Podemos pide que se investigue un préstamo de 200.000 euros a un "posible cliente" de Serrano

La acusación popular que ejerce Podemos en la causa en la que se investiga al ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano, por un presunto fraude de subvenciones por la ayuda de 2,5 millones que recibió del Ministerio de Industria para la creación de una fábrica de pellets, ha pedido al juez que cite a declarar como testigo a un "posible cliente" del despacho profesional de Serrano que habría recibido un préstamo de 200.000 euros de la sociedad Biowood Niebla.

En un escrito remitido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, esta acusación ha solicitado al juez que acuerde la declaración como testigo de Manuel G. G., un "posible cliente" del bufete de Serano que habría sido beneficiario de un préstamo de 200.000 euros concedido por Biowood Niebla el 23 de enero de 2017, "sin que conste la amortización y los intereses devengados, razón por la que se considera pertinente y útil la práctica de esta testifical".

Podemos también ha pedido la declaración como testigo del periodista Eusebio Pérez, quien dirigió el periódico digital XYZ de Serrano y que, según precisa la acusación, este periódico contrató el 11 de julio de 2017 una póliza de crédito con Ibercaja "con el aval de los fondos del crédito Reindus que ostentaba Biowood Niebla", un crédito que fue finalmente ejecutado "sin que conste la reposición a Biowood Niebla de las cantidades dispuestas por XYZ comunicación".

La acusación ha solicitado una tercera declaración testifical, la de un empleado de la notaría que trabajó en la preparación de las escrituras de Biowood Niebla, además de reclamar a la Agencia Tributaria que facilite "toda la información obrante en sus bases de datos, desde 2016 a la actualidad", de Serrano y sus dos ex socios, así como de las empresas relacionadas con la investigación: Biowood Niebla, Proyectos e Inversiones Serralba, Pellex Energía, Enex Energía, XYZ comunicaciones, y despacho Serrano Abogados Servicios Jurídicos.

Dice la acusación que todas estas sociedades "podrían haber participado y/o haberse beneficiado presuntamente de los hechos sometidos a investigación, por lo que procede requerir la documentación relativa al sistema de detección y prevención de delitos, según lo previsto en el artículo 31.bis del Código Penal".

En relación con esta investigación, la acusación popular que ejerce el secretario general de Facua Rubén Sánchez solicitó recientemente el embargo de los bienes de Serrano y de sus ex socios, Enrique Pelegrín Díaz y Francisco Javier López Ballesteros, para hacer frente a la posibles responsabilidades derivadas del caso, todo ello después de que en mayo pasado los tres investigados prestasen declaración ante el instructor.

En letrado Francisco Tejado Vaca planteó al juez toda una batería de pruebas, entre ellas la declaración como imputado del notario que intervino en las operaciones relacionadas con la petición de la ayuda al Ministerio, así como que se tome declaración también como investigadas por un delito de alzamiento de bienes a la mujer y a la hija de Serrano, una petición que ya se hizo con anterioridad y a la que se opuso la Fiscalía de Sevilla. En este sentido, la acusación considera que hay "indicios suficientes" para que presten declaración en esta condición, en la que comparecerían además "con mayores garantías".