Piden más de 12 millones de euros al principal acusado de una trama de blanqueo de capitales

Un complicado entramado de empresas que van desde el sector de los hidrocarburos hasta la restauración y la hostelería para, según la Fiscalía, no tributar a Hacienda es el centro de la trama que tiene prevista juzgar la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla durante seis días a partir del próximo lunes 4 de octubre. El Ministerio Público imputa a los seis acusados, más una empresa, un total de cinco delitos contra la Hacienda Pública, dos delitos de blanqueo de capitales y otros dos de insolvencia punible. Por ello solicita penas de cárcel que van desde los tres años y medio de cárcel al año de prisión y unas indemnizaciones que llegan hasta los más de 12 millones de euros que se le solicitan al principal acusado.

Según la Fiscalía, José Francisco R. F. "aprovechó sus conocimientos del mercado de hidrocarburos y de su especial régimen de tributación" para "enriquecerse de cuánto metálico pudiera conseguir y ocultarlo después no figurando como titular de patrimonio, crear un entramado opaco de sociedades mercantiles a las que titulaba sus bienes, que no inscribía en el Registro Mercantil, bien de su constitución o sus modificaciones esenciales de actos de gestión, como nombramiento de Administradores u otorgamiento de poderes de actuación, depósito de Cuentas Anuales o cualesquiera otros actos, a fin de desarrollar su actividad comercial de venta de combustible" a través de la empresa Energes S. L. "fuera de todo control de la Inspección de Tributos", y según el ministerio público, "apropiándose de las importantes cuotas de IVA que repercutía en las ventas a gasolineras y otros clientes que no declaraba ni ingresaba a la Hacienda Pública".

De este modo, las "voluminosas ventas de combustible y eliminar o reducir la facturación de Energes SL con cuotas de IVA repercutidas y cobrada". La Fiscalía considera que, José Francisco R. F., "en connivencia con su colaborador y también acusado Francisco G. A." constituyen Atlantis Petróleo S. L., otra entidad del mismo sector, pero esta vez los plenos poderes administrativos y de gestión los tiene el colaborador, aunque según la Fiscalía, la entidad es utilizada por ambos acusados "para distribuir formalmente las ventas de combustible de Energes S. L. entre ambas entidades, emitiendo facturas por ambas a gasolineras y otros clientes con IVA repercutido". La Inspección de Tributos estimó que las cuotas impagadas en cada ejercicio por Energés SL podían superar los 4 millones de euros, procediendo la Unidad de Vigilancia Aduanera de Huelva a realizar actuaciones de investigación para localizar a ambas entidades, "al comprobar la naturaleza ficticia de los domicilios sociales declarados" situados en San Sebastián de Los Reyes, Madrid,por un lado, y Sevilla, por otro.

Ambas entidades, Energes S. L. y Atlantis Petróleo, carecen de trabajadores y de organización o infraestructura empresarial donde desarrollar su actividad: locales, depósitos para combustible o medios de transportes para su distribución, según la Unidad de Vigilancia Aduanera de Huelva.

Esta carencia de datos fiscales y administrativos también se da en el principal acusado y sus familiares, según esta investigación "a pesar de ostentar un elevado nivel de vida, siendo usuarios de vehículos y embarcaciones de lujo titulados por sociedades mercantiles sin actividad, o en las que figuran como socios terceras personas, o sociedades exclusivamente creadas y diseñadas para dificultar la localización o destino de las ganancias obtenidas con las cuotas del IVA apropiadas". Según el ministerio público, para conseguir esta trama colaboró "estrechamente" el acusado Carlos R. M., hijo de José Francisco R. F., "que sin recursos económicos propios, y en connivencia con su padre suscribía las participaciones de sociedades que creaban o su representación o administración mediante poderes notariales y acuerdos sociales que raramente accedían al Registro Mercantil.

La investigación realizada por la AET y Vigilancia Aduanera, se desprende que Energes S. L. carecía de estructura empresarial y "realizaba su actividad sin costes, limitados a los costes del combustible que compraba sin IVA y a los gastos del transportes desde el depósito fiscal a los diferentes clientes o gasolineras por importes de 122.369 euros en el ejercicio 2010, 178.874 euros en 2011, y 89.543 euros en 2012.

En enero de 2013, José Francisco R. F. presentó en enero de 2013 la declaración del resumen anual de IVA con el resultado de una cuota a ingresar de 2.899.939 euros, para lo que solicitó un aplazamiento de pago, " sin ofrecimiento ni ingreso de cantidades, siendo desestimado por la Inspección de Tributos por incoación de la presente causa, y no cumplir los requisitos de la regularización".

Según la Fiscalía, las cuotas no declaradas ascienden 12.639.348 euros y constituían la casi totalidad de los ingresos del acusado José Francisco R. F. sus sociedades y familia, "al no realizar otra actividad productiva, rentable ni remunerada, de forma que sólo había declarado a la Hacienda Pública ingresos por 36.576,18 euros entre los años 2003 a 2008, y en los siguientes 2009, 2010, 2011 y 2012 no declaró ingreso alguno, no apareciendo como titular de inmuebles, vehículos u otras propiedades, que sí figuran a nombre de terceras personas o de sociedades en las que tenía poderes o ejercía la administración".

Por otro lado, la mujer del acusado, que también está procesada, María del Carmen M. M., según el ministerio público, "solo declara rentas en 2008 y 2009 de 19.294,59 euros, pero con incrementos patrimoniales no justificados mediante ingresos en sus cuentas de 401.198 euros entre los años 2009 a 2012 , no habiéndose acreditado que ésta desempeñara actividad remunerada ni realizara otras operaciones económico-financieras generadora de los mismos".

La Fiscalía considera asimismo, que el principal acusado y su hijo Carlos "diseñan el afloramiento de las cantidades de IVA apropiadas mediante su introducción al circuito financiero en aras a impedir o dificultar su localización, reclamación o embargo por la Inspección de Tributos mediante la inversión en negocios declarados, bien de restauración titulados por sociedades creadas para ello". De este modo, crearon hasta una veintena de empresas en sectores tan diversos como la ingeniería, la náutica o una tienda de ropa infantil.