El movimiento #J2 replica a la Mutualidad y afirma que las pensiones “irrisorias” afectan a “una multitud” de abogados

Nuevo episodio en el interminable conflicto entre la Mutualidad de la Abogacía y los profesionales que auguran jubilaciones con “pensiones ridículas”. La portavoz en Sevilla de la plataforma #J2, que aglutina a centenares de letrados y letradas disconformes con la gestión de la entidad y pendientes de que se apruebe una “pasarela” al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), ha criticado las recientes declaraciones del director general de la Mutualidad, Rafael Navas, que básicamente circunscribió el problema a unos 2.500 profesionales en toda España, negó que la mayoría de ellos vayan a tener esas pensiones mínimas y aseguró que un mutualista “diseña su propia jubilación” y en general paga menos cuota que un autónomo.

“Hacer ver que se trata de una situación excepcional es incierto. Y con que sólo un abogado mutualista estuviera en esa situación sería motivo de preocupación”, contesta Ana Gil, que es la abogada que representa al movimiento de mutualistas descontentos en Sevilla. “Si el problema fuese algo residual, no se estaría regulando una normativa que obliga a los abogados de nueva incorporación a pasar directamente al RETA ni se estaría desarrollando una pasarela hacia el sistema público”, prosigue. “No se puede decir que sólo 2.500 mutualistas están en esta situación. No son sólo algunos abogados, sino una multitud constatada por manifestaciones de más de 12.000 personas, sin olvidar las denuncias y las reclamaciones que ya se han interpuesto”, recuerda.

“Insistimos en que pedimos una pasarela para todos, activos y pasivos, ya que el Estado ha permitido que se vulneraran nuestros derechos y que quedemos en una situación de indefensión frente a cualquier ciudadano español y europeo”, resalta la letrada sevillana, muy ácida con la Administración pública. “No olvidemos que se trata de una Mutualidad fallida que no ha cumplido con la alternatividad exigida, con el consentimiento del Estado para que esto fuera así”, reitera.

La Mutualidad negó la mayor y cuantificó la pensión media en unos 800 euros. Los miembros de #J2 disienten. “Es un hecho objetivo que los mutualistas alternativos, así como los complementarios que se han pasado al RETA ante tal situación de desprotección, se encuentran a día de hoy con pensiones irrisorias de entre 300 y 500 euros y sin cubrir las prestaciones mínimas de incapacidad, viudedad, orfandad y un largo etcétera que debe tener cualquier ciudadano”, lamenta.

Otro titular que dejó el director general de la Mutualidad fue que cada profesional “diseña su propia jubilación” con las aportaciones que cree oportunas. Este argumento también tiene su réplica desde la otra parte. “Nadie nos debe obligar a diseñar nuestra propia jubilación, eso no es de recibo. No hemos cotizado poco, hemos cotizado lo que se nos ha pedido. A ningún autónomo se le exige aumentar su cuota para tener una pensión digna. Ni se le exige ser vulnerable, curioso y extraño concepto para jubilarse dignamente”, apostilla.

La Mutualidad también aseguró que un mutualista paga en general menos que un autónomo en el RETA. “Incierto. No sólo ha pagado poco, sino que hasta 2012 pagaba aparte la asistencia sanitaria, que no teníamos. Pagamos lo que se nos solicitaba, ni más ni menos, y progresivamente se iba incrementando la aportación según la edad hasta equipararse o superar la de autónomo”, responde Gil. “Y, aparte, no se nos dan las prestaciones mínimas, no sólo las referentes a la jubilación”, agrega.

Cuando finalmente exista esa pasarela al RETA, la Mutualidad ha adelantado que sólo podrá traspasar al sistema público el dinero que cada mutualista haya dispuesto individualmente. “¿Y los fondos propios de la Mutualidad?”, se pregunta Gil. “Ese dinero es de los mutualistas, por lo que la forma de traspasarlos, sea por cesión de créditos a la Seguridad Social o de la manera que se acuerde, debe formar parte de lo que se lleva el mutualista a la Seguridad Social”, contraataca.

La Mutualidad y la portavoz de la plataforma sólo coinciden en un punto, según reconoce sarcásticamente la segunda. “Lo único cierto que dice Navas es que el movimiento #J2 no tiene a la Mutualidad como interlocutor válido. Claro que no, y por razones obvias. La confianza es nula, como se demostró en la asamblea general extraordinaria de abril, en la que se votó un no unánime a las migajas que nos querían dar”, recuerda Gil, que además anticipa una próxima asamblea ordinaria (29 de junio) bastante conflictiva: “Más de 4.000 mutualistas han solicitado la dimisión de los directivos”, comenta. “Y siguen solicitándolo muchos más fuera del escaso plazo de cinco días que dieron para hacerlo. Todo ello sin facilitar el censo y cambiando recientemente el régimen electoral de forma sorpresiva con el fin de acortar los plazos y la información a los mutualistas”, denuncia.

A priori sigue pareciendo inviable una solución pacífica para lo que Navas llamó “follón”. “Denominar así un problema de tal envergadura ya de por sí denota el tono y la falta de respeto que mantienen los directivos de la Mutualidad con los mutualistas. No extraña tampoco viniendo de él, ya que en la primera asamblea informativa en la que se desplazó a Sevilla para tratar el problema nos llamó ‘gallinero’”, sentencia.

El cruce de denuncias

Ana Gil ha denunciado a los responsables de la Mutualidad ante la Policía y en el juzgado de guardia y, al mismo tiempo, ha sido apercibida de contradenuncia por parte de Rafael Navas por presuntas calumnias. “La Mutualidad tiene que defenderse y yo personalmente, si me están calumniando, tengo derecho a la defensa. A algunas personas se les ha mandado un burofax para avisar de que habrá que defenderse si son denuncias falsas”, advirtió Navas. Gil es una de esas personas. “Cualquier ciudadano tiene el derecho y también la obligación de poner en conocimiento de la Administración de Justicia hechos susceptibles de ser investigados”, explica al respecto.

“En este caso, las denuncias están acompañadas de una profusa documentación para que se investigue la gestión que se ha hecho de nuestros fondos por los gestores de la Mutualidad”, destaca Gil, que además recuerda que “este hecho no es nuevo” porque el conflicto “lleva en la palestra un año y es de interés público”. En todo caso, “se ha utilizado el derecho a la información sin ninguna comunicación injuriosa”, asegura Gil. Según ella, el objetivo de la Mutualidad con esas “presuntas represalias” es “impedir que se sigan interponiendo denuncias”. “Ladran, luego cabalgamos”, finaliza la abogada.