De la Mata asume la investigación de la estafa de las clínicas Idental
El escándalo de Idental
El juez de la Audiencia Nacional estima que los hechos pueden ser constitutivos de varios de seis delitos, incluidos los de estafa, lesiones y contra la salud pública.
Tan sólo en las provincias de Sevilla y Huelva los afectados pueden rondar los 20.000 perjudicados, pero la estafa se ha producido a nivel nacional
La estafa de las clínicas Idental se investigará en la Audiencia Nacional. El magistrado José de la Mata ha dictado un auto en el que asume la investigación de la presunta defraudación masiva de estas clínicas, conocidas como “low cost”, que cuenta con decenas de miles de víctimas repartidas por todo el territorio nacional. Tan sólo en Sevilla y Huelva, la asociación de afectados calcula que la estafa puede alcanzar a unas 20.000 personas. En la resolución, el juez de la Audiencia Nacional tipifica los hechos como administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública. El magistrado asume la investigación por el volumen extraordinario de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo y ancho del territorio nacional, la existencia de miles o decenas de miles de perjudicados y de una aparente compleja estructura societaria.
De la Mata explica en su resolución que esta investigación se inició a raíz de una denuncia de afectados de Idental de Andalucía y, desde entonces, al menos 11 juzgados distintos se han inhibido en favor de la Audiencia Nacional. La estructura de Idental tiene por objeto la prestación de servicios odontológicos mediante un gran número de clínicas dentales repartidas por todo el territorio nacional. Paralelamente, Idental ha venido ofreciendo un sistema de financiación de tratamientos, a través de entidades colaboradoras como Evo Finance, Cetelem, Santander Consumer, etc.
El juez relata cómo a través de estas entidades de financiación, Idental percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios y una vez percibido este precio, según consta en la denuncia de los afectados, “los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos, con los consiguientes perjuicios para los pacientes. Los procesos y tratamientos finalmente quedaron interrumpidos, hasta llegar finalmente al cierre de las clínicas”. En este momento procesal, el juez tiene constancia del cierre de clínicas en al menos 11 ciudades, de distintas comunidades autónomas, según ha informado la Audiencia Nacional.
Un único juzgado para evitar el caos procesal, ante una compleja investigación con miles de afectados
Aunque los hechos en este momento están ”limitadamente perfilados”, de la Mata los tipifica inicialmente como delito de estafa continuada, a los que puedan unirse apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones y delito contra la Salud Pública.
El auto, el magistrado recuerda el artículo 65. 1º c, de la LOPJ que fija la competencia de la Audiencia Nacional en el caso de grandes defraudaciones “que puedan causar una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.
Aunque se desconoce el número total de perjudicados, según de la Mata existen referencias sólidas de que existirán miles, si no decenas de miles de víctimas, con decenas de procedimientos judiciales incoados, “habiendo comenzado un tortuoso camino de inhibiciones y acumulaciones que es preciso sistematizar y ordenar, evitando una situación de caos procesal que cause notables perjuicios a los perjudicados y a las propias potenciales personas investigadas”.
Como muestra de la magnitud de lo que va a suponer la causa, De la Mata añade las investigaciones administrativas que han incoado distintas Comunidades Autónomas y Colegios Profesionales, que se constatan con la simple navegación por internet. De hecho, una de las sedes de Idental en las Palmas de Gran Canaria parece que ha sido desahuciada, habiéndose incautado los historiales de más de 15.000 afectados.
Por el tamaño de la estructura organizativa, su despliegue territorial, su modelo de negocio, el volumen de la operativa y el ingente número de investigados, hace presagiar, según el juez, una compleja investigación “que requiere, desde luego, la participación de Unidades Centrales de Investigación bajo una lógica y dirección únicas, resultando absolutamente incompatible con un manejo fragmentario y asistemático, como ocurriría en caso de desarrollar la investigación por distintas Unidades bajo la dirección de decenas de juzgados de instrucción”.
A partir de este momento todas las diligencias incoadas en torno a la estructura Idental quedan acumuladas, mediante Piezas documentales separadas, en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. El juez se pronunciará sobre las diligencias solicitadas en la denuncia inicial, una vez que sean acumuladas y ordenadas todas las diligencias previas incoadas por distintos juzgados.
Seis pacientes sufren daños irreparables
Una investigación sobre Idental desveló en diciembre de 2017 que, al menos, seis pacientes sufren daños irreparables en la salud tras recibir tratamiento en las clínicas de esta firma en Sevilla. Entre las irregularidades detectadas por la propia inspección médica destacan: Daño irreparable para la salud e infracción de la lex artis en la atención recibida por un paciente, que sufre, como secuela, pérdida de audición permanente; infracción lex artis y daño irreparable en la salud de cinco personas por la extracción de piezas dentales injustificada que fueron sustituidas por implantes. A estas secuelas se suman otros problemas en pacientes de Idental: infecciones evitables y pérdidas dentarias por demoras en los tratamientos; engaños al paciente; y tratamientos innecesarios.
La cadena imparable de mala praxis en las clínicas privadas fueron denunciadas hasta en dos ocasiones (mayo de 2017 y diciembre de 2017) por un inspector médico de la Junta de Andalucía. Sus advertencias ante sus superiores en la administración sanitaria no impidieron que las consultas de Idental continuaran funcionando durante meses. El daño a nuevos pacientes en Idental continuó hasta finales del pasado mayo, cuando la clínica Idental Nervión cerró de facto y sin previo aviso.
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