La Guardia Civil asegura que no había "ningún papel" en la ayuda de la Junta a Los Palacios para hacer un centro ecuestre

La Guardia Civil ha confirmado este miércoles en la Audiencia de Sevilla que no encontró "ningún papel" relacionado con la ayuda de 750.000 euros que el Ayuntamiento de Los Palacios recibió de la Junta de Andalucía entre 2003 y 2005 para montar un centro ecuestre en la zona del Corredero del Palmar. Con "ningún papel" se referían los dos agentes que han comparecido ante la Sección Primera a que no existió ninguna solicitud de ayuda ni resolución de concesión de esos fondos, en línea con lo que mantiene la Fiscalía Anticorrupción. Por estos hechos, la acusación pública pide seis años de cárcel para los entonces alcaldes, los socialistas Emilio Amuedo y Antonio Maestre, y la interventora municipal, que lo sigue siendo.

"Era obvio que habían fallado los mecanismos", ha asegurado el primer agente, para quien era indiferente que en el extracto de una de las transferencias realizadas desde el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) al Consistorio, en concreto de 200.000 euros en febrero de 2005, no se concretase en el concepto del abono más que "ayudas al Ayuntamiento". "Queda claro que esas partidas eran para subvenciones. En el Ayuntamiento estaba claro que esos 200.000 euros eran para un centro ecuestre", ha insistido.

Según este testigo, la propia interventora defendió durante la investigación que ella "preguntaba año tras año al alcalde si el proyecto seguía adelante y se prorrogaba la subvención o si devolvía el dinero". Su compañera, la secretaria del atestado de esta investigación, ha corroborado ese relato: "La interventora recordaba continuamente al alcalde que no estaba destinando la subvención al centro ecuestre y el alcalde hacía caso omiso. Ella nos dijo que le insistía en ese sentido", ha contado.

Ese alcalde en concreto, que ya era Maestre, reconoció el martes que destinó esas partidas a "gasto público" y "al día a día" del municipio, aunque se escudó precisamente en el hecho de que las dos transferencias que se ingresaron durante su mandato, esa de 200.000 euros y otra posterior de 500.000, no detallaban en el concepto que fuesen para esa instalación vinculada al mundo del caballo.

A pesar de los requerimientos de la interventora, la alcaldía no ejecutó la obra. "Como no había ningún papel, eso quedaba a su libre albedrío", ha llegado a afirmar el primer agente, que también ha sido preguntado por otro de los argumentos de las defensas: que el dinero acabó en una caja única del Consistorio, no en una cuenta individual para ese proyecto. "No veo lógico que un dinero que se concede para un fin concreto vaya a la caja única. Debió ir a una cuenta específica. La interventora debería haber puesto un reparo a eso. Esa es mi opinión", ha matizado antes de ir más allá y reconocer que "el punto de vista" de esa empleada municipal "no es vinculante".

El primer testigo, porque la segunda casi no recordaba nada del caso, también ha recordado que el primer ingreso, de 50.000 euros en 2004 (cuando el primer edil era Amuedo), hubo "un encargo inicial" a un arquitecto para que emitiese un informe topográfico. La diatriba es que en 2001 ya había encargado el mismo trabajo a otro arquitecto (este así lo ha reconocido ante el tribunal porque también ha declarado como testigo) y, comparado con lo que se gastó tres años después, "había una sustancial diferencia en la facturación".