La Junta pide el archivo de una ayuda de los ERE de más de 700.000 euros

La acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía en el caso de los ERE ha pedido al juez de refuerzo del juzgado Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que archive una de las piezas por las ayudas de 705.385,56 euros concedidos a la empresa cordobesa Peninsular del Latón, al considerar que de los hechos que pudieran ser constitutivos de delito "no son autores" los tres acusados en esta causa: el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera, el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín y el director general de Penínsular del Latón Cristóbal Alcaide Ariza.

En un escrito remitido al jugado el pasado 2 de febrero, al que ha tenido acceso este periódico, los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía piden el archivo porque consideran que "el ilícito penal sólo podría predicarse del procedimiento específico conforme al cual se otorgaron y abonaron las ayudas, y dicha actuación no es imputable a los encausados, habiendo sido objeto de enjuiciamiento en otras actuaciones, siendo así que los responsables han sido excluidos del presente procedimiento", asegura en relación al juicio de la denominada "pieza política" de los ERE, en el que fueron condenados 19 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Los servicios jurídicos realizan en el escrito unas relevantes consideraciones en relación a la responsabilidad civil derivada de esta pieza de los ERE y al pago de esos 705.385,56 euros por parte de la Administración andaluza para financiar el ERE de esta empresa de 2007, que benefició a 18 trabajadores. "Dado que los beneficiarios han sido los ex trabajadores de Peninsular del Latón y estas personas no han sido llamadas al presente procedimiento de acuerdo con la doctrina mantenida por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, confirmada por la Sección Séptima de la audiencia de Sevilla y según la cual no es posible llamar al procedimiento en calidad de responsables penales o civiles a quienes, habiendo sido afectados por un ERE, han sido beneficiados legítimos de una póliza, no es procedente traerlos al procedimiento en concepto de responsables civiles directos en su condición de partícipes a título lucrativo".

En el escrito, la Junta recuerda que en esta póliza no se han detectado ningún "intruso", personas acogidas a la misma que no han trabajado para la empresa, y apunta igualmente que estas "ayudas sociolaborales" no han sido objeto de fiscalización por la Cámara de Cuentas de Andalucía, ni se encuentran incluidas en el decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de regularización de las ayudas de los ERE que se llevó a cabo después de saltar el escándalo de los ERE.

Frente a la postura de la Junta de Andalucía, que no debe olvidarse ejerce la acusación particular como perjudicada por los delitos investigados, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que ejerce el Partido Popular -formación que lidera el presidente de la Junta Juanma Moreno y gobierna la comunidad en coalición con Ciudadanos- sí que consideran responsables de los delitos investigados a las tres personas procesadas: el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín y el director general de Peninsular del Latón Cristóbal Alcaide Ariza.

En los escritos de calificación provisional, Anticorrupción y el PP atribuyen a estas tres personas -una vez excluidos los ex altos cargos que fueron enjuiciados en el procedimiento específico- un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación y reclaman una condena de cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación para Daniel Alberto Rivera; y seis años y seis meses de cárcel y otros nueve años de inhabilitación para Antonio Albarracín y Cristóbal Alcaide.

El gobierno de Juanma Moreno ha pagado más de 33 millones de ayudas de los ERE

Una de los principales paradojas que se han mantenido en el caso de los ERE, incluso después de la primera sentencia condenatoria, consiste en que si las ayudas son absolutamente ilegales y se concedieron con un procedimiento irregular, por qué se han seguido pagando en la actualidad, en primer lugar, y por qué no han sido traídos a los procedimientos a los más de 6.000 trabajadores que durante todos estos años se han beneficiado de estas ayudas a la prejubilación. Nadie ha dado respuesta a esta incongruencia, la Justicia tampoco.

Y de hecho, muchas de estas ayudas continúan en la actualidad abonándose por parte del Gobierno PP-Cs, a pesar de que el PP ejerce la acción popular en todas y cada una de las piezas de los ERE, donde reclama la devolución del dinero. La Consejería de Empleo ha reconocido recientemente en una repuesta a los diputados socialistas Noelia Ruiz Castro y Juan José Martín Arcos, que el Gobierno de Juanma Moreno entre los años 2019 y 2020 ha financiado primas por un importe total de 33.431.831,62 euros en el marco del mencionado decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias y agentes en materia de protección sociolaboral a ex trabajadores y ex trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis. Y estas ayudas se han seguido pagando a 804 trabajadores.

En cuanto a las previsiones de pago para los próximos ejercicios, la Consejería de Empleo señala en la respuesta que no es posible determinar una cuantía, entre otros motivos, porque "de las primas pendientes de financiar por la Junta, que se corresponden con las pólizas que queda por notar, ya sabemos, porque la propuesta económica planteada por la propia aseguradora así lo recoge, que se reconoce un saldo a favor de la Junta", es decir, "que se ha abonado más del coste real de la prima pendiente de financiar, por lo que, cuando sean abonadas, una vez aplicados los requisitos del decreto-ley, así como los correspondientes intereses de demora por la tardanza en la novación, podremos saber si hay algún importe pendiente de financiar".

Este decreto, que se dictó en el año 2012 una vez que se inició la investigación judicial del caso de los ERE y aparecieron los primeros intrusos, vino a regularizar el pago de las ayudas y, según la respuesta dada ahora por el Gobierno de Populares y Ciudadanos, "tenía por objeto la regulación de las ayudas sociolaborales a favor de ex trabajadores que en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía se vieron afectados por determinados procesos de reestructuración de empresas".