Pérez-Sauquillo denuncia su indefensión tras diez años investigado en el caso Invercaria

El ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, que acaba de ser absuelto por las ayudas concedidas a la empresa Own&Spa, ha denunciado este viernes la indefensión que, a su juicio, está sufriendo por su investigación y enjuiciamiento en las distintas piezas en las que se ha dividido la macrocausa.

Este es el texto remitido a este periódico por Tomás Pérez-Sauquillo:

"Hace más de diez años que se inició el caso Invercaria y sigo pensando que toda la causa me deja en una total y absoluta indefensión. Ceso como presidente en marzo/abril de 2010, aunque el viceconsejero, Jesús María Rodríguez, me notifica el cese el 14 de febrero de ese año. Entonces, a pesar de la crisis más importante de las últimas décadas, no recibo más que felicitaciones, tanto de la consejería, como de los empresarios, que se acercaron a Invercaria. Los mayores expertos en capital riesgo, como el profesor Martí Pellón y Marcos Salas, declaran y manifiestan que Invercaria es, en mi etapa, líder en el sector y con mejores resultados que la media española y europea. Catedráticos de prestigio como Don Luciano Parejo, La Intervención General de la Junta de Andalucía, los Estatutos y juristas reconocidos como el propio secretario general del Consejo de Administración de Invercaria, Don Francisco J. Oyonarte, declaran y manifiestan que Invercaria no se rige por la Orden de Incentivos, ni está sujeta a ningún procedimiento administrativo, sino que se rige por el ordenamiento jurídico privado. El famoso Plan Director, alegado en la Instrucción como norma a cumplir por Invercaria, el propio Juez Instructor, en sus Autos, reconoce finalmente que es un documento interno, orientativo y de no obligada observancia, es decir, un simple borrador, que es como figura en el título del mismo. Jamás he sobrepasado mis facultades concedidas como presidente y consejero delegado.

Los escritos de acusación del Ministerio Público en ninguna de las piezas abiertas en el caso Invercaria, me atribuye el delito de malversación de caudales públicos por sustracción, con ánimo de lucro o consentir que un tercero, con igual ánimo, sustraiga efectos o caudales públicos, sino que califica el delito de malversación por arbitrariedad, falta de documentación y análisis en los proyectos. Es más, el propio Ministerio Público llega a exigir única y exclusivamente la existencia de un informe, aunque sea de terceros para validar las operaciones de inversión.

CONCLUSIÓN: El Ministerio Público califica el delito de malversación de caudales públicos en las piezas de Invercaria, que me acusa, porque no existe la documentación y los informes necesarios para validar la inversión, y, entonces, considera que existe arbitrariedad, que, sin duda, no es recogida por el código penal vigente en la etapa que fui presidente del 2005 al 2010, en su artículo 432.

En el proceso penal, que debe priorizar la presunción de inocencia y la imparcialidad del Ministerio Fiscal, tengo la sensación, que estas dos circunstancias no se están dando.

RAZONES: Desde enero de 2014 mi letrado, entonces, Bosco García de Viedma, solicitó en distintas ocasiones que nos facilitaran, para mi defensa, todos los correos electrónicos recibidos y enviados en mi etapa como presidente de Invercaria del 2005 al 2010, ya que eran imprescindibles. Siempre he creído que en el sumario de Invercaria, donde fuera, existirían estos correos, y que tanto mis letrados, como el Ministerio Público y las acusaciones particulares disponían de esta información. Ha sido en los juicios celebrados cuando he podido constatar que estos correos no se habían facilitado, porque la documentación necesaria para validar las inversiones, constaban, como archivos adjuntos, en estos correos.

Un claro ejemplo fue en la pieza de FUMAPA, en la que todos los consejeros, declararon que en el Consejo que se aprobó esta inversión estaba toda la documentación necesaria para ser aprobada, extrañados porque la única documentación que apareció en el juicio fue una sola hoja, facilitada por el denunciante Cristóbal Cantos, responsable del análisis de la inversión, que informaba favorablemente con una serie de recomendaciones. ¿Dónde estaba la documentación? Lógicamente debería estar en alguno de los correos, que el Sr. Cantos me envió.

Los técnicos enviaban toda la documentación, todos los informes, todos los Planes de negocio y todos los análisis a través de los correos electrónicos de las cuentas corporativas de Invercaria. Cuando se inicia la investigación del caso Invercaria por la denuncia de Cristóbal Cantos, desconociendo los intereses ocultos o no, que pudiera tener esta persona, tanto él, como el resto de los técnicos, seguían trabajando en Invercaria y pudieron llevarse todos los correos y toda la documentación que consideraran necesaria, pero mi cese como presidente se produjo dos años antes, y, lógicamente, no me llevé los cientos de correos, que recibí y envié en mi etapa de presidente.

ESTO ES CLARAMENTE INDEFENSIÓN y si así no lo reconoce el Ministerio Público, obligado a la imparcialidad y búsqueda de la verdad, pues será el alto Tribunal Supremo quien tenga la última palabra. Si el Juzgado de Instrucción y las Salas de la Audiencia que están juzgando las piezas del caso Invercaria, no reclaman con urgencia todos mis correos electrónicos, no tenemos más alternativa que la protesta por INDEFENSIÓN."