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La Justicia en Sevilla aún no ha llegado al siglo XXI: armarios y expedientes en los pasillos y sedes “demasiado obsoletas”

Infraestructuras judiciales

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se felicita por el "compromiso" de la Junta con la Ciudad de la Justicia en su memoria de 2023 pero ratifica las “ancestrales deficiencias” de la mayoría de instalaciones

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Un operario durante los trabajos que la Junta encargó en 2023 para radiografiar la Audiencia de Sevilla. / Juan Carlos Vázquez Osuna

Lejos de entrar en el siglo XXI a pesar de que ya ha transcurrido casi un cuarto de centuria, la Justicia en Sevilla continúa impartiéndose en instalaciones “demasiado obsoletas” donde “armarios y expedientes se siguen acumulando en los pasillos”. Es lo que advierte el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su memoria relativa a 2023, presentada recientemente por su presidente, Lorenzo del Río. Para ser sinceros, como admite el propio informe, esa “ancestral deficiencia” no es por desgracia nada novedosa, de ahí lo de “ancestral”, y no daña sólo a la capital sino a toda la comunidad en general. El único matiz distinto a otros años, favorable en este caso, es el inicio de la actividad en la Ciudad de la Justicia, aunque “hasta 2027 como mínimo” no estarán funcionando allí todos los órganos judiciales de la ciudad. Y mientras tanto “quedan años de utilización” de las actuales sedes, “singularmente” la del Prado de San Sebastián, donde el panorama no mejora por mucho que pasen el tiempo y los responsables de las infraestructuras.

Aun siendo un estudio crítico, también es constructivo y el TSJA elogia antes que nada la predisposición de la Junta de Andalucía a pelear un horizonte mejor. Así, por ejemplo, halaga el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que fue presentado el 13 de marzo de 2023 y que prevé una inversión de 1.500 millones de euros “para que la comunidad pueda tener una justicia más moderna y digna” a base de tres tipos de actuaciones: la rehabilitación y las reformas de sedes actuales, mejoras energéticas y la adquisición y/o construcción de nuevas sedes y edificios.

En el caso concreto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, el alto tribunal andaluz considera que “se demostró el nivel de compromiso de la Junta con la compra por 70 millones del Campus de Palmas Altas” para que todos los órganos judiciales estén allí. Ahora bien, una vez “adquiridos los inmuebles”, como recuerda el TSJA, “hasta 2027 como mínimo no se podrá hablar de sede judicial unificada y traslado del resto de unidades judiciales operativas” que ahora mismo están repartidas “en otras zonas de la ciudad”. De momento ya trabajan allí los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de lo Mercantil y se espera para “finales de 2024” el traslado de las jurisdicciones unipersonales, en concreto de los juzgados de Primera Instancia y lo Social.

La consecuencia, por tanto, es que “quedan años de utilización de los edificios actuales, singularmente la sede del Prado de San Sebastián”. Y esas instalaciones son calificadas por el propio Tribunal como “demasiado obsoletas”, más o menos en la línea que mantiene desde hace mucho tiempo. La memoria se centra primero en el edificio de los juzgados, donde conviven todos los de Instrucción más algunos de lo Penal: “Presenta deficiencias y, pese a las reformas, siguen patentes las carencias de unas instalaciones demasiado obsoletas donde, además, se siguen acumulando en los pasillos armarios y expedientes que deberían trasladarse a lugares bien distintos”. La antigüedad y el amontonamiento de papeles son “iguales en el edificio de la Audiencia”, situado justo al lado.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, con la memoria en formato digital. / Miguel Ángel Molina / Efe

Respecto al resto de la provincia, el estado de las sedes judiciales no es mucho mejor pero hay proyectos en marcha para trasladarlas a otros lugares más decentes o directamente erigir nuevos edificios, como ocurrirá en Alcalá de Guadaíra, donde ahora mismo hay “dos sedes físicas distantes entre sí”. “Se nos traslada por la Consejería la posibilidad de construir un nuevo edificio en un solar cedido por el Ayuntamiento”, matiza el TSJA.

En Osuna, los juzgados siguen “instalados provisionalmente en un polígono industrial” y “se está a la espera de una nueva sede judicial”. En concreto se reformará y ampliará el Palacio de los Cepeda, “sede tradicional de los juzgados” en esa localidad.

El informe acaba con Carmona y Marchena, también con “importantes deficiencias”, aunque en el segundo caso la sede se mudará a una nueva en lo que antes era un centro de salud.

Todos estos lamentos del TSJA vienen ya de lejos. “A lo largo de 2023 no podemos cambiar significativamente el contenido de este apartado de la memoria. Andalucía sigue contando con numerosas sedes judiciales que no responden al nivel exigible a un inmueble destinado a la prestación de un servicio público a los ciudadanos y donde desarrollan su actividad profesional funcionarios y trabajadores públicos. La conclusión es, pues, similar y reiterada a la comentada en anualidades anteriores: el deficiente estado general y la dispersión de las sedes judiciales”, dice el presidente. “Es cierto que esa ancestral deficiencia y problemática no puede ser corregida de forma brusca”, admite también, justo antes de advertir de que estará “muy pendiente” de ese Plan de Infraestructuras Judiciales, “sin duda clave para tener una justicia más moderna y digna”.

La Audiencia de Sevilla se sometió a una radiografía

Una de las imágenes que refleja el estado de las sedes judiciales de Sevilla es que la principal de ellas, la Audiencia Provincial, fue objeto de una exhaustiva investigación a finales de 2023 por parte de la Junta de Andalucía, que encargó a la empresa Labrum que radiografiase la fachada para conocer el estado de los cientos de placas que la componen y prevenir posibles desprendimientos. Los trabajos fueron impulsados después de que en junio se cayese buena parte de la faja horizontal que sirve de base al balcón principal del Palacio de Justicia, un edificio que data de 1971. No hubo daños personales, pero desde entonces permanece vallada la parte de la plaza de los Letrados que pasa bajo ese saliente. La faena duró algo más de un mes y contó con un presupuesto de 13.652 euros.

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