El fiscal reprocha a Mellet que "Mercasevilla no era propiedad suya"

El fiscal Juan Enrique Egocheaga ha reprochado este lunes al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, al que pide 24 años de cárcel en relación con determinados aspectos de su gestión al frente de la lonja, que la empresa no era de su propiedad. "Mercasevilla no era propiedad de Mellet, era una empresa pública, y los poderes que tenía no eran para hacer lo que quisiera", ha aseverado el fiscal en su informe ante la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla.

El fiscal se ha referido en su informe a los cuatro hechos que se le atribuyen, como el pago de un premio extraordinario de jubilación a nueve trabajadores que se acogieron al ERE de 2007, que percibieron en total más de 250.000 euros y que, según el fiscal, esas cantidades pactadas eran "excesivas" y no se podían pactar teniendo en cuenta además que Mercasevilla era una "empresa en crisis" y esto suponía "gastar más dinero en una empresa que necesitaba una reducción de plantilla", añadiendo que cuando en mayo de 2007 se aprueba el ERE de 2007 la plantilla de trabajadores era de 170 trabajadores, casi igual a los 190 que había cuando se llevó a cabo el primer ERE cuatro años antes, en 2003.

Estas cantidades, ha agregado el fiscal, se "ocultaron" a los órganos de gobierno de la lonja y a los representantes de la sociedad estatal Mercasa, que participaba en Mercasevilla, por lo que ha concluido que se trata de un incentivo "carente de justificación y un dispendio" por parte de Mellet, hasta el punto de que el fiscal ha llegado a afirmar que se trató de una "decisión totalmente arbitraria y perjudicial para los otros trabajadores y para la propia empresa", ha insistido el fiscal.

El representante de la acusación pública ha recordado que la prejubilación era una decisión voluntaria, "no es seguir trabajando y cobrando lo mismo de cuanto se está trabajando", por lo que ha considerado que "no está justificada la salida de estos fondos" de las cuentas de la entidad, para la que se aprobó un ERE de 13,5 millones para 64 personas de los cuales aportaba la Junta el 90% y Mercasevilla el 10% restante, en el que no se hace "ninguna mención a los incentivos" a estos nueve trabajadores.

Al inicio de su informe, el fiscal ha aludido también al ex director general de Mercasevilla, del que ha puesto de manifiesto su "predisposición a enmascarar" las cuentas o a hallar fórmulas alternativas para que las mismas arrojaran un resultado positivo.

Sobre el contrato con Hermes Consulting para buscar la financiación del ERE, el fiscal ha dicho que no responde a la realidad y se trata de un "escaparate formal para poder adelantar dinero" al comercial de Vitalia Francisco González, al que se abonó un anticipo de 6.000 euros que finalmente se empleó en el ERE de Cash Lepe, y después de este pago "no hubo una actuación real" por parte de la empresa, ha dicho.

El fiscal ha afirmado sobre varios pagos realizados por Mercasevilla a la asociación de Mayoristas de Pescado que no existen en las actas de la Comisión Ejecutiva o del Consejo de Administración ninguna referencia a la "labor de asesoramiento genérica o específica" por parte de los mayoristas, ni tampoco "ningún contrato que dé soporte a la labor de asesoramiento".

El último aspecto que se enjuicia en esta macrocausa devaluada -las investigaciones se iniciaron por un supuesto delito societario en la gestión de la contabilidad de la lonja- es la beca de 24.000 euros que se concedió a Carmen Vela, hija del presidente de la asociación de mayoristas de pescado para que estudiara diseño en Londres. El fiscal ha insistido en que tampoco existe un soporte documental del "por qué se da esta ayuda", de la que ha afirmado "no hay convocatoria, ni requisitos, ni acto formal de concesión", y ha citado las declaraciones de Regla Pereira, trabajadora del mercado, que afirmó que "no recordaba ayudas similares a la de Carmen Vela".

Entre tres y 24 años de cárcel

Por todo ello, la Fiscalía de Sevilla ha mantenido la petición de una condena de 24 años de prisión y 40 años de inhabilitación absoluta para Fernando Mellet, a quien atribuye junto a los otros 13 acusados delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil, en relación con un supuesto perjuicio causado a la sociedad que ascendería a un total de 449.164,74 euros.

La acusación pública ha imputado a Mellet un delito de prevaricación, otro de falsedad en documento mercantil y cuatro delitos de malversación, por los que solicita un total de 24 años de prisión y 40 años de inhabilitación. En concepto de responsabilidad civil, reclama que Mellet devuelva a Mercasevilla solidariamente con los otros acusados la cantidad supuestamente malversados.

El Ministerio Fiscal ha pedido igualmente cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación para los administradores de Hermes Consulting Francisco Limón Romero y Francisco José González García, otros cuatro años de prisión para el presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado Antonio Vela Adame, y tres años de prisión para la hija de éste, Carmen Vela. En estos dos últimos casos, la Fiscalía les atribuye un delito de malversación en relación con los pagos de unos palets a la asociación y de una beca de estudios en Londres, respectivamente.

La acusación pública ha reclamado otros tres años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación para los nueve prejubilados en el ERE de 2007 Pilar Giraldo –que fue responsable del departamento de Contabilidad de Mercasevilla–, Cristóbal C. R., Antonio P. L., José C. G., Eduardo C. L., Salvador O. B., José P. S., Fernando R. T., y José Manuel G. N., quienes recibieron un premio extraordinario por su jubilación.

Al inicio de la sesión número 13 del juicio, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha procedido a elevar a definitivas sus conclusiones provisionales en este caso y sólo ha modificado algunos aspectos de la redacción de los hechos enjuiciados, pero no de los delitos y las penas solicitadas para los 14 acusados.

Por su parte, la acusación particular que ejerce Mercasevilla se adherido al informe del fiscal y ha criticado la insuficiencia de soportes documentales de gasto, así como que muchos de estos gastos no han sido puestos en conocimiento de los órganos de gobierno del mercado y también ha destacado la extralimitación de poderes de Mellet, por lo que ha reclamado finalmente una indemnización por los 449.164,74 euros de perjuicio supuestamente causado a la entidad.

La anécdota de la jornada se produjo cuando el presidente del tribunal, el magistrado José de Paúl Velasco interrumpió el informe del fiscal Juan Enrique Egocheaga para hacer una pausa. El juez le dijo al fiscal que no quería "cortarle el rollo" pero como era bastante "imposible" le agradecería que hiciera una parada en su exposición para poder ir a "desayunar".