La Inspección del Poder Judicial avala rotundamente la labor de la juez Bolaños

Un aval rotundo a la labor de la juez María Núñez Bolaños en los últimos cuatro años y un serio varapalo para la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la magistrada. La inspección realizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, a raíz de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción -que acusó a la magistrada de llevar a una situación de "parálisis" a las macrocausas como la de los ERE-, ha concluido que las posibles paralizaciones o retrasos en "algunas de las piezas", valorando la carga de trabajo y el número de procedimientos en trámite de manera simultánea, "no se deben a la inacción ni a la falta de actividad procesal o de impulso general en labor de la oficina judicial o de la magistrada instructora".

La culpa está, según el informe del máximo órgano de gobierno de los jueces al que ha tenido acceso este periódico, en el elevado número de recursos presentados por las partes, entre ellos la Fiscalía Anticorrupción, y que han hecho que la "principal actividad procesal" haya consistido en la resolución de asuntos sobre la exclusión de los ex altos cargos juzgadosen la denominada "pieza política" de los ERE.

Frente a esa acusación de parálisis que denunciaba la Fiscalía, los inspectores llegan a una conclusión que la refuta por completo, al afirmar que cuando se produjo la visita de la inspección, en octubre de 2019, "estaba concluida la instrucción de la gran mayoría de las diligencias previas examinadas y por lo tanto a expensas del dictado de algunas de las resoluciones del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal [en alusión al dictado del auto de sobreseimiento o de continuación del procedimiento], o pendiente de diligencias señaladas en la presente anualidad".

La inspección de los hombres de negro del Consejo General del Poder Judicial hombres de negrose desarrolló durante ocho intensos días en octubre del año pasado y estuvo dirigida por los magistrados Francisco Segura y Juan Francisco López Sarabia, quienes han emitido un extenso informe de 402 folios en los que destacan la labor realizada por la juez María Núñez Bolaños desde que asumió el juzgado de las macrocausas en el año 2015 y procedió a la división de la causa de los ERE en casi 200 piezas.

En las conclusiones, los inspectores no dudan en "reconocer el trabajo realizado tanto en la actividad resolutoria del juzgado como en la documentación,estructuración, organización y control de las macrocausas, lo que ha facilitado su inspección de una forma sistemática y organizada".

"Un esfuerzo plausible" en la división y estructuración de las macrocausas

En este sentido, los inspectores reconocen que adoptar esas "decisiones y ejecutar las acciones necesarias en una causa de la envergadura y complejidad" de las diligencias previas 174/11 -la macrocausa de los ERE-, desde la incoación de la causa principal hasta el momento en que en 2015 se dispuso la apertura de piezas, su ordenación, estructura y control, ha supuesto, "como así reconoce y ha comprobado la unidad inspectora, un trabajo y un esfuerzo plausible que unido a la instrucción de las mismas ha permitido, en el momento de la visita de inspección, examinar unas causas procesalmente susceptibles de ser enjuiciadas".

Concluyen asimismo los inspectores que los escritos, peticiones de las partes, diligencias, actos de comunicación, trámites procesales y el impulso del proceso se realizan en unos "plazos razonables" en relación a la carga de trabajo derivada de la instrucción, así como el que "soporta la oficina judicial como consecuencia del trámite conjunto y simultáneo de la causa principal y del resto de piezas separadas abiertas".

"Profundas discrepancias" con las partes, sobre todo la Fiscalía

Los magistrados que han realizado la inspección atribuyen el posible retraso en la instrucción de algunas de las piezas al elevado número de recursos y en este sentido destacan especialmente los presentados por la Fiscalía Anticorrupción contra la exclusión de los ex altos cargos juzgados en el denominado “procedimiento específico” de los ERE en el resto de las piezas separadas abiertas. "Desde el primer momento han existido profundas discrepancias entre la magistrada instructora y las partes procesales, fundamentalmente la acusación pública, en torno a la delimitación subjetiva de los diferentes procedimiento derivados de las iniciales diligencias previas 174/11", señala la Inspección del Poder Judicial, que añade que "estas discrepancias se han traducido en que la principal actividad procesal desplegada a lo largo de la instrucción haya consistido, fundamentalmente, en la resolución de los numerosos escritos en los que se solicitaba la inclusión o la exclusión de los investigados en cada una de las causas, así como de los innumerables recursos derivados de estas peticiones".

