Mellet vuelve al banquillo por otra causa relacionada con Mercasevilla

El ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet volverá a sentarse en el banquillo de los acusados tras las vacaciones de Navidad y lo hará para responder de las acusaciones en el juicio que en su día se inició por un supuesto delito societario relacionado con la gestión de la empresa pública Mercasevilla.

Mellet vuelve al banquillo después de haber sido absuelto de las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato para la venta de los suelos de la lonja. La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha fijado para el día 15 de enero el inicio de la vista oral por la causa del delito societario, en el que hay 14 acusados y tendrá una duración de un mes, celebrándose en sesiones de lunes a jueves, según el cronograma diseñado por la Audiencia.

La vista oral comenzará con la presentación de las cuestiones previas y la declaración de los acusados, para lo cual se han previsto seis sesiones, los días 15, 16, 17, 21, 22, 23 y 24 de enero, mientras que para los 20 testigos que rendirán testimonio se han fijado otras seis jornadas –los días 28, 29, 30 y 31 de enero, y 4 y 5 de febrero–. Entre los testigos propuestos destacan los ex concejales Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y Alfonso Mir (PSOE), quienes han sido propuestos por las defensas de Fernando Mellet y Pilar Giraldo, respectivamente, así como el presidente del comité de empresa de la lonja, Rafael Domínguez.

Dentro de este calendario de sesiones, el tribunal ha reservado el día 6 de febrero para los informes periciales, y el 7 de febrero y del 11 al 15, ambos incluidos, para la exposición de los informes de conclusiones de la Fiscalía, de la acusación popular que ejerce el PP y de las defensas.

La Fiscalía de Sevilla solicita una condena de 24 años de prisión y 40 años de inhabilitación absoluta para el que fuera director general de la lonja Fernando Mellet, a quien atribuye junto a los otros 13 acusados delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil, en relación con un supuesto perjuicio causado a la sociedad que ascendería a un total de 449.164,74 euros.

En concreto, la acusación pública imputa a Mellet un delito de prevaricación, otro de falsedad en documento mercantil y cuatro delitos de malversación, por los que solicita un total de 24 años de prisión y 40 años de inhabilitación. En concepto de responsabilidad civil, reclama que Mellet devuelva a Mercasevilla solidariamente con los otros acusados la cantidad supuestamente malversados.

El Ministerio Fiscal pide igualmente cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación para los administradores de Hermes Consulting Francisco Limón Romero y Francisco José González García, otros cuatro años de prisión para el presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado Antonio Vela Adame, y tres años de prisión para la hija de éste, Carmen Vela. En estos dos últimos casos, la Fiscalía les atribuye un delito de malversación en relación con los pagos de unos palets a la asociación y de una beca de estudios en Londres, respectivamente.

La acusación pública reclama otros tres años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación para los nueve prejubilados en el ERE de 2007 Pilar Giraldo –que fue responsable del departamento de Contabilidad de Mercasevilla–, Cristóbal C. R., Antonio P. L., José C. G., Eduardo C. L., Salvador O. B., José P. S., Fernando R. T., y José Manuel G. N., quienes recibieron un premio extraordinario por su jubilación.

Tras siete años de instrucción, esta macrocausa que se inició con las querellas presentadas por la propia Mercasevilla y por el Partido Popular por supuestos delitos societarios quedó reducida a cuatro hechos puntuales: un contrato con la empresa Hermes Consulting, el pago de unos palets, una beca que la Fundación Mercasevilla abonó a la hija del presidente de la asociación de mayoristas de Pescado y el cobro por parte de nueve trabajadores prejubilados en el ERE de 2007 de un premio extraordinario de jubilación.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público sostiene que Fernando Mellet, que ocupó el cargo de director general entre 2002 y 2009, durante el ejercicio de sus funciones “y sin perjuicio de otros hechos, cuya corrección compete al ámbito societario y contable”, realizó diversos actos de “disposición concreta de fondos, no amparados en causa justa alguna, que responden a un ánimo de liberalidad, y que han causado un perjuicio económico a Mercasevilla por importe de 449.164,74”.

La Fiscalía destaca en su escrito que la auditoría de Deloitte sobre las cuentas de Mercasevilla apreció diversas irregularidades, entre las que cita expresamente “una ausencia de los necesarios controles en la aprobación de gastos, ordenación de pagos y efectividad de estos últimos, así como falta de una clara delimitación respecto a las personas que intervienen en dichos procesos”.

Mellet asumía obligaciones por encima del tope conferido, según el fiscal

Los auditores advirtieron además de la “insuficiencia y deficiencia de muchos soportes documentales de gastos”, y de la “frecuente extralimitación por parte del director del tope que le venía impuesto en los poderes notariales conferidos (60.000 euros) respecto a asunción de obligaciones de gastos e inversiones, ordenación de pagos, operaciones de crédito, etc., sin que tampoco hayan contado con aprobación, autorización o ratificación expresa por ninguno de los órganos de administración de la sociedad, a los que no se sometía dichas actuaciones”.

Sobre el contrato de Mercasevilla con Hermes Consulting, el fiscal juez recuerda que el 27 de diciembre de 2005 Fernando Mellet firmó un contrato con Francisco Limón, cuyo objeto era la “obtención de subvenciones y/o financiación necesaria, a través de organismos privados y/o públicos para acometer una mejora en la plantilla de Mercasevilla, mediante jubilaciones anticipadas por edad y/o salud”, para lo cual se abonará el 5% del coste total de la prima que garantice las rentas que se pactan en el ERE.

Según la Fiscalía, la empresa carecía de trabajadores y de cualquier infraestructura, “no constando en Mercasevilla que presentara informe alguno”.