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Lopera reclama al Poder Judicial que abra expediente disciplinario a Alaya

Las declaraciones de la juez sobre el 'Caso Betis'

El ex mandatario bético critica la “gravísima insidia” que ha difundido la juez y cree que si el CGPJ la investiga, podrá “fundamentar y justificar la sibilina acusación” que le ha formulado

Lopera reclama al Poder Judicial que abra expediente disciplinario a Alaya

Manuel Ruiz de Lopera anunció una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y lo ha cumplido, yendo incluso más allá de mostrar su malestar por las manifestaciones de la juez Mercedes Alaya. El ex presidente del Real Betis ha pedido al máximo órgano de gobierno de los jueces que abra un “expediente disciplinario” a la magistrada de la Audiencia de Sevilla, al entender que “sobran las razones” para la apertura de esta investigación que, según el escrito remitido al CGPJ, “dará oportunidad a la magistrada para que fundamente y justifique” su “sibilina acusación, tan extemporánea como grave y dañina”, en alusión a la afirmación de Alaya respecto a que nadie descarta que el Betis pudiera llevar una “contabilidad paralela” en la etapa en la que Lopera estuvo al frente de la entidad.

El ex mandatario bético ha decidido poner en conocimiento del promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ unas afirmaciones de la juez que considera que, por su “improcedencia y gravedad”, fuesen “merecedoras de corrección disciplinaria”. Lopera dice en el escrito, al que tuvo acceso este periódico y que está plagado de epítetos críticos con las manifestaciones realizadas por la juez el pasado 21 de junio a un grupo de periodistas en la Audiencia de Sevilla, que esta última y “sorprendente” afirmación sobre esa supuesta contabilidad oculta, es “radicalmente gratuita e inaceptable”.

Así, explica que “lo que nadie ha cuestionado, planteado o sugerido siquiera –el Ministerio Fiscal, las acusaciones particulares, los peritos judiciales o la propia juez instructora– es que se detectara la más mínima sospecha de la existencia de una contabilidad paralela”, por lo que, nada de esto se investigó, ya que en la causa constan afirmaciones de la Inspección de Hacienda acerca de que las contabilidades eran completas.

Lopera cree que Alaya no debió pronunciarse sobre un caso que aún está vivo, al haberse anunciado un recurso de casación por una de las acusaciones particulares. “Si todo ciudadano debe respetar y acatar las sentencias, doblegando su particular criterio al que dicten los jueces y tribunales, huelga decir lo que cabe esperar de una juez que, además, fue la instructora de la causa”, asevera el ex mandatario del Real Betis.

También critica que Alaya hable sin ni siquiera haber leído la sentencia. “Por si fuera poco, se da la circunstancia de que según la propia manifestación de la magistrada, tres meses después de haber sido dictada, ni siquiera haya leído la sentencia (una extensa resolución de 118 páginas provista de amplios y detallados razonamientos jurídicos) y, aún con ese desconocimiento de los fundamentos esgrimidos por la Sala, se permita desautorizar públicamente su fallo, denota un inaceptable desprecio por el trabajo de sus compañeros magistrados y un gravísimo desdén por los principios esenciales, de orden constitucional, que rigen la Administración de Justicia como pilar esencial del Estado de Derecho”.

Lopera se queja de que la magistrada ha ocasionado un “grave perjuicio” a los en su día encausados y ahora absueltos por la Audiencia de Sevilla del delito de apropiación indebida.

El ex presidente del Betis señala en la queja que, en términos generales, la declaraciones de la juez resultan “inapropiadas” porque fue durante seis años la instructora del caso y como tal “ya se pronunció en su momento mediante los mecanismos que son propios del juez instructor, es decir, mediante autos y providencias, y una vez que esta causa está ajena a su competencia debería observar la elemental prudencia y discreción que le es exigible a los miembros de la Administración de Justicia, sobre todo si han desempeñado un rol protagonista y especialmente si causa se encuentra aún sub iudice”.

Lopera también lamenta que la juez dé “como ciertos” presupuestos que han sido “radicalmente desmentidos en la sentencia absolutoria” dictada en marzo pasado por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla.

En este sentido, el ex presidente del club verdiblanco sostiene que está “expresamente negada y rebatida” la afirmación que realizó Alaya respecto a que durante la instrucción demostró que con la contabilidad oficial “había 25 millones que habían defraudado”, por cuanto esa supuesta defraudación constituyó “el núcleo de la imputación y por tanto el objeto del juicio que durante nueve meses, en más de 30 sesiones, se celebró en la Audiencia Provincial de Sevilla”, por lo que sus declaraciones resultan “verdaderamente inauditas”.

Lopera concluye que la magistrada se “rebela” contra la sentencia de la Audiencia, de la que “no sólo se manifiesta insumisa, ignorando o incluso rebatiendo lo allí dictado, sino que ha esparcido gratuitamente una gravísima insidia” respecto a la gestión que llevó a cabo y que desde luego fue “investigada de manera exhaustiva en la instrucción”.

Lopera dice que tampoco es cierto que él se declarara culpable, al haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones particulares, porque “la sentencia razona extensamente el significado y alcance de la conformidad prestada, que en modo alguno cabe equiparar a una confesión de culpabilidad”.

Por último, el ex presidente del Betis recuerda que la “gravedad de esta declaraciones y su lesivo impacto en su imagen pública”, le llevó a emitir públicamente un escrito, que también fue publicado el pasado 21 de junio por este periódico y en el que ya anunciaba la presentación de la queja ante el CGPJ por unas declaraciones de Alaya que, según dijo entonces, “rozaban la calumnia”.

Ahora hay abiertas unas "diligencias informativas" a la magistrada

De momento, el CGPJ sólo ha abierto unas diligencias informativas a Mercedes Alaya, a raíz de la comunicación realizada por el Consejo Fiscal, que puso en conocimiento del máximo órgano de gobierno de los jueces las críticas realizadas por la juez a la independencia de los fiscales durante una conferencia en el club siglo XXI de Madrid.

También dispone el Consejo del acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) donde se tomó conocimiento de la queja de la junta de jueces de Sevilla y del escrito remitido por el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, imputado en el caso de los ERE, que se sintió “ofendido y perjudicado” y cree que las declaraciones pueden constituir una falta disciplinaria.

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