Una defensa pide una sentencia "jurídica, no política" que no sea un "cambalache" con la Gürtel

La defensa del ex viceconsejero de Innovación de la Junta Jesús María Rodríguez Román ha pedido este lunes al tribunal que enjuicia el procedimiento específico de los ERE que dicte una "sentencia jurídica, no política", que no se convierta en un "trueque ni un cambalache" con la condena al PP en el caso de la Gürtel.

El abogado José Manuel García-Quílez, que defiende a Jesús María Rodríguez Román, ha asegurado en su informe que comparte las afirmaciones que en su día hizo el ex Presidente la Junta Manuel Chaves respecto a que el caso de los ERE es culpa de "cuatro golfos", aunque el letrado ha dicho que es posible que esos golfos fuesen "más de cuatro" y a su juicio serán "enjuiciados en las numeras piezas" separadas que se todavía se instruyen en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, citando los casos de los denominados intrusos o los intermediarios de las pólizas y las empresas, entre otros.

El letrado ha lamentado que el juzgado hiciera una "causa ingobernable" en la que "no bastaba con enjuiciar a los presuntos golfos", sino también "a los políticos que han permitido el mangazo", ha aseverado García-Quílez, quien ha añadido que los 21 ex altos cargos que actualmente se sientan en el banquillo ya han sido "condenados públicamente, sacrificados políticamente, excluidos de las listas electorales y de los cargos".

Para el letrado, el juicio a estos políticos se ha convertido "en un juicio político" que ha enmarcado en la "lamentable tendencia a la judicialización de la política", donde se intenta obtener en los tribunales "lo que no se ha podido lograr en un pleno municipal o en el Parlamento" y convertir a los jueces en "árbitros de la lucha política".

El letrado ha recordado las palabras del periodista Luis María Ansón cuando se refirió a que tuvo que producirse un "linchamiento mediático" de Felipe González para que no volviese a ganar las elecciones y ha señalado que en algunos medios ya se plantea la cuestión sobre "cuántas causas penales necesita Andalucía para que el PSOE no gobierne".

También ha dicho que "algo parecido sucedió en el Ayuntamiento de Sevilla" cuando se estableció la "consigna clara de atacar al alcalde más longevo de Sevilla", en alusión a Alfredo Sánchez Monteseirín y a los escándalos relacionados durante su etapa, como ocurrió con el caso Mercasevilla, que fue a su vez el germen del caso de los ERE.

Una sentencia "justa y jurídica"

Por todo ello, García-Quílez ha pedido al tribunal que dicte una sentencia "no influenciada por motivos políticos", una sentencia "justa, que no dicte una sentencia política, sino una sentencia jurídica". "Hagan ustedes Justicia y olvídense de las consecuencias mediáticas de una sentencia absolutoria", ha solicitado al tribunal. En este punto de su discurso el letrado ha pedido a los magistrados que este proceso no puede ser "un trueque ni un cambalache" con la condena al PP en el caso de la Gürtel. "Aquí no vale eso de que cualquiera es un ladrón", ha concluido el letrado, que también ha defendido que su cliente "no era miembro del club de esos cuantos golfos", como en su momento declaró en el juicio el propio Rodríguez Román, quien dijo que no era de ese club ni tenía la contraseña.

También ha considerado que el ex viceconsejero "ya es un apestado social y su pecado es haber formado parte del Gobierno andaluz".

La defensa ha criticado las "meras fantasías" de la Fiscalía Anticorrupción por las acusaciones realizadas en el juicio de los ERE y ha lamentado que en este juicio se haya hecho una acusación colectiva o coral, incriminando a los ex altos cargos como si actuaran de forma grupal, "como si fueran una manada", como si se tratara de un supuesto similar a lo que sucede en los casos de "riña tumultuaria".

En su informe definitivo, el abogado José Manuel García-Quílez ha señalado que el fiscal sólo dedicó 110 segundos en su exposición final para "resumir 11 años de supuesta actividad delictiva de su cliente", lo que equivale, ha proseguido, a "diez segundos por año" de esa presunta actividad delictiva, y "a seis segundos por cada año de condena" que se le solicita, dado que el ex viceconsejero se enfrenta a una petición de ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El letrado ha considerado que este ex alto cargo ha sido acusado únicamente por haber "formado parte del Gobierno andaluz en una determinada época", algo que no puede ser un elemento para su incriminación. "Por mucho que he buscado, no he encontrado este delito en el Código Penal", ha ironizado García-Quílez.

La defensa ha insistido en que se le acusa "sólo por haber ostentado el cargo" y por asistir a una reunión del Consejo Rector de la agencia IDEA, considerándose por las acusaciones que de esta forma "el político de turno delinquió", algo que ha calificado como un "triple salto mortal con tirabuzón pero sin red, ni porteadores ni trapecio" y que en su opinión es una "pirueta judicial más" del Ministerio Fiscal.

En este mismo sentido, ha dicho que otra "cabriola o acrobacia jurídica" del fiscal se ha producido al atribuir a Rodríguez Román conocimiento de "todo lo acaecido en 2004", preguntándose "por qué tenía conocimiento antes de acceder al cargo de viceconsejero de Innovación".

La acusación en este proceso, ha concluido, está basada en "interpretaciones, sospechas, elucubraciones, hipótesis que conducen al absurdo".

La defensa también ha reprochado en su informe que los peritos de auxilio judicial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se han convertido en este proceso en "juzgadores" de los acusados, extralimitándose a su juicio de las funciones encomendadas a un perito, y así ha llamado la atención sobre la "visceralidad acusatoria" mostrada por el portavoz de los peritos de la IGAE, Ángel Turrión.