Los recursos “lastran seriamente” el proceso

El elevado número de recursos "en cada una de las causas analizadas" es la conclusión principal de la demora a la que han llegado los inspectores, porque "su tramitación, con el consiguiente traslado a cada una de las partes personadas, que en algunos casos superaba la decena, ha lastrado seriamente todo el trámite procesal". Y esta situación, prosigue el informe de los inspectores, se ha visto agravada por la interposición, contra una misma resolución, de diferentes tipos de recurso (devolutivos en algunos casos y no devolutivos en otros) o ante la impugnación consecutiva de varias resoluciones por las distintas partes procesales.

Esos recursos contra las decisiones de la juez Bolaños acababan en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde "la mayoría de la resoluciones impugnadas han sido confirmadas", precisan los inspectores, que vuelven a insistir en cómo la situación se complicaba nuevamente como en un bucle: "En algunos casos, el Ministerio Fiscal volvía a reproducir ante el juzgado de Instrucción la misma pretensión que previamente ya había sido resuelta, aunque con fundamento en el criterio mantenido por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla [que juzgó a los ex altos cargos por el procedimiento específico], dando con ello a una nueva sucesión de resoluciones: la primera resolución denegando aquella petición, y frente a ella interponiendo recurso de reforma y contra el auto desestimándolo, recurso de apelación, que fueron de nuevo desestimados por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla”.

De otro lado, los inspectores señalan que algunas de las demoras observadas en la tramitación de las peticiones o recursos interesados por la Fiscalía Anticorrupción "se resolvieron inmediatamente después al momento en el que fueron reiteradas, lo que evidencia una capacidad de reacción adecuada ante una incorrecta tramitación procesal".

De la misma forma, el informe reconoce que en algunos casos ha existido un "retraso en el dictado del auto de investigación, tras la incoación de las diligencias previas, fundamentalmente referidas a las anualidades de 2016 y 2017". Estas diligencias, continúa, se incoaban mediante una “resolución estereotipada, un auto genérico , posteriormente, en cada una de las incoadas, se ha dictado un auto de investigación concreto, justificado e individualizado acordando diligencias de investigación y señalando fechas para la declaración de los investigados”. Los inspectores concluyen, no obstante, que durante este periodo "continuaban tramitándose otras piezas incoadas en el año 2014 y 2015, alguna de ellas de especial complejidad (ejemplo caso avales, curso de formación, Ojeda, Juan Lanzas, Santana Motor)", es decir, vuelven a justificar la actuación de la instructora ante el volumen y complejidad de las investigaciones.

Innumerables solicitudes de sobreseimiento

"Ha sido arduo el número de incidentes procesales que se han producido ante las denominadas exclusiones de los investigados en las distintas piezas, que exigían una respuesta justificada por parte de la magistrada que, sin solución de continuidad, eran impugnadas bien por parte del Ministerio Fiscal o acusaciones o bien por los investigados en caso de denegación, y que generalmente eran confirmadas por la Sección Séptima de la Audiencia”, asevera otra de la conclusiones, entre las que también se cita las "innumerables solicitudes de sobreseimiento de forma escalonada por parte de las personas investigada, y peticiones de diligencias de investigación interesadas por las partes que exigía una respuesta justificada a sus pretensiones", lo que se traduce en más trabajo para la instructora.

En cuanto a los señalamientos de las declaraciones de los investigados, concluyen los inspectores en que no se ha observado con carácter general que "se hayan producido desvíos alarmantes a tenor del número de investigados y testigos que han comparecido a lo largo de estos últimos años".

Todas estas conclusiones del extenso informe llevan a los inspectores a poner de manifiesto que “a la vista de la carga de trabajo y complejidad de los asuntos que se tramitan en el juzgado, la situación de baja de la magistrada titular del órgano, es preciso y necesario mantener las medidas de refuerzo del órgano” -que cuenta con un juez de apoyo y una letrada de la Administración de Justicia también de refuerzo- para "atender la tramitación ordinaria del juzgado y procedimientos de especial complejidad derivados de las diligencias previas 174/11 hasta lograr su normalización".

Por último, los inspectores subrayan la “excelente predisposición a la labor inspectora” de la juez María Núñez Bolaños, del magistrado de apoyo, José Ignacio Vilaplana, de las dos letradas de la Administración de Justicia Teresa León y Cecilia Cano y del personal componente de la oficina judicial. Sobre la juez, recuerdan que estaba de baja en aquel momento y a pesar de ello acudió al juzgado y "participó de forma muy positiva en las entrevistas que mantuvo la unidad inspectora con el magistrado de apoyo y las letradas de la administración de Justicia".