

En una videoconferencia que tuvo lugar el 20 de septiembre de 2020 se solicita al empresario un incentivo "para ellos" y según los investigadores Manuel García Gallardo, una vez incluido en la operación, "trató de lucrarse de manera desmesurada, manifestando que dicha exigencia le venía dada de las personas responsables de la compra del producto", si bien asevera la Udef que son los responsables de la Junta quienes "una vez alertados trataron de esclarecer los hechos, ciertamente no del modo más inequívoco, y finalmente presentaron la denuncia en Fiscalía ante la reticencia del empresario", asevera el informe, que destaca la colaboración en el esclarecimiento de los hechos y no alberga "dudas respecto a la corrección de las actuaciones en cuanto a la regularidad de su actuación".

El negocio fracasó porque el empresario "no acepta el cohecho, de un lado, y por otro, porque aunque lo hubiera hecho, el producto no resulta aceptado".

La conclusión policial a la que llega la Udef consiste en que hay indicios suficientes para considerar la existencia de un delito contra la Administración Pública, en la medida de que el asesor del jefe de gabinete de Salud Guillermo González Pérez "invitó a participar en un negocio a empresarios ajenos al mismo, una vez tuvo conocimiento de la oferta que un tercer empresario había realizado a la consejería de Salud y Familias de la Junta", un conocimiento que se produjo "exclusivamente por razón de su cargo".