La Guardia Civil muestra las imágenes de los registros de Magrudis

La Guardia Civil ha concluido la investigación abierta por el brote de listeriosis que ha provocado tres muertes y siete abortos, y lo ha hecho con un total de ocho personas investigadas, de los cuales seis fueron detenidos, y dos de ellos, el propietario de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y su hijo Sandro José Rodríguez se encuentran en prisión provisional desde el pasado 26 de septiembre. Hasta el momento, el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que instruye la causa, sólo ha tomado declaración como investigada a seis personas: el propietario de Magrudis, su mujer, sus dos hijos, su cuñada y un comercial de la empresa.

La investigación realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en coordinación con Europol, ha determinado que los responsables de las empresas implicadas conocían la presencia de la listeria en sus productos a través de un lote envasado el 20 de diciembre de 2018, aunque los análisis que confirmaron el positivo no se hicieron hasta febrero de 2019.

En cualquier caso, la Guardia Civil concluye que los responsables de la empresa no informaron a las autoridades competentes de este resultado. Tampoco ha quedado acreditada la retirada de estos productos afectados, ni su destrucción. Este primer lote sería la causa de varios episodios de intoxicación en la provincia de Huelva, entre ellas los asistentes a un bautizo.

La información recabada en los registros -de las empresas familiares y de los domicilios- confirmó esta hipótesis y amplió la investigación con la aparición de nuevos indicios. El número de investigados aumentó entonces a ocho. Hay intervenidas un total de 17 toneladas de productos que están siendo incinerados en una cementera de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Del análisis inicial de la alerta sanitaria, se comprobó que el primer brote de intoxicación se produjo el 5 de agosto de este año en la provincia de Sevilla, aunque los primeros positivos de listeria no se detectaron hasta el 20 de agosto.

Iniciada la investigación, los guardias civiles del Seprona analizaron aspectos como la trazabilidad, elaboración, lote, registro sanitario o fecha de caducidad, y observaron que la alerta sanitaria corresponde con los productos cárnicos de la empresa investigada. Los responsables de esta empresa ocultaron que elaboraban y envasaban productos de marca blanca para otra empresa, que ésta última comercializaba como propios.

Uno de los aspectos fundamentales de la investigación ha sido el estudio realizado por personal técnico del Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III de Majadahonda (Madrid), sobre la cepa generadora del brote. Este informe vincula la cepa encontrada en las instalaciones investigadas con los productos elaborados y las 193 personas intoxicadas.

En este contexto, la Jefatura del Seprona participa como punto de contacto nacional dentro de la Red Europea de Fraude Alimentario, gestionada a nivel nacional por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Intoxicados en Alemania y Francia

Aunque la actividad de las empresas investigadas se centraba en España, cuatro miembros de una familia alemana resultaron intoxicados, al igual que un ciudadano de nacionalidad inglesa que se encontraba en Francia.

Al existir estas conexiones internacionales, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de Europol en los registros domiciliarios, así como en el análisis de las comunicaciones.