La Guardia Civil completa la declaración de los 84 trabajadores de la FAFFE investigados

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene previsto este jueves completar la declaración de los 84 trabajadores de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en el marco de las presuntar irregularidades relacionadas con esta sociedad, después de que el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ordenara recientemente a esa unidad la investigación de la contratación de estas personas.

Según han explicado a este periódico fuentes del caso, entre el pasado martes y este jueves, la Guardia Civil ha citado a declarar a estas 84 personas, todas ellas en calidad de investigadas y con la necesaria presencia de abogado. Muchos de los ex empleados de la Faffe, entre los que figuran alcaldes socialistas y familiares de alcaldes o dirigentes del PSOE, se han acogido ya a su derecho constitucional a no declarar, han indicado las mismas fuentes.

Este es el caso de la mujer del secretario general de los socialistas andaluces y candidato a la presidencia de la Junta, Juan Espadas, quien fue una de las primeras personas citadas a declarar el pasado martes en las dependencias de la Guardia Civil. El abogado José Manuel García-Quílez, que representa a la mujer de Espadas, ha explicado a este periódico que Carmen Ibanco se acogió a su derecho a no declarar porque "no sabe cuál es la imputación" y desconoce la investigación judicial abierta.

El letrado ha añadido que la mujer de Espadas "mostró su colaboración" con los agentes y con la investigación judicial, y está dispuesta a aclarar los extremos relacionados con su paso por la extinta Fundación una vez que se persone en la causa judicial, algo que ya ha solicitado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y está actualmente a la espera de que se admita.

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana acordó en un auto dictado el pasado 13 de enero, encomendar a la UCO de la Guardia Civil que investigue la contratación de estas 84 personas, para lo cual ha ordenado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que, "a la mayor brevedad posible", facilite a los agentes de la Guardia Civil la documentación e información relacionada con la contratación de estas personas.

En concreto, el juez ordenó al SAE que "informe sobre la identificación de las personas que, de las relacionadas en la lista de 84 sujetos, hubieran sido contratadas por la FAFFE para el desempeño de puestos directivos y de puestos de técnicos de nivel E; con indicación de los períodos de tiempo durante los cuales estuvo cada una de ellas contratada por la FAFFE, con especial indicación de las fechas en que se produjeron las contrataciones y las fechas de inicio de prestación de los servicios, en su caso".

El instructor también solicitó al SAE que de estas 84 personas se aporte información sobre el "registro de control horario de los puestos de dirección y de Técnicos de Nivel E de la Faffe durante los ejercicios 2007 a 2011", de las "candidaturas presentadas respecto de los puestos de Técnico de nivel E – Directivo de la Faffe, de las convocatorias de 2006 y 2007", todo ello con la finalidad de "poder determinar el motivo por el que fueron seleccionadas las candidaturas de las personas incluidas en la lista de 84 sujetos, respecto de otras candidaturas existentes en el proceso de selección".

Correos electrónicos y comunicaciones

El juez Vilaplana acordó igualmente incorporar a esta causa los correos electrónicos y comunicaciones obrantes en un disco duro facilitado por el Servicio Andaluz de Empleo y la "completa investigación" encomendada a la UCO -Grupo de delincuencia económica de la jefatura de Policía judicial de la Guardia Civil-.

Dice el juez que hay además diligencia que "no habrían podido practicarse -ni valorar adecuadamente su procedencia- con anterioridad, teniendo en cuenta la complejidad de la investigación objeto de las presentes actuaciones y la grave carga jurisdiccional que pesa sobre este órgano judicial, de modo que que pese a la decidida voluntad por parte de este juzgado de conseguir la mayor agilidad y eficacia de la instrucción de las denominadas macrocausas (ERE, Formación, Avales, Faffe, etc.), su elevado número como su complejidad sustantiva y procesal, necesariamente han de comportar ciertas limitaciones en orden a conseguir aquél objetivo".