Juicio a seis personas por explotar laboralmente a mujeres nicaragüenses en Bilbao y Sevilla

Salir de tu país de origen con la promesa de un futuro mejor es un sueño que, en ocasiones, se convierte en una auténtica pesadilla. Al menos siete mujeres nicaragüenses fueron, presuntamente engañadas por seis personas que serán juzgadas a partir del próximo 20 de septiembre en la Audiencia Provincial de Sevilla. Según el escrito de la Fiscalía, la organización estaba compuesta por tres personas de origen nicaragüense, dos españolas y una peruana y operaba en Sevilla y Bilbao. El Ministerio Público solicita 12 años de prisión para dos de los miembros de la red, que se encuentran en prisión provisional, y 8 años y 6 meses para los otros cuatro.

El escrito de acusación imputa a los acusados un delito continuado de tráfico ilícito de migrantes en su modalidad de ayuda a la entrada y permanencia, un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral agravado por pertenencia a organización criminal y un delito contra los derechos de los trabajadores. En concepto de responsabilidad civil solicita que los acusados indemnicen a cada una de las siete víctimas con cantidades que van desde los 8.000 y 15.000 euros, además de la prohibición de contactar o acercarse a ellas por un periodo de 10 años.

El Ministerio Público señala que a la cabeza de la organización había dos mujeres, Virgina J. G. P. y Enma P. C. Los testimonios recogidos en el escrito de la Fiscalía de estas mujeres víctimas de esta explotación laboral, que son testigos protegidos, recogen parte del calvario que vivieron. En estos relatos hay desde retirada del pasaporte por parte de una de las presuntas cabecillas hasta varios intentos de agresión sexual por parte de otros miembros de la organización. Las condiciones del domicilio en la que las obligaban a vivir no eran mejores, según la Fiscalía, puesto que una de las víctimas explicó que 14 chicas compartían 3 habitaciones, por lo que algunas dormían en el suelo. Todo esto se suma a que las mujeres recibían una ínfima parte, o en ocasiones nada, del sueldo recibido por el trabajo realizado, además de contraer importantes deudas con las personas de la organización por haberlas traido hasta España.

Según la Fiscalía, los hechos se produjeron entre octubre de 2018 y noviembre de 2019. Fue entonces cuando los acusados fueron detenidos en una operación realizada por el Grupo III de la UCRIF de Sevilla. Presuntamente, la organización criminal captaba a las mujeres en su país de origen, Nicaragua, y también a otras que ya estaban en España con la intención de explotarlas laboralmente, bajo la falsa promesa de un trabajo digno y bien remunerado en el servicio doméstico, asumiendo los gastos de su viaje a España y simulando su entrada como turistas por el aeropuerto de Bilbao para trasladarlas posteriormente a Sevilla.

Una vez en España, se les comunicaba que habían contraído una deuda que oscilaba entre los 3.500 euros y los 7.000 euros, un importe muy superior al coste del desplazamiento, y que debían de abonar trabajando en los empleos que les buscaban en el servicio doméstico y en el cuidado de personas mayores. Como garantía de la deuda debían entregar escrituras de propiedades que ellas o sus familiares más cercanos poseían en Nicaragua.

Las alojaban en condiciones de hacinamiento en pisos de las Tres Mil Viviendas y del Cerro del Águila y se las obligaba a pagar alquileres desorbitados, de unos 100 euros al mes en habitaciones compartidas con otras mujeres, aunque solo pernoctaran en ellos un día a la semana, llegando a haber hasta 15 mujeres en pisos de tres habitaciones, según recoge el escrito de acusación. También tenían que pagar a la organización unos 10 euros por ayudarlas a insertar anuncios de empleo en páginas web gratuitas o por trasladarlas a los domicilios donde les habían conseguido trabajo, entre 30 y 50 euros. Eran ellos quienes negociaban el salario y las condiciones con los empleadores y se quedaban con un porcentaje de su sueldo y, en algunos casos, con la totalidad.

Los acusados las amenazaban, en caso de no aceptar estas condiciones, con denunciar ante las autoridades su situación irregular en España para que fueran expulsadas a Nicaragua, señala el escrito fiscal.