Justicia concede la cruz de San Raimundo de Peñafort al abogado sevillano Carlos Sierra
Distinción
El letrado fue director general de la Oficina Judicial y Fiscal de la Junta y actualmente es presidente de la asociación Aljura para la "alfabetización jurídica" de Andalucía
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El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha concedido la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort al abogado Carlos Rodríguez Sierra (Sevilla, 1957), que fue director general de la Oficina Judicial y Fiscal de la Junta de Andalucía en el primer gobierno de Juanma Moreno y actualmente es presidente de la asociación Aljura para la "alfabetización jurídica" de Andalucía.
Carlos Sierra ocupó el cargo de director general de la Oficina Judicial y Fiscal entre 2019 y 2022, en la macroconsejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía que dirigía el líder de Ciudadanos y entonces vicepresidente de la Junta Juan Marín. Entre sus funciones estaban las competencias relacionadas con el personal al servicio de la Administración de Justicia de Andalucía; la organización, supervisión y asistencia de los Institutos de Medicina Legal; la coordinación de la investigación en materia de medicina forense; y la gestión de las medidas relacionadas con la racionalización y mejora de los archivos judiciales de la Junta de Andalucía.
Carlos Sierra tiene una amplia trayectoria profesional y en la misma había defendido al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero -ya fallecido- en numerosas piezas relacionadas con las ayudas individuales de los ERE, aunque no llegó a representar al ex alto cargo en el juicio del denominado "procedimiento específico", en el que fueron condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros ex altos cargos.
Carlos Sierra lleva décadas ejerciendo de abogado penalista en Sevilla, donde ha logrado prestigio entre los profesionales sevillanos. Además de representar a Javier Guerrero, en su cometido profesional ha defendido a Rosalía García Marín, madre del menor conocido como el Cuco en el juicio por el quebrantamiento de la medida cautelar, que terminó con una condena de la madre del joven a pagar una multa.
Además, en sus numerosos años de ejercicio profesional ha ejercido la defensa de diversos procesos penales, muchos de ellos casos contra la salud pública, aunque también ha representado a varios Ayuntamientos de la provincia de Sevilla.
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