Podemos pide cuatro años y seis meses de cárcel y una multa de 9,9 millones para Francisco Serrano por fraude

La acusación popular que ejerce Podemos ha reclamado una condena de cuatro años y medio de prisión y una multa de 9,9 millones para el ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano, por su presunta participación en un delito de fraude de subvenciones relacionado con la ayuda de 2,5 millones que Serrano y sus dos ex socios recibieron del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla.

La acusación popular ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, al que ha tenido acceso este periódico y en el que reclama una condena de cuatro años de prisión para Francisco Serrano por un delito de fraude de subvenciones, y otros seis meses de cárcel por un delito contable; mientras que para Francisco Javier López Ballesteros solicita cuatro años de prisión y para Enrique Pelegrín Díaz cuatro años y siete meses de cárcel. Asimismo, reclama para todos ellos una multa de 9.956.000 euros y, en caso de impago, una responsabilidad personal subsidiaria de un año de prisión.

Además pide que en caso de condena por el delito de fraude de subvenciones se les imponga la pérdida de la posiblidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo cinco años. Y reclama que los tres acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Agencia Estatal Agencia Tributaria o al Ministerio de Industria con 2.489.000 euros.

Podemos relata en su escrito de acusación que Serrano y sus socios se "concertaron en el año 2016 con el propósito de obtener, sin contar con la debida solvencia -situación financiera y patrimonial de la que eran plenamente conscientes en todas sus fases de tramitación- un préstamo Reindus, cuyo importe (2.489.000 euros) se ha destinado para fines distintos de la construcción de un fábrica de pellets en la localidad de Niebla"

El informe elaboración por el Ayuntamiento de esta localidad onubense acredita que se han realizado obras en la nave principal por importe de 512.229,51 euros y en el edificio de oficinas por 142.621,52 euros, mientras que "el resto de las cantidades puestas a disposición para el desarrollo de las actividades para las que habían solicitado dichos fondos, se ha diluido en numerosas operaciones financieras y patrimoniales que nada tenían que ver con el objeto de la convocatoria", asevera.

Dice esta acusación que fue López Ballesteros quien presentó a Pelegrín a Serrano, a principios de 2016, y el "reparto de funciones" consistió en que Serrano, magistrado en excedencia y director del despacho de abogados, "aportaba al proyecto su condición de inversor y de sorporte jurídico"; mientras que López Ballesteros se encargaba de la gestión financiera; y Pelegrín desarrollaba igualmente la condición de inversor y de soporte técnico.

La acusación popular señala que los acusados "conocían la importancia que tenía ofrecer ante el Ministerio una imagen de solvencia porque así habían sido informados por Ecobanca, entidad asesora en el proceso" y por ello constituyen la empresa "falseando su realidad patrimonial y financiera, con la finalidad de maximizar la cuantía que podían obtener en el curso de la dictada convocatoria".

En la constitución de la sociedad, Pelegrín afirmó que aportó a la sociedad la maquinaria para la fabricación de los pellets, en concreto un secadero rotativo (que valoran en 742.800 euros) y tres granuladoras (495.200 euros) que aseguran que le pertenecen por "justo y legítimo título, que han sido adquiridas con carácter privativo, que nada adeuda por su adquisición así que como sobre lo aportado no pesa gravamen ni reserva de dominio alguno".

La maquinaria "nunca" fue comprada y se aparentó una imagen de solvencia

Sin embargo, prosigue la acusación, "dicha maquinaria nunca fue comprada ni poseída por los socios, de lo que se concluye que la declaración no era ajustada a la verdad" y las facturas proforma incorporadas son presupuestos de la empresa Woodsims, "pero la venta no se llegó a efectuar nunca. Este hecho debía ser conocido por ambos acusados, máxime cuando dicha operativa de falseamiento de la realidad ya había sido llevada a cabo con anterioridad en la ampliación de capital de 1.238.000 euros elevaba a público de la sociedad Biowood Andlaucía, en fecha 19 de enero de 2016, en la que realizaron la misma aportación no dineraria y con la misma maquinaria existente".

La inclusión de las facturas pro-forma "obedecía en realidad a la pretensión de dar una ilusoria y artificial imagen de solvencia, manifesando de esta manera los acusados poseer falsamente unos fondos propios irreales que facilitaren acceder a la subvención Reindus en un elevado importe".

El 29 de diciembre de 2016 recibieron el préstamo de 2,4 millones y "prácticamente sin solución de continuidad, comienzan las disposiciones para fines distintos de aquellos para lo que la ayuda financiera fue concedida", entre ellos un préstamo de 200.000 euros a un cliente del despacho de Serrano, la constitución de un fondo de inversiones por importe de 1,3 millones, así como otros préstamos de 30.000 y 24.180 euros al despacho Serrano Abogaos y al periódico vinculado al ex líder de Vox, respectivamente, entre otros.

1,9 millones destinados a fines ajenos a la fábrica

La acusación concluyeque los tres acusados, una vez recibido el préstamo Reindus "mediante el falseamiento de la verdadera solvencia patrimonial y económica de Biowood Niebla, posteriormente lo han destinado a fines totalmente ajenos" a la ayuda financiera como "la constitución de otras empresas, concesión de préstamos a amigos, clientes o empresas de su grupo, pignoración para la obtención de líneas de crédito, entre otros".

De tal forma que, "sólo parcialmente se ha destinado a obra, y nada para maquinaria, siendo éste el objeto fundamental de la inversión, siendo en realidad la intención de los acusados la de aparentar una mínima actividad económica con la que simular la continuación del proyecto, hecho que queda patente ante los requerimientos realizados por el Ministerio, aprotando continua documentación procedente de Woodsims, sin que la fabricación, instalación y puesta en funcionamiento ni tan siquiera había comenzado".

En total, sostiene que se destinó para fines distintos del proyecto un total de 1.944.684 euros de los 2,4 millones concedidos.

Esta nueva petición de condena se produce después de que el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, dictara recientemente un auto en el que procesó a Francisco Serrano y a sus ex socios Enrique Pelegrín Díaz y Francisco Javier López Ballesteros por delitos de fraude de subvenciones y estafa, relacionados con la ayuda de 2,5 millones que recibieron del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla.