Muere Javier Guerrero, el principal imputado del caso de los ERE

El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía y principal imputado del caso de los ERE Francisco Javier Guerrero Benítez ha fallecido esta madrugada en su domicilio de Sevilla, según ha confirmado a este periódico su abogado, Rafael Ramírez-García del Junco.

El ex director de Trabajo, de 63 años (nació en El Pedroso el 16 de noviembre de 1956), comenzó a sentirse mal sobre las seis de esta madrugada, teniendo problemas respiratorios, y poco después se confirmó su fallecimiento. Hasta el domicilio de Guerrero se trasladaron efectivos sanitarios, que no pudieron más que confirmar su muerte. Su cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla, donde se le va a practicar la autopsia para conocer las causas exactas de su fallecimiento.

Javier Guerrero ha sido el único de los investigados de los ERE que estuvo en prisión en dos ocasiones, la primera, el 9 de marzo de 2012, cuando la juez Mercedes Alaya ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, y estuvo privado de libertad hasta el 22 de octubre de ese mismo año. El ex alto cargo volvió a prisión el 22 de marzo de 2013 y salió el 5 de junio de 2013.

En el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, Francisco Javier Guerrero fue uno de los 19 ex altos cargos que recibió la mayor condena: siete años, once meses y un día de prisión por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación.

Con anterioridad, la Audiencia de Sevilla también lo había condenado a cinco años y nueve meses de cárcel, en relación con los pagos realizados por la Consejería de Empleo durante siete años, entre 2003 y 2010, por la contratación por la empresa Umax Informática y Consultoría de al menos 44 trabajadores algunos de los cuales estaban relacionados con sus "vínculos de vecindad y amistad", a través de un contrato con esta entidad en el que se prescindió “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ya que se hizo de forma verbal”.

Ambas sentencias estaban actualmente recurridas ante el Tribunal Supremo, por lo que Guerrero continuaba en libertad en la actualidad, a la espera de la decisión del Alto Tribunal.

Crece el obituario de los ERE

La muerte de Javier Guerrero se suma a las que se han venido produciendo en los más de nueve años que han transcurrido desde que se inició la instrucción del caso de los ERE. Desde que la juez Mercedes Alaya arrancó en el año 2011 la instrucción de este macroproceso, en el que hay más de 500 personas investigadas, han fallecido ya al menos 15 personas que no han llegado a la celebración del juicio.

Estas muertes se deben en su práctica totalidad a causas naturales, salvo el caso de un prejubilado que fue asesinado en enero de 2016 en Sevilla y cuya citación para declarar llegó con posterioridad al crimen. El resto de los fallecidos se deben a causas naturales, dado que muchas de estas personas tenían ya cierta edad cuando se acogieron a los procesos de prejubilaciones que, más de 15 años después en algunos casos, están siendo investigados por la Justicia.

El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el caso, recibió en enero pasado la notificación del último fallecido, Antonio Márquez, que fue incluido presuntamente de manera indebida en el ERE de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental (Egmasa).

También falleció el empresario jerezano José María Ruiz Mateos, quien había sido citado a declarar como investigado en el año 2014 por la juez Mercedes Alaya, por supuesto tráfico de influencias en los cinco ERE de las empresas de su grupo en Andalucía. La juez también imputó a algunos de sus hijos, pero José María Ruiz Mateos nunca llegó a declarar en el juzgado por el caso de los ERE. Ruiz Mateos no acudió a declarar, alegando que había sufrido un deterioro en su estado de salud y, al final, su muerte se produjo en el mes de septiembre de 2015.

En enero de 2016 falleció el empresario de la Sierra Norte José Enrique Rosendo, a quien la Guardia Civil y la juez habían considerado como uno de los integrantes del "tándem" que –con José María Sayago– recibió de la Consejería de Empleo subvenciones por importe de más de 34 millones de euros.

Su padre, Rafael Rosendo, que fue alcalde de El Pedroso (Sevilla), la localidad de la que también fue regidor Javier Guerrero, falleció dos años después, en noviembre de 2018.

Otras personas relacionadas con las ayudas a empresas de la Sierra Norte que han fallecido antes de ser enjuiciados son Manuel Romero Álvarez, Manuel Fuentevilla Valverde y José Montesinos Cabrera.

En los primeros años de la investigación de esta macrocausa, en diciembre de 2015, también se produjo la muerte de Francisco Mencía Morales, que fue director del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), organismo que se encargaba del pago de las ayudas a través de las transferencias de financiación que recibía de la Consejería de Empleo y que la sentencia del primer juicio de los ERE ha considerado “ilegales”.

En el camino de esta larga instrucción también ha fallecido José Antonio García Prieto, un ex concejal del PSOE de Camas (Sevilla) que había percibido pólizas de prejubilaciones de tres empresas en las que no había trabajado.

En la lista de difuntos que estuvieron investigados también está Antonio Arquero García, un amigo de Javier Guerrero que cuando fue a declarar en el juzgado aseguró que con los 314.000 euros que percibió de una "renta de supervivencia" que le había sido concedida se quitó la hipoteca que pesaba sobre su piso y arregló su casa en la localidad de El Pedroso.

También ha fallecido Mariano Martínez Fernández, un conocido del conseguidor de los ERE Juan Lanzas, que había sido trabajador de la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa) y fue incluido en el ERE de Fuente Obejuna, por el que percibió 120.000 euros.