La Manada cumplirá su condena en cárceles fuera de Sevilla

Los cinco jóvenes de La Manada cumplirán la condena de 15 años de prisión en cárceles fuera de Sevilla y lo harán en segundo grado penitenciario, el que disfruta la mayoría de la población reclusa española. La junta de tratamiento de Sevilla-I, reunida este jueves, ha decidido proponer a Instituciones Penitenciarias la clasificación de los cinco condenados a 15 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual en segundo grado penitenciario.

En la junta de tratamiento también se ha abordado el centro penitenciario dónde la Manada cumplirá su condena y, en este sentido, se ha rechazado la petición inicial de los cincos jóvenes de cumplir la condena en cárceles de Sevilla, ya sea la de Sevilla-I, donde están actualmente, o de la de Sevilla-II, ubicada en Morón de la Frontera.

Una vez descartada esta petición, los cinco condenados han realizado diversas peticiones de cárceles que van desde la prisión de Salamanca hasta la de Estremera (Madrid VII), como es el caso este último del ex guardia civil Antonio Manuel Guerrera, dado que este centro penitenciario es uno de los pocos que disponen de módulo para funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La junta de tratamiento ha realizado esta petición pero es ahora Instituciones Penitenciarias la que deberá decidir dónde ubica a cada uno de los cinco jóvenes para el cumplimiento de la condena. Los acusados están en la prisión de Sevilla-I desde el pasado 21 de junio, cuando el Tribunal Supremo endureció su condena inicial de nueve años de cárcel.

Hasta ahora, la Manada, por decisión de la junta de tratamiento de la cárcel y tras valorar los informes del psicólogo, del director de Sevilla-I y de los funcionarios adscritos a los módulos donde actualmente están destinados, continúa sometida al Protocolo de Prevención de Suicidios (PPS), que se aplica a los internos recién ingresados en un centro penitenciario.

Este protocolo establece que cada uno de los jóvenes sevillanos permanecerá acompañado durante las 24 horas del día de un preso de confianza, para ayudarles en la adaptación a la nueva situación de privación de libertad y evitar que puedan autolesionarse, según confirmaron a este periódico fuentes próximas a este centro penitenciario. Estos presos de confianza que acompañan a los nuevos reclusos tienen que realizar incluso un curso de formaciónpara poder desarrollar su función, y su labor es recompensada posteriormente con algún tipo de beneficio penitenciario que se aplica a su propia condena.

Ningún incidente

De los cinco jóvenes que integran la Manada, cuatro de ellos –con la excepción del guardia civil Antonio Manuel Guerrero, que continúa en un módulo reservado a presos que han sido miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado– están en un mismo módulo en el que están desarrollando una vida con normalidad y no han protagonizado ningún incidente.

La junta de tratamiento de la prisión de Sevilla-I también ha reclamado a la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra que le remita la “liquidación” de la condena de cada uno de los cinco condenados, es decir, el tiempo que deben de permanecer en cumplimiento de la condena de 15 años impuesta, una vez descontados los casi dos años que pasaron en prisión preventiva, entre julio de 2016, cuando fueron arrestados por la agresión sexual a la chica de 18 años en las fiestas de Sanfermines, y junio de 2018, cuando la Audiencia de Navarra decidió dejarlos en libertad tras haber abonado una fianza de 6.000 euros cada uno. Este tribunal estableció en la primera sentencia de este caso una condena de nueve años de prisión para cada uno por un delito continuado de abusos sexuales con prevalimiento.

Tan sólo unos meses más tarde, en diciembre de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) confirmó el criterio de la Audiencia de Navarra y mantuvo la condena de nueve años a la Manada.

Sin embargo, el pasado 21 de junio, el Tribunal Supremo sentenció que La Manada no abusó de la chica en los Sanfermines, sino que la violó, por lo que endureció la condena hasta los 15 años de prisión para cada uno por un delito continuado de agresión sexual y, en el caso del guardia civil Antonio Manuel Guerrero, la pena incluye otros dos años de prisión por un delito de robo con intimidación, por haberle sustraído el teléfono móvil a la víctima.

El Alto Tribunal concluyó que la situación intimidante a la que se vio sometida la víctima hizo que ésta adoptara una “actitud de sometimiento”.