La Junta da el título de familia numerosa a un padre y se lo niega a la madre porque no están casados

La Junta de Andalucía ha concedido el título de familia numerosa a un padre y a sus tres hijos, pero se lo ha denegado a la madre, alegando que "no existe vínculo conyugal" entre ambos porque se trata de una pareja de hecho y no de un matrimonio. Los padres, el abogado Luis Ocaña y la fiscal Almudena Millán, han presentado una demanda contra la decisión de la Administración autonómica, al considerar que se ha producido una "arbitrariedad administrativa" y una "discriminación" a la hora de excluir a la madre del título de familia numerosa. Así, cabe preguntarse por qué no se concede el beneficio a ambos progenitores y, en su defecto, por qué se otorga el beneficio al padre y a los tres hijos en lugar de la madre y los tres hijos.

El caso se remonta a abril de 2019 cuando la pareja tuvo su tercer hijo y solicitó a la delegación territorial de la Consejería de Salud y Familias en Sevilla la concesión del título de familia numerosa que contempla la ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. La sorpresa se produjo cuando en octubre de ese mismo año, la delegada provincial de Salud y Familias en Sevilla, Regina Serrano, dictó una resolución en la que estimaba la solicitud de la concesión de dicho título, pero lo hacía sólo para el padre y los tres hijos de la pareja. La madre, quedaba fuera de este beneficio.

La pareja presentó entonces un recurso de alzada contra la decisión de la Junta en el que el padre exponía que la exclusión de su mujer no estaba motivada en la resolución. La Junta rechazó el recurso alegando que según el artículo 2.1 de la ley 40/2003, se entiende por familia numerosa la integrada por uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean o no comunes, pero de acuerdo con el párrafo 3 del artículo 2 se consideran ascendientes "al padre, a la madre o a ambos conjuntamente cuando exista vínculo conyugal y, en su caso, al cónyuge de uno de ellos".

La delegada provincial de Familias señalaba en esa resolución que la documentación aportada acredita que los padres solicitantes son una pareja de hecho, no un matrimonio, y añadía que según el artículo 22 de la ley 5/2002 de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las parejas de hecho "quedan equiparadas al matrimonio en las relaciones jurídicas que puedan establecer con las diversas administraciones públicas de Andalucía en su propio ámbito de competencias, con las únicas limitaciones que puedan resultar impuestas por la aplicación de la normativa estatal, como es el caso de la ley 40/2003". Por todo ello, concluía que en este caso no poder ser considerada cotitular del derecho a la madre, "al no constar vínculo conyugal con el/la ascendiente solicitante", y la resolución dictada "se encuentra ajustada a Derecho".

Los padres han llevado al caso a los tribunales, al presentar un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la delegación de Salud y Familias, al entender que limitar la concesión de este beneficio a aquellos ascendientes unidos por un vínculo conyugal y no "a los que lo están por una relación análoga a la misma", como son las parejas de hecho, "se aparta del objetivo de la ley 40/2003, cuyo propósito principal es aliviar las mayores cargas económicas que soportan las familias formadas por uno o dos ascendientes con tres o más hijos".

En este sentido, considera que "parece claro que excluir a ciertas familias de los beneficios económicos que prevé esta ley por el mero hecho de elegir una u otra forma de unión se produce una discriminación que vulnera el artículo 14 de la Constitución Española". El padre recuerda que la ley de Parejas de Hecho promueve la igualdad de derechos entre las parejas de hecho y los matrimonios, por lo que "es incomprensible que, previendo la ley esta equiparación en múltiples ámbitos -adjudicación de viviendas públicas, beneficios fiscales, etc.- se discrimine sin embargo a las familias no formadas por un matrimonio en la obtención del título de familia numerosa".

Apoyo de la jurisprudencia a las parejas de hecho

El padre añade que la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha avalado que existe una discriminación en la negación de este derecho a las parejas de hecho. En una sentencia de junio de 2019, este Alto Tribunal sostiene que no existe "ninguna razón económica para que se sustraiga del régimen de protección de la familia numerosa a un miembro de ésta -un ascendiente- por el hecho de no estar unido por vínculo conyugal al otro ascendiente y sí por vínculo análogo al conyugal".

En esta sentencia, el tribunal confirma que esta discriminación en base a la elección del modo de unión entre los ascendientes "puede ser lesiva de derechos fundamentales como el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación por motivos ideológicos del artículo 14 de la Constitución Española, así como el artículo 9.2 de la misma, de promoción de la igualdad material que, según argumenta el tribunal, debe llevar al legislador a introducir las medidas correctoras necesarias para que los miembros de las familias numerosas no queden en situación de desventaja en lo que se refiere al acceso a los bienes económicos, culturales y sociales".

El abogado añade que aunque es cierto que el Tribunal Constitucional ha avalado que el legislador pueda introducir diferencias de trato entre las uniones matrimoniales y las uniones de hecho, el Alto Tribunal exige igualmente que "para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato es necesario que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos". En suma, añade, el principio de igualdad en la ley no sólo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también que "supere un juicio de proporcionalidad sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida", según una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013.

En este caso, el abogado Luis Ocaña considera que la diferencia de trato entre la unión matrimonial y la de hecho no es proporcional, por cuanto dicha distinción "merma claramente la finalidad protectora y compensatoria de la ley 40/2003", por lo que no se trata de una diferencia de trato legítima y amparada por el artículo 14 de la Constitución, sino ante una "discriminación que perjudica irracionalmente a aquellas familias que hayan elegido entre unirse en un modo distinto al matrimonio convencional".

La forma en la que se omite a la madre, concluye el demandante, constituye "un ejercicio de arbitrariedad administrativa, por cuanto de facto se desestima su pretensión sin que ello esté acompañado de la motivación pertinente, lo que supone una vulneración de los artículos 35 y 53 de la misma ley", dado que a la interesada se le niega su derecho a ser "notificada de una resolución que tiene consecuencias directas sobre ella, impidiéndole así recurrir por sí misma la resolución, limitando gravemente la garantía impuesta por el artículo 112 de la ley39/2015".